Una de las hipótesis manejadas por los entes de control, ante la cantidad de obras inconclusas en el departamento del Huila, es la falta de planeación por parte de los funcionarios públicos, por ende desde las Contraloría Departamental, realizaron el Segundo Congreso Nacional de Control Fiscal, Presupuesto Público y Evasión Fiscal para capacitar a los mismos.
El evento tuvo lugar los días 6 y 7 de diciembre del año en curso en la capital opita, donde cerca de 500 personas, lograron capacitarse.
La capacitación a los funcionarios
En este sentido, Andrés Felipe Vanegas, contralor departamental del Huila, señaló: “este es un evento académico que ya está su segunda versión, a través del cual buscamos que los sujetos de control y la ciudadanía en general, se interese por afianzar sus conocimientos y aclarar las dudas en lo que respecta al presupuesto público, la hacienda y gestión fiscal, para que aquellos que son gestores estatales, desempeñen correctamente dicha función”.
De igual manera, quiénes son asesores o servidores públicos, se enmarquen dentro de estas disposiciones normativas, de las actualizaciones en materia de hacienda pública y presupuesto estatal, para el correcto desempeño de las funciones a cargo de cada uno de ellos, añadió el funcionario.
Asimismo, el contralor agregó, que la idea es aumentar el saber y actualizar la información en aquellos temas y asuntos que guardan relación con su deber funcional. Y de esta manera, mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en las tareas que cumplen en las entidades públicas en defensa de los haberes ciudadanos.
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Los ‘yerros’ de los funcionarios públicos
Y frente a la falta que más cometen los funcionarios, el contralor departamental agregó: “la utilización de recursos públicos de manera ligera, sin una debida planeación, sin atender las verdaderas necesidades que la ciudadanía demanda, y que la entidad pública requiere”.
Según el funcionario, esta mala planeación se observa en el gran porcentaje de obras públicas que se encuentran inconclusas en la región. Porque ejecutan el presupuesto, sin previamente hacer un análisis de todas las circunstancias, que giran en torno del contrato”, dijo Andrés Felipe Vanegas.
En este sentido la competencia de la Contraloría Departamental del Huila, “básicamente reduce su función a iniciar y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal, en donde se puede concluir con un fallo, con o sin responsabilidad. Si es de la primera naturaleza, es decir con responsabilidad, se busca resarcir el valor de los recursos públicos, que por esa gestión fiscal ineficaz ineficiente generó para la entidad estatal”, enfatizó el funcionario.
Primera versión
En la primera versión de este evento, la Gobernación del Huila y la Contraloría Departamental, se manejó la actualización de la información legal y la manera de aplicar la normativa vigente en cada proceso presupuestal del Huila y sus municipios.
Esta información no solo servirá para que los mandatarios locales, tengan herramientas para la ejecución de sus recursos, sino también para que quienes hacen control político y aprueban los mismos, puedan ejercer mejor su labor de vigilancia sobre el recurso público.
“Lo más importante, que es lo que estamos explicándole a las entidades públicas del Departamento y a la Contraloría misma, es que el proceso presupuestal está regulado por la ley, en las ordenanzas y en leyes orgánicas y fallos de las altas cortes. Este proceso presupuestal se tiene que cumplir para garantizar que se logren los objetivos, lo más importante es que se logre el resultado del gasto público que se programó desde la Asamblea o Concejo Municipal” aseguró Ezequiel Lenis, asesor externo en materia presupuestal, conferencista invitado.
Otro de los objetivos, era propiciar espacios de conocimiento para que las entidades públicas y sus funcionarios tengan la posibilidad de contar con expertos en materia de presupuesto y contratación estatal, que les permita tomar las decisiones para ejecutar correctamente los recursos públicos, y cumplir con las finalidades de cada uno de los planes de desarrollo.
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Los ‘elefantes blancos’ en el Huila
En este sentido en el Huila, la Contraloría General de la Nación identificó 17 proyectos críticos y 36 Elefantes Blancos u Obras Inconclusas, por un total de $5,3 billones. Se declaró de impacto nacional la ejecución del contrato para mejorar el auditorio de la Facultad de Economía de la Usco en Neiva. El objetivo, determinar si hubo detrimento en los recursos por $5 mil millones.
Una investigación exhaustiva de la Contraloría General de la República en el Departamento del Huila ha revelado un sombrío panorama de corrupción, despilfarro y desidia gubernamental. Con un total de 17 proyectos críticos y 36 Elefantes Blancos u Obras Inconclusas, el desfalco asciende a la asombrosa cifra de $5.3 billones.
Según el vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, en el epicentro de esta crisis se encuentra el proyecto crítico de mayor envergadura en Colombia, el corredor vial Santana-Mocoa-Neiva, con un contrato valuado en $4.7 billones. La Contraloría ha puesto bajo la lupa este mega proyecto que, lejos de impulsar el desarrollo, parece haberse convertido en un pozo sin fondo para los recursos públicos.
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Obras en la ‘mira’
Los ‘elefantes blancos’, se esparcen por el departamento, afectando áreas cruciales como transporte, agua potable y saneamiento básico, salud, y protección social. Proyectos como el «Distrito de Riego Tesalia – Paicol» y la «Torre Materno Infantil del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo» también están bajo la lupa, con montos de $233.000 millones y $111.493 millones respectivamente.
Neiva, como epicentro de esta problemática, presenta 7 proyectos por un valor total de $4.8 billones. Este hecho destaca la concentración de la corrupción y el despilfarro en la capital del departamento.
La Contraloría General de la República dio un paso firme al imputar responsabilidad fiscal por $55.801 millones debido a irregularidades en la ejecución del contrato de obra Pública No.0939 de 2014, que buscaba la terminación del Distrito de Riego en mediana escala de Tesalia-Paicol.
Otro caso que ha captado la atención de la Contraloría es la ejecución del contrato para el mejoramiento del auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Surcolombiana en Neiva, valorado en cerca de $5 mil millones. La Contraloría ha declarado de impacto nacional los hechos relacionados con este contrato, señalando posibles detrimentos en los recursos del Estado.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción ha abierto una indagación preliminar para determinar si hubo irregularidades en la ejecución de este proyecto y para identificar a los posibles responsables.
