De los asesinatos presentados en el departamento del Huila, en su mayoría, se han registrado en zona rural de la región. Años atrás había crímenes, producto de hechos de intolerancia y ahora en el 2023, este patrón cambio, se presentan homicidios, perpetrados por grupos al margen de la ley.
Ya en la Asamblea Departamental, las Fuerzas Militares, expusieron de manera privada, las estrategias tendientes a mejorar la seguridad en el departamento.
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La ‘ola’ de inseguridad
En cuanto a esta problemática, el diputado Wilfred Trujillo, manifestó. “La preocupación de todos los huilenses es enorme, por la ‘ola’ de inseguridad y terrorismo que se está viendo el departamento. Porque no hace más de tres semanas quemaron un autobús en el municipio de Altamira”.
Asimismo, el funcionario también mencionó que los homicidios también generan preocupación.
Por lo anterior, los comandantes de la Policía y Ejército, expusieron de manera privada ante la Duma, las estrategias a realizar orientadas a devolverles la tranquilidad a los huilenses. “El llamado también es al Gobierno Nacional, para que le ponga los ojos al departamento del Huila, que por más de 40 años ha vivido una historia de terror, y pedimos es que haya tranquilidad, porque si sigue esta problemática se nos va la inversión y el turismo”, añadió el diputado.
Secuestros y asesinatos
Hay que recordar que el domingo 14 del presente año, hombres armados llegaron al balneario la ‘Balastrera’, ubicado en la vía que del centro poblado de Guacacallo conduce al municipio de Pitalito, donde se encontraba el firmante de paz, Jorge Enrique Roa, junto a sus escoltas, Luis Eduardo Sterling y Yilber Osorio, los hombres de seguridad, fueron heridos por los atacantes.
Frente a este compleja situación, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, expresó: “las víctimas se encontraban en un estadero y fueron abordadas por hombres armados, quienes secuestraron al firmante de paz, Jorge Enrique Roa, a sus dos escoltas y a tres civiles, luego los suben a una camioneta y se van del lugar, más adelante dejan a las tres personas”.
Posteriormente, ya en horas de la noche en el cruce entre los municipios de Oporapa y Saladoblanco, los al parecer disidentes, hicieron descender del vehículo a Luis Eduardo Sterling y Yilber Osorio, a quienes habrían torturado y luego los asesinaron.
Ya en horas de la noche del mismo día, en el municipio de La Argentina, fue hallado el cuerpo sin vida del reincorporado.
Por su parte, Daneiro Santamaría, representante de la Partido Comunes en el Huila, expresó: “rechazamos de manera enfática, los hechos ocurridos, donde asesinan a dos escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hacían parte del esquema de seguridad de José Enrique Roa, quien está en proceso de reincorporación”.
Enrique Roa, hacía parte del Partido Comunes e integraba la Asociación de Aspaz y enlace territorial de la Cruz Roja Internacional.
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Tres buses quemados en 2023
Otro de los sectores, que más ha sufrido el tema de las exigencias económicas, es el sector transportador, pues en el transcurso de 2023, tres buses adscritos a la empresa Coomotor, fueron quemados por hombres al parecer pertenecientes a las disidencias de las Farc.
Frente a esta situación, Andrés Mauricio Muñoz, en su momento secretario de Gobierno del Huila, manifestó: “rechazamos, enérgicamente este tipo de actuaciones en contra de la seguridad de todos los huilenses, especialmente de un gremio como el transportador, que viene sufriendo este tipo de acciones y por no ceder a la extorsión, queman los vehículos especialmente de esta empresa afectada”.
Ante lo ocurrido, el secretario pidió al Ejército, mejorar la seguridad, especialmente con el grupo de reacción inmediata que ya se tiene y agregó que esperan más hombres de la misma especialidad.
Por su parte, Armando Cuéllar, gerente de la empresa asediada, expresó: “hemos sido víctimas de actos delincuenciales promovidos por los grupos al margen de la ley y enemigos de la paz en Colombia. Y hacemos un llamado urgente a las Fuerza Pública, a los organismos de control y a las autoridades competentes, para que se involucren activamente en la investigación, destinada a esclarecer los lamentables hechos”.
Y el pasado 12 de enero, hombres a bordo de una motocicleta, habrían dado información falsa a los operarios de una ambulancia y cuando llegaron al lugar en mención, fueron intimidados por los sujetos, quienes luego le prendieron fuego al automotor.
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¿Y el Valle de Laboyos?
En este sentido frente a la inseguridad que afecta al segundo municipio en importancia para el Huila, como lo es Pitalito, el diputado Wilfred Trujillo, indicó: “desde hace algunos, se viene padeciendo un tema altísimo de inseguridad, de delincuencia común. Tenemos una complejidad enorme, que es más obligatorio a otros departamentos, ya que es una estrella vial”.
Varias de estas personas que a veces no son de esta localidad, llegan a realizar hechos de inseguridad.
“Claro es una petición que estamos haciendo, e invitó al comandante de la Policía-Huila, para que atienda esta problemática en Pitalito y estamos gestionando con el director de esta institución, general William Salamanca, para que la sede del quinto distrito, se construya en esta localidad y si se da la misma, que se amplié el pie de fuerza”, añadió el diputado.
Además, la edificación de la Policía, al parecer se encuentra en malas condiciones, pues hace cerca de 40 años, que fue construida.
Disidencias y extorsión
Frente a esta problemática, las autoridades judiciales indican que este ilícito ha sufrido una considerable alza y se atribuye, de acuerdo a las hipótesis delictivas, a la presencia de los grupos organizados al margen de la ley en el departamento.
Al respecto, Dayro Fernando Herrera, director Seccional de Fiscalías-Huila, dijo. “En el año de 2022, teníamos 166 casos, y este año ya llevamos, 220 hechos. Se ha incrementado en un 33% esta conducta delictiva. Y tomando como base las investigaciones, hay un subregistro de víctimas que por temor a represalias, generadas por estos grupos, no presentan las denuncias ante las autoridades”.
En este aspecto, el mayor Alex Gabriel Ochoa, comandante del Gaula de la Policía-Huila, señaló: “de las denunciadas recibidas este año, han aumentado en relación con el 2022, porque la gente está declarando y de este número el 62% son extorsiones digitales. Los delincuentes exigen la entrega de cifras que van desde $200.000, hasta $15 o $20 millones”.
En relación a las víctimas que deja este flagelo, el fiscal, señaló que se encuentran: comerciantes, transportadores, campesinos, tenderos, es decir los empresarios de ‘pequeña escala’, que están en los municipios o poblaciones más alejadas de las capitales.
Ya para finalizar, hay que recordar que se reanudó negociaciones con el grupo de disidencias, dirigidas por Iván Mordisco. “Después de dos semanas de la suspensión o receso decretado por el Estado Mayor Central para hacer su consultas y reorganizaciones, vamos a retomar un nuevo ciclo de las reuniones programadas, especialmente un nuevo ciclo de la mesa de conversaciones de paz”, confirmó Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno.
De los asesinatos presentados en el departamento del Huila, en su mayoría, se han registrado en zona rural de la región. Años atrás había crímenes, producto de hechos de intolerancia y ahora en el 2023, este patrón cambio, se presentan homicidios, perpetrados por grupos al margen de la ley.
Ya en la Asamblea Departamental, las Fuerzas Militares, expusieron de manera privada, las estrategias tendientes a mejorar la seguridad en el departamento.
La ‘ola’ de inseguridad
En cuanto a esta problemática, el diputado Wilfred Trujillo, manifestó. “La preocupación de todos los huilenses es enorme, por la ‘ola’ de inseguridad y terrorismo que se está viendo el departamento. Porque no hace más de tres semanas quemaron un autobús en el municipio de Altamira”.
Asimismo, el funcionario también mencionó que los homicidios también generan preocupación.
Por lo anterior, los comandantes de la Policía y Ejército, expusieron de manera privada ante la Duma, las estrategias a realizar orientadas a devolverles la tranquilidad a los huilenses. “El llamado también es al Gobierno Nacional, para que le ponga los ojos al departamento del Huila, que por más de 40 años ha vivido una historia de terror, y pedimos es que haya tranquilidad, porque si sigue esta problemática se nos va la inversión y el turismo”, añadió el diputado.
Secuestros y asesinatos
Hay que recordar que el domingo 14 del presente año, hombres armados llegaron al balneario la ‘Balastrera’, ubicado en la vía que del centro poblado de Guacacallo conduce al municipio de Pitalito, donde se encontraba el firmante de paz, Jorge Enrique Roa, junto a sus escoltas, Luis Eduardo Sterling y Yilber Osorio, los hombres de seguridad, fueron heridos por los atacantes.
Frente a este compleja situación, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, expresó: “las víctimas se encontraban en un estadero y fueron abordadas por hombres armados, quienes secuestraron al firmante de paz, Jorge Enrique Roa, a sus dos escoltas y a tres civiles, luego los suben a una camioneta y se van del lugar, más adelante dejan a las tres personas”.
Posteriormente, ya en horas de la noche en el cruce entre los municipios de Oporapa y Saladoblanco, los al parecer disidentes, hicieron descender del vehículo a Luis Eduardo Sterling y Yilber Osorio, a quienes habrían torturado y luego los asesinaron.
Ya en horas de la noche del mismo día, en el municipio de La Argentina, fue hallado el cuerpo sin vida del reincorporado.
Por su parte, Daneiro Santamaría, representante de la Partido Comunes en el Huila, expresó: “rechazamos de manera enfática, los hechos ocurridos, donde asesinan a dos escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hacían parte del esquema de seguridad de José Enrique Roa, quien está en proceso de reincorporación”.
Enrique Roa, hacía parte del Partido Comunes e integraba la Asociación de Aspaz y enlace territorial de la Cruz Roja Internacional.
Tres buses quemados en 2023
Otro de los sectores, que más ha sufrido el tema de las exigencias económicas, es el sector transportador, pues en el transcurso de 2023, tres buses adscritos a la empresa Coomotor, fueron quemados por hombres al parecer pertenecientes a las disidencias de las Farc.
Frente a esta situación, Andrés Mauricio Muñoz, en su momento secretario de Gobierno del Huila, manifestó: “rechazamos, enérgicamente este tipo de actuaciones en contra de la seguridad de todos los huilenses, especialmente de un gremio como el transportador, que viene sufriendo este tipo de acciones y por no ceder a la extorsión, queman los vehículos especialmente de esta empresa afectada”.
Ante lo ocurrido, el secretario pidió al Ejército, mejorar la seguridad, especialmente con el grupo de reacción inmediata que ya se tiene y agregó que esperan más hombres de la misma especialidad.
Por su parte, Armando Cuéllar, gerente de la empresa asediada, expresó: “hemos sido víctimas de actos delincuenciales promovidos por los grupos al margen de la ley y enemigos de la paz en Colombia. Y hacemos un llamado urgente a las Fuerza Pública, a los organismos de control y a las autoridades competentes, para que se involucren activamente en la investigación, destinada a esclarecer los lamentables hechos”.
Y el pasado 12 de enero, hombres a bordo de una motocicleta, habrían dado información falsa a los operarios de una ambulancia y cuando llegaron al lugar en mención, fueron intimidados por los sujetos, quienes luego le prendieron fuego al automotor.
¿Y el Valle de Laboyos?
En este sentido frente a la inseguridad que afecta al segundo municipio en importancia para el Huila, como lo es Pitalito, el diputado Wilfred Trujillo, indicó: “desde hace algunos, se viene padeciendo un tema altísimo de inseguridad, de delincuencia común. Tenemos una complejidad enorme, que es más obligatorio a otros departamentos, ya que es una estrella vial”.
Varias de estas personas que a veces no son de esta localidad, llegan a realizar hechos de inseguridad.
“Claro es una petición que estamos haciendo, e invitó al comandante de la Policía-Huila, para que atienda esta problemática en Pitalito y estamos gestionando con el director de esta institución, general William Salamanca, para que la sede del quinto distrito, se construya en esta localidad y si se da la misma, que se amplié el pie de fuerza”, añadió el diputado.
Además, la edificación de la Policía, al parecer se encuentra en malas condiciones, pues hace cerca de 40 años, que fue construida.
Disidencias y extorsión
Frente a esta problemática, las autoridades judiciales indican que este ilícito ha sufrido una considerable alza y se atribuye, de acuerdo a las hipótesis delictivas, a la presencia de los grupos organizados al margen de la ley en el departamento.
Al respecto, Dayro Fernando Herrera, director Seccional de Fiscalías-Huila, dijo. “En el año de 2022, teníamos 166 casos, y este año ya llevamos, 220 hechos. Se ha incrementado en un 33% esta conducta delictiva. Y tomando como base las investigaciones, hay un subregistro de víctimas que por temor a represalias, generadas por estos grupos, no presentan las denuncias ante las autoridades”.
En este aspecto, el mayor Alex Gabriel Ochoa, comandante del Gaula de la Policía-Huila, señaló: “de las denunciadas recibidas este año, han aumentado en relación con el 2022, porque la gente está declarando y de este número el 62% son extorsiones digitales. Los delincuentes exigen la entrega de cifras que van desde $200.000, hasta $15 o $20 millones”.
En relación a las víctimas que deja este flagelo, el fiscal, señaló que se encuentran: comerciantes, transportadores, campesinos, tenderos, es decir los empresarios de ‘pequeña escala’, que están en los municipios o poblaciones más alejadas de las capitales.
Ya para finalizar, hay que recordar que se reanudó negociaciones con el grupo de disidencias, dirigidas por Iván Mordisco. “Después de dos semanas de la suspensión o receso decretado por el Estado Mayor Central para hacer su consultas y reorganizaciones, vamos a retomar un nuevo ciclo de las reuniones programadas, especialmente un nuevo ciclo de la mesa de conversaciones de paz”, confirmó Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno.
