El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) anunció la entrada en la segunda fase de la ‘Operación Dominó’, una estrategia diseñada para prevenir la extorsión dentro de las cárceles, combatir la corrupción y fortalecer el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
El Coronel de la Policía Daniel Fernando Gutiérrez, director general del INPEC, informó sobre la implementación de operativos de control y registro de manera constante y aleatoria en diez centros penitenciarios del país. El objetivo declarado es duplicar el número de intervenciones realizadas el año pasado, que superaron las 100.
Durante estas operaciones, en colaboración con el Grupo de Acción Unificada contra la Extorsión y el Secuestro (GAULA) de la Policía, se han incautado 2.430 celulares, 10.158 accesorios y se han iniciado 332 procesos penales y disciplinarios contra funcionarios del INPEC por ingreso ilícito de dispositivos y otros elementos.
El director del INPEC destacó la labor interinstitucional, que involucra a la guardia penitenciaria y al GAULA, y resaltó la importancia de controles semanales y operativos aleatorios quincenales en los centros penitenciarios.
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Las acciones implementadas también han permitido identificar a 29 personas involucradas en presuntos casos permanentes de extorsión. Se han tomado medidas como traslados a cárceles de alta seguridad, implementación de celdas unipersonales y vigilancia de comunicaciones.
En el marco de estas operaciones, se ha avanzado en la identificación de personal del INPEC implicado en la facilitación del ingreso de dispositivos móviles, y esta información se ha puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para abordar casos de corrupción en el sistema penitenciario.
Durante 2023, se registraron 23 denuncias penales contra funcionarios del INPEC, abordando cargos como prevaricato por omisión, prevaricato por acción y abuso de autoridad. Estas denuncias están vinculadas a actos de corrupción relacionados con el ingreso de celulares y otros dispositivos.
En paralelo, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) ha solicitado delimitar el papel de los operadores de telefonía celular en la eliminación o restricción de señales de comunicación en cárceles.
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