Con la incoherencia que ha planteado el gobierno nacional, para desarrollar el proceso de transición energética durante el presente cuatrienio, se ha observado que la formulación de las políticas públicas para lograr este loable objetivo, no se están ajustando en la dirección correcta para emprender este sano objetivo, que beneficiaría a la sociedad colombiana. Es un largo periodo que puede durar más de tres décadas, así se estén implementando importantes logros en países desarrollados, pero que Colombia, no posee el músculo financiero, ni la tecnología de punta para emprender este cambio en la política energética del país. En el corto plazo no podemos vivir sin la dependencia de los hidrocarburos. Existen suficientes razones para ser optimistas, pero la arrogancia y el sesgo político absurdo que caracteriza al actual gobierno, empieza a generar una verdadera incertidumbre para el futuro energético del país.
Vamos en contravía de lo que sucede en el ámbito internacional. La OPEP prevé un aumento del 2,3% en la demanda de petróleo respecto a la vigencia de 2022, constituyéndose en una buena noticia para la economía colombiana, pero la ceguera gubernamental con su terquedad de cero extractivos cierra la puerta. Mientras que, en algunos países, especialmente a los europeos, les llegan malas noticias del panorama petrolero mundial, para otros como Colombia, es una absoluta necedad no regocijarse, ni montarse en semejante notición que puede representar grandes negocios.
Estamos empezando a tener resultados adversos en las finanzas públicas, que en un porcentaje superior al 30% provienen de los recursos naturales. Lo curioso es que Colombia ha decidido ubicarse en el equipo de los adoloridos por la deliberada estrategia de oponerse, como política de Estado, a las extracciones mineras y petroleras, que le han dado ingresos a los gobiernos. Si bien es cierto que los combustibles fósiles están amenazados de muerte y que su reinado está comprometido, pero no es el momento para decirle no al barril de petróleo al precio que se espera para finales de año.
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, no puede condenar a todos los colombianos a tener que importar petróleo o gas, menos a traerlo de Venezuela; según la Agencia Nacional de Hidrocarburos en su esperado “Informe de reservas y recursos contingentes de hidrocarburos de Colombia”, donde existe un preocupante balance negativo en términos de gas natural y petróleo, a la luz de los datos de casi 500 campos petroleros a corte del pasado 31 de diciembre. Es una miopía institucional que no acepte las razones valederas que exponen los expertos en esta materia. No pueden darse el lujo de contar con grandes riquezas de petróleo y gas y negarse a explotarlos por un simple sesgo ideológico, que en nada ayuda a solucionar los problemas sociales del país.
