DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Una Juez con Funciones de Garantías ordenó en primera instancia que Gorky Muñoz Calderón deberá permanecer con detención preventiva en su lugar de residencia mientras se adelantan las investigaciones en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de kits alimentarios para los estudiantes de Neiva.
La Juez Séptima Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías, emitió una orden en primera instancia de medida cautelar con detención preventiva en su domicilio al alcalde de la capital huilense, Gorky Muñoz Calderón, en medio de la investigación que se adelanta en su contra por las presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la ciudad.
Por resultar necesaria y proporcional una medida cautelar de aseguramiento dentro de la investigación penal, la Fiscalía ya había pedido que Muñoz Calderón, fuera privado de su libertad en centro carcelario. La juez, no obstante decidió ordenar la medida domiciliaria, mientras avanza el proceso. Orden que fue conocida el día de ayer en audiencia judicial.
Así pues, la togada halló pruebas razonables de la presunta autoría del alcalde de Neiva en las conductas de peculado, interés indebido en celebración de contratos y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
La nueva decisión se da luego de varios días de quedar en firme la imputación de los cargos mencionados contra Gorky Muñoz Calderón, y otros 6 exfuncionarios y contratistas de Nariño, en los millonarios contratos del programa de alimentación en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.
No será suspendido del cargo
La decisión adoptada por la Juez Séptima Penal con funciones de control de garantías de Neiva, sólo tendría un eventual cumplimiento cuando quede en firme o ejecutoriada la decisión.
Es decir, que sólo quedaría en firme cuando el juez de segunda instancia resuelva el recurso de apelación procedente, y siempre y cuando, se confirme la decisión de primera instancia.
Al no encontrarse ejecutoriada la decisión, Gorky Muñoz no será suspendido del cargo, y podrá seguir cumpliendo con normalidad su ejercicio como Alcalde, atendiendo para el efecto, la sentencia de constitucionalidad C-576 de 2004 y la ley 136 de 1994.
Efectivamente, a través de un comunicado a la opinión pública, el mandatario de los neivanos señaló que junto a su equipo jurídico, han resuelto apelar la decisión de primera instancia, tomada por la Juez de control de garantías, en la que se le declaró la medida cautelar con detención preventiva en su domicilio, “como quiera que creemos tener argumentos suficientes para rebatir lo expuesto por la togada en su decisión”, menciona en el comunicado.
En el documento, manifiesta también, “Aunque sabíamos desde el inicio de este proceso que esta era una decisión que podría darse, no deja de ser en lo personal y familiar, un golpe duro. Aún no he sido vencido en juicio, ni declarado culpable de los delitos que se me imputan, pero veo desinformación en las redes sociales”.
“Sabíamos que esto no iba a ser fácil, sin embargo estamos seguros que no será vencido quien permanece en la lucha y de la mano de Dios, seguiremos dando la pelea, hasta demostrar nuestra inocencia.”, menciona Gorky Muñóz.
La investigación
Los otros imputados en este caso que adelanta la Fiscalía son el exsecretario de educación Giovanny Córdoba Rodríguez, los asesores jurídicos de la Alcaldía de Neiva Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo; los contratistas Carmen Rosaira Castillo Arboleda representante de la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo de la Fundación Colombia Florece, de Tumaco (Nariño) y al concejal de este municipio, Haiden Vergara Quiñónez.
El ente de control también había solicitado que se les imponga medida de aseguramiento preventivo y una pena de 18 años de prisión por la responsabilidad en los hechos. No obstante, ni Muñoz ni el resto de los imputados aceptaron los cargos; todos se declararon inocentes.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y de estas otras seis personas como presuntos responsables de posibles irregularidades detectadas en un contrato suscrito al amparo de la emergencia sanitaria por el covid-19, el cual buscaba garantizar la alimentación de los estudiantes durante el periodo de aislamiento preventivo.
El contrato que estableció la entrega de 105 mil kits alimentarios para preparar en casa, al parecer fue direccionado por el mandatario para que quedara en manos de una empresa con sede en Tumaco, Nariño. “El alcalde supuestamente favoreció a un contratista que tenía su centro de funcionamiento en un punto distante a Neiva porque quería retribuirle el apoyo y financiación que le habría brindado a su campaña política”, indicó el ente fiscal. La persona presuntamente beneficiada es el concejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñónez.
