DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez
El número de mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios del Inpec pasó de 6.904 en 2020 a 6.943 en agosto de 2021. En el Huila la población carcelaria femenina se redujo 14,2%. El centro penitenciario de Neiva alberga 120 mujeres, condenadas y sindicadas por diferentes delitos.
Madres cabeza de hogar, de bajos recursos, sin estudios superiores, y víctimas de algún tipo de violencia, es el perfil que tienen las mujeres privadas de libertad en las diferentes cárceles colombianas. La mayoría de ellas no ha cometido delitos violentos y son infractoras por primera vez, según los reportes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a agosto de 2021.
El número de mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios del Inpec pasó de 6.904 en 2020 a 6.943 en agosto de 2021, un incremento de 0,56%, de éstas 4.760 están condenadas y 2.135 sindicadas, las restantes los datos se encuentran en actualización.
En las cárceles del Huila: Neiva, Garzón y Pitalito se encuentran recluidas 190 internas, de las cuales 112 han sido condenadas y 78 están sindicadas. El centro penitenciario de Neiva es el que más mujeres alberga del total del departamento con 120 (63,2%), seguido de Pitalito con 41 (21,6%) y Garzón 29 (15,3%).
Respecto a los datos del año 2020, la población carcelaria femenina se redujo en el Huila en 27 personas, presentando una variación positiva de 14,2%. De los penales de estos tres municipios el único que incrementó el número de internas fue Garzón que pasó de tener 25 a 29 en 2021.
A nivel nacional, el 53.4% de las mujeres dicen haber cometido el delito por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica. El 45,2% fue detenida por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, siendo usualmente, los eslabones débiles y fácilmente sustituibles de la cadena delictiva.
Su detención en centros de reclusión no afecta significativamente a las organizaciones y redes criminales, pero sí impactan en su núcleo familiar: al momento de su encarcelamiento el 85% eran madres, y el 54% de ellas vivían con sus hijos menores de 18 años, de los cuales eran las principales cuidadoras y fuente de ingresos económicos para su manutención.
Las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en las cárceles del Huila están por los delitos de tráfico de estupefacientes, 60 ya condenadas y 43 sindicadas; por concierto para delinquir hay 36 condenadas y 33 sindicadas; por hurto, 20 condenadas y 12 sindicadas, extorsión condenadas y sindicadas, 9 cada una, homicidio 9 condenadas y 8 sindicadas.
Otros delitos cometidos por las mujeres que están en las cárceles del Huila son fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, y actos sexuales o abusivos con menores de 14 años. El total de delitos es superior al número de reclusas teniendo en cuenta que en muchos casos pueden estar señaladas por uno o más hechos punibles.
Con la detención de estas mujeres, se rompe el núcleo familiar, al dejar a los hijos expuestos al trauma de la separación, el estigma, y las presiones sociales y económicas que pueden llevarlos a vincularse con grupos delincuenciales, reproduciendo un ciclo de violencia permanente.
La mayoría de las mujeres privadas de la libertad en Colombia se caracterizan por no haber pertenecido a grupos delincuenciales durante la adolescencia ni antes de cometer el primer delito, y también por no haber sido condenadas por la justicia penal de menores. Ésta suele ser su primera vez en prisión. La mayoría de estas mujeres reportaron haber cometido el delito por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica.
En la región Central, que integran Bogotá junto a los departamentos de Cundinamarca, Meta, Caquetá, Amazonas, Casanare y Huila y alberga el 44,2% de la población carcelaria femenina del país, el nivel de reincidencia en los delitos es del 15,15%. En el Huila del total de mujeres recluidas, 33 son reincidentes para 17,36%.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizó una investigación en 2018 junto a la Pontificia Universidad Javeriana, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE) donde cuestiona si la prisión debe ser la principal respuesta frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana, que son infractoras por primera vez y que son responsables del cuidado de sus familias.
Las medidas alternativas son más efectivas y tienen un menor costo para reducir la reincidencia, mejorar las posibilidades de reinserción y mitigar las vulnerabilidades a las que se ven expuestas las mujeres cuando entran en el sistema penal, según el informe.
Pena de prisión
Las penas de prisión a que son condenadas las mujeres son relativamente cortas. Sin embargo, éstas –incluso las cortas– tienen efectos negativos graves en las vidas de las mujeres, sus hijos y dependientes.
Del total de mujeres condenadas en el país, 2.036 recibieron una pena de hasta cinco años, 1.445 deberán pagar de 6 a 10 años de prisión. Solo 122 del total recibió penas que superan los 36 años.
En el departamento del Huila se presenta una situación similar, donde la mayor población se encuentra en estos rangos de años, pero ninguna supera condenas más allá de los 20 años de prisión.
El informe de la Cruz Roja argumenta que, ante casos a los que corresponderían penas cortas, sería conveniente optar por alternativas distintas a la prisión tales como las órdenes comunitarias.
El hacinamiento
Dentro de los centros penitenciarios existen precarias condiciones habitacionales y el acceso a algunos bienes y servicios básicos es limitado; lo anterior se agrava debido a las altas tasas de hacinamiento en el país.
La capacidad carcelaria para acoger mujeres, en el país, es de 6.348 cupos, pero alberga 6.944, presentando una sobrepoblación de 596 reclusas y una tasa de hacinamiento media de 9,39%. Las zonas norte y central son las que presentan los mayores porcentajes, sin embargo, en las zonas noroeste, occidente y oriente el nivel es de cero.
En el departamento del Huila la capacidad es de 130 cupos por lo que está excedida en 60, presentando así un hacinamiento de 46,15% (hacinamiento alto) aunque para este año se redujo respecto al 2020 cuando era del 66,92% (hacinamiento alto).
La capacidad de alojamiento en Garzón es de 22 y hoy cuenta con 29, por lo que el índice de hacinamiento es de 31,8%, cuando el año anterior estaba solo en 13,6%. Neiva por su parte, tiene capacidad para 80 mujeres y tienen una población de 120, un hacinamiento del 50% de acuerdo sus posibilidades. Sin embargo, respecto al año 2020 se redujo en un 20%.
En el caso de Pitalito, pasó de tener un hacinamiento del 211,1% a reducirlo al 127,8%, pues su capacidad es para albergar 18 reclusas y su población femenina es de 41.
Programas o actividades
Un alto porcentaje de mujeres participa en programas educativos, principalmente con el fin de lograr la validación del bachillerato. Más de la mitad de las mujeres hacen parte de actividades o programas laborales; los programas o actividades laborales más frecuentes corresponden al área artesanal.
Los roles de género se ven reflejados en los programas y habilidades adquiridas por las mujeres en prisión, por cuanto se trata de actividades tradicionalmente femeninas que tienen poca relevancia en el mercado laboral. Así, las condiciones laborales y educativas de las internas no mejoran sustancialmente durante la privación de la libertad.
En el caso del departamento del Huila el mayor número de reclusas trabajan más del 68,6%, seguido de las que estudian y las que enseñan.
Tanto la desigualdad y exclusión de las mujeres en el contexto del mercado laboral nacional como los bajos niveles educativos de las internas son obstáculos para su inserción o reinserción laboral una vez quedan en libertad.
Edad y educación
Los tres grupos de edad con mayor número de internas fueron de 25 a 29 años entre los 35 y 39 años (38), seguidas de las de 25 a 29 (33), las de 30 a 34 (29), 40 a 44 (26), de 18 a 24 (25), 50 a 54 (14), de 45 a 49 (10), de 55 a 59 (7), 60 a 64 (6), 65 a 69 (1) y de 70 años o Mayor (1). La edad media de las mujeres encuestadas es 41 años. El 65% del total de estas mujeres se encuentra en un rango etario de 18 a 39 años, es decir, la gran mayoría de estas mujeres se encuentra en su etapa productiva y reproductiva.
Dentro del rango de edad el mayor número de sindicadas y condenadas son las que se encuentran entre los 35 y 39 años, con 16 y 22 casos respectivamente.
Una de las variables más relevantes asociadas al contexto socioeconómico es el nivel educativo. En cuanto al nivel educativo el mayor porcentaje tiene básica media y un porcentaje muy bajo de profesionales, técnicos e iletradas.
Muchas internas logran superar el nivel de escolaridad de ingreso con su participación en los programas educativos en los centros penitenciarios, pues dentro de las cárceles por lo general las mujeres se dedican a trabajar o estudiar y un pequeño porcentaje se dedica a la enseñanza.
Los bajos niveles de escolaridad de las mujeres privadas de la libertad son un indicador importante de su estatus socioeconómico.
El estudio de la Cruz Roja confirma la necesidad urgente de implementar un enfoque diferenciado de género en el diseño, ejecución y evaluación de la política criminal y penitenciaria, así como de ampliar el uso de medidas alternativas para mujeres con responsabilidades de cuidado que hayan cometido delitos no violentos.
El centro penitenciario de Neiva es el que más mujeres alberga en todo el Huila.
