DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
El ente acusador estará trabajando de forma articulada con la Procuraduría, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para identificar y actuar judicialmente.
Analizando las diferentes variables que afectan la tranquilidad de los colombianos, la Fiscalía General de la Nación encontró que 784 municipios del país están en peligro a la hora de votar. Basados en su mapa de riesgo electoral, el ente acusador detalló, este 23 de febrero, que 258 municipios reportan un riesgo alto de comisión de delitos electorales, 526 más registran riesgo medio y 338 riesgo bajo. Esto quiere decir, que un 46,88 % de los municipios del país está en riesgo medio, un 30,12 % en riesgo bajo y un 22,99 % en riesgo alto.
“Construimos un mapa de riesgo electoral sobre la base de la presencia de actores ilegales, fraude electoral, geografía criminal, minería ilegal y cultivos ilícitos, violencia contra líderes sociales y la base de datos URIEL del Ministerio del Interior”, señaló Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación.
Se indicó que los municipios que presentan el mayor índice de riesgo se ubican en departamentos como Antioquia, donde 38 municipios están en alto riesgo de presentar corrupción electoral. Seguido de Cauca, Nariño y Norte de Santander con 32, 18 y 18 municipios en riesgo alto, respectivamente. En la lista también preocupan Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
Se hace una mención especial a Buenaventura, pues los investigadores concluyeron que es el territorio que presenta el mayor riesgo de sufrir corrupción electoral en 2022, pues registra un riesgo total de 59 puntos críticos.
Por su parte, Cundinamarca (65), Boyacá (84) y Santander (58) son los departamentos con la mayor cantidad de municipios en riesgo bajo de estos delitos electorales.
El objetivo de identificar estos territorios es que se puedan evitar los delitos electorales y se le den garantías a la ciudadanía para acercarse a las urnas en las tres jornadas programadas este año. En este sentido, la Fiscalía asegura que ya cuenta con una hoja de ruta precisa y con los instrumentos penales necesarios para intervenir respecto a cualquier conducta que ponga en riesgo el libre ejercicio de participar y votar.
Se indicó que el ente acusador estará trabajando de forma articulada con la Procuraduría General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para evitar la comisión de delitos electorales. Las entidades socializaron su plan de investigación para identificar y actuar judicialmente ante una eventual participación en política de funcionarios de cualquier orden.
“Promoveremos la articulación de capacidades de fiscales e investigadores con la Procuraduría General de la Nación, las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y otras entidades para dar una respuesta oportuna y efectiva a las denuncias ciudadanas relacionadas con posibles vulneraciones a sus derechos democráticos”, sostuvo la Fiscalía.
Así mismo, se indicó que la Unidad Especial de Investigación (UEI) adelantará los procesos relacionados con amenazas y homicidios de integrantes del partido Los Comunes o integrantes de la circunscripción de paz. Simultáneamente, la delegada contra las Finanzas Criminales se encargará de investigar la posible financiación irregular de campañas y aportes de las estructuras criminales.
Durante la jornada electoral los 23.000 funcionarios, entre fiscales e investigadores estarán activos en las 35 seccionales y más de 1.000 sedes de la entidad para garantizar la presencia estatal en los territorios y atender las inquietudes de la ciudadanía, acercar el Estado a los territorios.
“Tendremos un Puesto de Mando Unificado para el día de las elecciones, en el cual voy a estar verificando con nuestros 35 directores seccionales y todos los directores nacionales, dándole vueltas al país, observando qué pasa en los territorios”, precisó el fiscal Barbosa.
Durante la jornada electoral los 23.000 funcionarios, entre fiscales e investigadores estarán activos en las 35 seccionales y más de 1.000 sedes de la entidad para garantizar la presencia estatal en los territorios.
