Definitivamente ser o haber sido delincuente, paga durante la presente administración del presidente Gustavo Petro Urrego, sin interesar si va en contravía de la institucionalidad colombiana. La iniciativa planteada para que el paramilitar Salvadore Mancuso sea gestor de paz, ha sido rechazada de plano por la sociedad colombiana. Fue extraditado a los Estados Unidos por el presidente de la época Alvaro Uribe Vélez, el cual ya cumplió la pena en este país, pero que todavía tienen investigaciones por delitos de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Este narcoterrorista durante más de dos décadas sembró el terror en algunas regiones del país, para contrarrestar el avance de las organizaciones subversivas de las Farc y del ELN. Durante los dos periodos presidenciales del presidente Uribe Vélez, fueron desmovilizados más de 17 mil integrantes de estas tenebrosas bandas criminales. A pesar de la sana intención que busca el primer mandatario de los colombianos en la búsqueda de la paz total, hasta el momento ha sido un fracaso.
Con el solo anuncio de la Casa de Nariño, le empezaron a llover rayos y centellas al presidente Petro. Primero porque no existen las condiciones políticas y judiciales para que se lleve a cabo tal propuesta. Segundo por el rechazo generalizado de todas las familias de las víctimas, que se han opuesto rotundamente para que se lleve a cabo tal accionar gubernamental. Consideramos que el gobierno nacional, no debe seguir generando más elementos distorsionadores que sigan polarizando a la sociedad colombiana. No se deben crear condiciones que busquen alejar los consensos. Hay que encontrar la ruta para unificar los intereses de todos los actores de la opinión pública. Recuerde presidente, que Mancuso no goza de los afectos mayoritarios de la sociedad colombiana. Las masacres, asesinatos selectivos, expropiación de tierras, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de edad, secuestros, descuartizamientos, corrupción, son entre otras manifestaciones delictivas, que todavía permean las mentes de la sociedad colombiana, por la zozobra que vivieron durante más de cuatro décadas por el accionar de estas organizaciones criminales que comandó Salvatore Mancuso.
Con todo respeto señor presidente, para elegir los integrantes que van a representar la sociedad civil en los futuros diálogos con las organizaciones narcoterroristas, deben integrarlas, personas que no tengan deudas con la justicia. Igualmente recordemos que las familias colombianas están desesperadas por el incremento de las actuaciones irracionales de grupos delincuenciales y de organizaciones subversivas que han alterado el bienestar de las familias colombianas, y que están generando una afectación muy grave a la dinámica productiva del país, producto del debilitamiento progresivo de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública, que tienen desestimuladas a sus integrantes, por el temor a ser sancionados por sus actuaciones cuando se presenten enfrentamientos contra estos delincuentes.
