El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Ramón Alberto Rodríguez, reveló que se detectó que 41.312 personas que no sobrevivieron a los hechos de violencia ocurridos dentro del conflicto armado, pretendieron ser reparadas económicamente.
Explicó que estas ‘falsas víctimas’, pretendieron ingresar irregularmente al Registro Único de Víctimas para recibir algún tipo de indemnización o ayuda humanitaria.
Al mismo tiempo, el funcionario explicó que debido a esta situación fueron excluidos del sistema y se logró que 200.000 millones de pesos de pesos, no se perdieran en reparaciones de personas que no fueron víctimas de la violencia en Colombia.
“De las 41.312 personas excluidas del Registro Único de Víctimas hayamos salvaguardado cerca de 200.000 millones de pesos, evitando que falsas víctimas se apropien de recursos del Estado y permitiendo así reparar a quienes sí sufrieron afectaciones en el marco del conflicto armado”, afirmó.
También se conoció que con cédulas falsas estas personas están tratando de acreditarse como víctimas, para obtener los beneficios que el Estado ha dispuesto para esta población.
Hasta el momento, se han recibido 8.492 quejas sobre casos de falsas víctimas que además, están incurriendo en varios delitos entre ellos estafa, falsedad en documento público, entre otros.
Entre tanto, la entidad reveló que ha interpuesto 3.163 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación con las que se han logrado más de 26 capturas a nivel nacional.
En el marco del lanzamiento de la nueva campaña antifraude de la entidad denominada “Ojo con el fraude, no coma cuento”, que tiene como eslogan “Que no le echen cuentos”, el director de la Unidad de Víctimas, señaló que se logró recuperar la suma de $71.472.917, que se habían pagado a falsos sobrevivientes de la violencia.
También explicó que, entre los casos denunciados se encuentra que el 65% se relaciona con falsas víctimas que incurren en varios delitos entre ellos, falso testimonio, fraude procesal, fraude en el registro único de víctimas; el 24% por estafa, por lo que están siendo investigados por falsedad en documento, fraude de subvenciones, falsedad personal y el 11% incurren en delitos como concusión, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales.
Finalmente, señaló que $178.441.774.608 corresponden a indemnizaciones administrativas y $19.764.600.000 a ayudas humanitarias.
