La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, ha revelado una preocupante situación respecto a la contratación de operadores para la atención de la niñez en el país.
Según el ICBF, se han detectado 220 contratos en manos de 59 operadores que presentan serias irregularidades.
Entre las anomalías encontradas se destacan contratos con el mismo representante legal, dirección de domicilio y fecha de constitución, así como errores en el formato de constitución y en el objeto y alcance de los contratos. Además, se han identificado casos de registros de personal en nóminas con valores superiores a los realmente pagados, proyectos ejecutados en lapsos menores para evadir pagos a proveedores y cobros indebidos.
La directora del ICBF expresó su preocupación al encontrar que algunos operadores con contratos han tenido una alta incidencia de muertes de niñas y niños asociadas a la desnutrición. En consecuencia, el ICBF ha decidido dejar de contratar con estas instituciones y promover un mayor control por parte de la veeduría ciudadana. También se han identificado organizaciones con contratos para la atención de la niñez que mantienen vínculos con clanes políticos.
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Estas acciones responden al llamado del presidente Gustavo Petro para frenar la corrupción que afecta a los niños y niñas del país. Petro ha destacado la importancia de vigilar de cerca el manejo de contratistas para garantizar que los recursos destinados a la primera infancia sean utilizados correctamente.
En respuesta a estas irregularidades, el ICBF está implementando un nuevo modelo de contratación que prioriza a organizaciones de base comunitaria como aliadas para garantizar los derechos de la niñez. Hasta la fecha, se han seleccionado 786 organizaciones de base comunitaria para atender a niños y niñas en todo el país, fortaleciendo así procesos de contratación democráticos y contribuyendo a la justicia social.
Bajo este nuevo modelo, se ha enfatizado que la contratación con el ICBF es una responsabilidad y no un negocio, y que los niños y niñas son vidas que deben ser protegidas y no simples cupos en un contrato.
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