Los rectores de las instituciones educativas podrían ser objeto de sanciones de tipo disciplinario y penal en caso de no denunciar.
La denuncia de 20 estudiantes del Colegio Marymount removió al país y puso en el foco de la discusión pública los casos de acoso y abuso sexual en las instituciones educativas del país. Ante esto la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, anunció las medidas que el Gobierno nacional ha venido implementando para prevenir y luchar contra este tipo de violencias.
Es así que la ministra dijo en la emisora que se van a fortalecer las medidas que ya existen y añadió que, “cuando empezó el gobierno estaba el reto de reglamentar proyectos que evite el acoso sexual, ya estamos más de un año y medio trabajando en eso. Estamos avanzando junto a la Fiscalía para facilitar los canales de denuncias y abrir un protocolo que permita llevar a las compañías a denunciar estos casos”.
Sobre esto último la ministra Ángulo le recordó a los colegios que son los rectores quienes deben activar los protocolos en casos como estos, y les advirtió que si no denuncian ante las distintas secretarías de Educación, podrían ser objeto de sanciones de naturaleza disciplinaria y penal.
“Tiene igual sanción si no lo hacen, pues es igual de grave otros casos con no denunciarlos” enfatizó la ministra.
Vale recordar que el pasado 4 de marzo, el MinEducación emitió la Directiva 01, que busca, en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, robustecer las acciones pedagógicas para la prevención de la violencia sexual y brindar atención a estos casos en contra de los niños, niñas y jóvenes en el entorno escolar.
“El fortalecimiento, que está consignado en esta directiva, nos permite actuar a tiempo de forma coordinada y evitar que sucedan hechos como los que recientemente se han dado en distintas regiones del país”, dijo la ministra Angulo.
La directiva también hace un llamado a la corresponsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa para que actúen en torno a la prevención de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en la protección, garantía y atención de estos en el entorno escolar.
Para esto, la directiva contempla que las instituciones educativas pueden valerse de los Comités de Convivencia Escolar, los Comités Territoriales de Convivencia Escolar.
También resalta la importancia de la construcción, diseño e implementación de Manuales de Convivencia con la participación de los miembros de la comunidad educativa y su respectiva actualización cada año; el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE, una herramienta que permite la identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, embarazo adolescente, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales; y la adopción de acciones pedagógicas para la prevención de violencia sexual en el entorno escolar, fortaleciendo los programas de educación sexual de acuerdo con la edad y el contexto.
También se contemplan nuevas medidas en las que en los Comités de Convivencia Escolar se deben revisar y analizar los datos que arrojan los reportes del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar para identificar y clasificar las situaciones que generan violencia escolar y ponen en riesgo la vida y la integridad de los estudiantes de la Institución.
Además, el rector o rectora del establecimiento educativo, como presidente del Comité, debe asumir el liderazgo en el manejo de cada situación, y la activación del protocolo determinado, así como poner la denuncia ante las autoridades competentes como la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia y paralelamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
