DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas
Los tratados de libre comercio, los altos costos de insumos y también las deudas bancarizadas hacen crítica la situación del campesinado en la región.
La Ley 2183, que fue sancionada por el presidente Iván Duque el pasado 6 de enero de 2022, llega en un momento en el que los insumos agropecuarios presentan precios altos, con alzas desbordadas durante el último año, debido a factores como la tasa de cambio, la escasez de contenedores y los precios del petróleo, entre otros.
Según lo establecido en la ley, el arancel para las importaciones de insumos agropecuarios queda en el 0% por un año, con el fin de disminuir los costos y mejorar la rentabilidad de los campesinos y productores colombianos. Luego de dicho tiempo los resultados se evaluarán para extender el tiempo. Así mismo la ley de insumos agropecuarios, contempla la creación de un fondo para beneficiar a medianos y pequeños productores. También promueve el uso de abonos y fertilizantes amigables con el medio ambiente, entre otros asuntos.
De esta manera, el Gobierno Nacional la anuncia como la ley con la que se busca dar un alivio a los costos de los productores del campo.
No obstante, según Ricardo López, representante de Dignidad Agropecuaria y presidente de la organización nacional campesina Asembrar, esta no era la solución que el sector campesino esperaba.
“Nosotros esperábamos al menos la concertación con el Gobierno nacional previniendo precisamente esta situación. Ante esta situación de los productores del campo afectados por los altos costos de los agroinsumos, le atañe al Gobierno Nacional y al Congreso de la República es tramitar una la ley que metiese en cintura a todas las multinacionales que son las finalmente traen esos productos al país”, indicó.
Mencionó que hoy los cafeteros están gozando de un precio “estable”, pero los costos de producción están alrededor de 1.800.000, sin contar la mano de obra. “En el incremento del salario mínimo para los colombianos, el trabajador campesino, el jornalero no entra en esas condiciones, hoy tenemos jornales a 50 y hasta 60 mil pesos en algunas zonas del departamento, esto incrementa los costos de producción. Y algunos cafeteros pequeños enfrentan también la vicisitud del alto costo en los alimentos de la canasta familiar como la carne, el chocolate, el aceite. Esto también ha llevado a que muchos productores de arroz dejen de cultivar el grano porque no es una actividad rentable debido a los altos costos de producción”.
Añadió que en la ley de agroinsumos no hay ningún representante de los productores, que son los directamente afectados. “Le ofrecen a la gente una especie de subsidio de 110 mil pesos por hectárea, una cosa irrisoria. Cuando uno va a comprar abono hoy en día está costando 230 mil pesos por bulto. Y si usted mira el presupuesto para el agro en la presente legislatura, es de un presupuesto nefasto para un país que sigue siendo rural”, aseveró el líder campesino.
“De promesas no vivimos”
Según indicó el representante de Dignidad Agropecuaria, el gobernador Luis Enrique Dussán, les prometió en campaña a los huilenses la construcción de cuatro centrales de mezclas de fertilizantes. “Hoy, que estamos a casi 23 meses de que termine su gestión, es absolutamente imposible que se vaya a cumplir esta promesa. Y eso nos preocupa porque el gobierno anterior dejó tramitada una ordenanza donde se crea el fondo de agroinsumos del departamento del Huila, y tampoco fueron capaz de activarla. Entonces eso lo que está haciendo es empobreciendo mucho más la gente. Hoy tenemos unas vías terciarias destruidas en su mayoría, unas sedes educativas sin conectividad para nuestros niños, hay escuelas en donde el restaurante escolar se cae a pedazos. Esa es la radiografía de una clase dirigente absolutamente divorciada de la realidad del departamento. Se pretende que con los mercados campesinos se va a solucionar esto y verdaderamente es que el gobierno no quiere darle el espacio que merece el campesino”, finalizó Ricardo López.
Aprovechar el alivio de deudas
De otro lado, con la Ley 2071 del 31 de diciembre de 2020, que tiene por objeto adoptar medidas para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de aquellos pequeños y medianos productores del sector agropecuario, de las 34 mil personas que favorece en el Huila, solamente entre el 10 y 15% han logrado acogerse a ese beneficio.
“Reconocemos que el Banco Agrario ha puesto todo de su parte para superar algunos impases que se han presentado, no por política del banco sino por algunos asesores en los municipios que no manejan con certeza la ley como tiene que ser. Y de otro lado, alguna gente desconoce la ley y por eso no se han presentado. Aprovecho este espacio para invitar a aquellas personas que tienen líos que estén vencidos a 30 de noviembre del año 2020, para que se acerquen al banco, para que nos busquen para poder darle la orientación, porque la ley tiene un término y ese término vence en julio de este año, y ese beneficio es llamativo, rebaja de todos los intereses y hasta el 80% del capital”, anunció el dirigente campesino.
El representante del sector campesino recordó acogerse a los beneficios de la Ley 2071 del 31 de diciembre de 2020, para la rebaja de deudas.
