Diario del Huila, Comunidad
Hernán Guillermo Galindo
Las protestas sociales dividen opiniones. Consultados por Diario del Huila, ciudadanos no la justifican por los perjuicios causados, mientras, otra parte dice que el Gobierno no ha cumplido lo anunciado.
Tras la nueva movilización social, del pasado jueves, convocada por el Comité de Paro Nacional, que generó preocupación y temor en sectores de la ciudadanía afectadas por anteriores protestas, aunque otros grupos minoritarios las justificaron por incumplimientos del Gobierno Nacional.
Por eso, unos neivanos rechazan más convocatorias y las desaprueban porque estiman “no hay ambiente para llamar de nuevo a las calles, cuando el Gobierno ya ha cumplido demandas de los profesores y de los sindicatos, con la pandemia viva y la necesidad de reactivar la economía y la vida social”.
En la otra orilla se sitúan quienes la justifican porque el desempleo continúa subiendo, la crisis social se ha intensificado y el Congreso no tramita los proyectos de ley radicados en el Congreso por partidos de la oposición.
Diario del Huila consultó a la ciudadanía. En su mayoría dice respetar el derecho a la protesta pacífica, rechazan el vandalismo y piden soluciones a los problemas.
Con la protesta
Gloria Congote manifestó estar de acuerdo porque existan las garantías a la protesta social. Es justo el rechazo a la agenda que EL Gobierno ha propuesto en materia de reforma tributaria, dice.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que los platos rotos los paguen ahora los trabajadores estatales congelándoles los salarios y las nóminas, así como los presupuestos de las entidades”, puntualizó la empleada del Banco de Colombia.
Su compañero, Ricardo Peña, almacenista de la sede bancaria, manifestó que el proyecto que cursa en el Legislativo congelaría salarios y nóminas del estado, promoviendo una “masacre laboral”.
Por su parte, Francisco Merchán, líder sindical del Sena, hizo un llamado a la ciudadanía a salir a marcha a las calles y protestar de manera pacífica, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19 en estos espacios.
“El objetivo de estas marchas es respaldar los 10 proyectos de ley presentados desde el 20 de julio pasado, que tienen que ver con las garantías a la protesta social y los seis puntos del Pliego de Emergencia que ya hoy son proyectos de ley”, señaló.
Las marchas serán de carácter pacífico y respetando todos los protocolos de bioseguridad y esperamos que sea representativa en todo el país, destacó.
Carlos Tito, estudiante de la Universidad Surcolombiana, de derecho, manifestó tampoco estar de acuerdo con unas facultades extraordinarias al presidente de la República para que realice una restructuración del Estado, que siempre ha significado ir contra los más pobres, los más vulnerables, sin tocar los grandes salarios del Estado como los de congresistas, magistrados y gerentes de grandes empresas nacionales.
“Pedimos apoyo a la nómina de las MiPymes y generación de empleo, producción nacional, programa de juventud, garantías al derecho a la protesta, reforma a la Policía, acción contra las violencias basadas en género”, afirmó el joven de 23 años, habitante del barrio Chicalá.
También, dijo su compañero de contaduría, Ferney Losada, se incluya la ‘matrícula cero’, es decir, que el Gobierno garantice la gratuidad universal de la educación superior en todo el país para acceder a los programas de pregrado y posgrado, en lo público y privado
Respecto al sector agropecuario, también hay comentarios a favor de la protesta, como el de Jacinto Navarrete, quien pide condiciones de acceso a los beneficios de condonación de intereses corrientes y de mora, así como otros conceptos.
“Además, buscar una política de fijación de precios de los productos e insumos agropecuarios en el mercado nacional”, explicó el cultivador de arroz de Campoalegre, cereal que por estos días atraviesa grave crisis de precios.
Pacíficos en contra
“Los pacíficos podrían dejar de protestar hasta que la violencia cese. Hasta garantizarse que no habrá saqueos y vandalismo”, responde de una vez Gloria Cuartas, secretaria del Palacio de Justicia.
Por su parte, el abogado Víctor Lora, señaló que es razonable que grupos inconformes recurran a la protesta cuando se haya roto el diálogo con las autoridades. No antes. Y el presente gobierno ha manifestado su apertura al diálogo y los encuentros, eso es lo que vemos y lo que ha dicho Fecode y los sindicatos.
“La nuestra no es una sociedad violenta y no debe permitir que se la pretenda orillar hacia prácticas nefastas que conllevan daños y destrucción”, afirmó, tras señalar que ya son suficientes los perjuicios causados por los paros.
Eliza Narváez, estudiante de la Uniminuto, se fue por la mitad. Expresó que la reunión pacífica y de asociación garantizan y protegen diversas formas de expresar públicamente opiniones, disenso y demandar el cumplimiento de derechos sociales.
“El problema es que la protesta es un derecho legítimo que tienen todas las sociedades y que poco a poco se está volviendo parte del paisaje nacional por el abuso desmedido de las constantes convocatorias a marchar por cualquier circunstancia”, explicó.
La situación tiene dos salidas a primera vista: o se desgastan hasta perder el interés por parte de los actores o se tornan más violentas para alcanzar los objetivos de llamar la atención a cualquier precio, agregó.
Sergio Ospina, pensionado de Telecom, respondió que Colombia en estos momentos no atraviesa la caótica situación del vecindario; no es Argentina, Venezuela, Ecuador o Perú, países que experimentan una situación social delicada ocasionada por sus distintas crisis sociales, pero ante todo económicas.
“La protesta social es legítima y necesaria porque exige a los gobernantes afinar las políticas públicas, apurar la inversión social, más allá de los consejos de los tecnócratas, pero se pierde cuando hay más jornadas de paros, marchas y movilizaciones que días laborales normales”, aseguró, tras destacar que fue sindicalizado de la desaparecida empresa estatal.
Lo que pierden las grandes capitales con las innumerables manifestaciones es enorme, no solo en términos de competitividad, sino en la economía local, aseguró Jorge Vivas, odontólogo con consultorio en Megacentro:
“Un almacén o tienda de barrio cerrados no venden y si no hay ventas no hay empleos; una calle colapsa, sin movimiento no tiene competitividad; y una ciudad traumada en su capacidad de producir y exportar no puede pagar los impuestos para hacer inversiones públicas”.
Colombia está llegando al punto máximo de desgaste de la protesta social; hay una marcha o paro cada dos días desde hace casi año y medio si se suman las convocadas por maestros, indígenas, estudiantes, transportadores, campesinos, cafeteros, funcionarios, etc. Ojalá haya un principio de tolerancia y no se caiga en protestar por protestar para terminar afectando el sistema productivo del país, respondió Juan Otálora.
“En las ciudades se han ofrecido recompensas por información de personas que intentan perpetrar acciones de violencia. La Fuerza Pública trabaja articuladamente con la Fiscalía para judicializar a los responsables de hechos de violencia”, ajustó.
La legitimización de las marchas sigue ligada a las necesidades de sus participantes.
