DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez
A pocos días de cumplirse dos meses del fallo, donde ordenaba a las instituciones educativas públicas y privadas a la presencialidad, Ana Patricia Polanía, presidenta de la ADIH expresa que no se está cumpliendo con las garantías acordadas y que el Gobierno Nacional se apresuró al tomar dicha decisión.
A pocos días de cumplirse dos meses del fallo emitido por el Juzgado Décimo Municipal con función de control de garantías en Neiva, donde ordenó a instituciones educativas privadas y públicas de todo el departamento del Huila a volver a la presencialidad, Diario del Huila dialogó con Ana Patricia Polanía, presidenta de la Asociación de Institutores Huilenses, donde dio un balance general de cada aspecto ocurrido con la educación en la región.
“El panorama actual de la educación en Neiva, Pitalito y Huila es muy lamentable, porque definidamente no vemos las condiciones en las Instituciones Educativas, dado que no contaron con el concepto de los padres de familia, tampoco con que los esquemas de vacunación que no se habían completado, cuando comenzaron las clases, iniciaron quitándoles el derecho a unos niños y dándoselos a unos pocos para garantizar la presencialidad”, dijo.
Asimismo, afirma que las secretarías de Educación se apresuraron, y que la propuesta de la ADIH, siempre fue que ese tiempo que faltaba para culminar el año escolar le garantizaran la educación remota, con guías, y en ese tiempo las entidades mencionadas de los tres entes territoriales, lo utilizara para mejorar la infraestructura, propiciar las condiciones dignas y esperar que estuviera completo el esquema de vacunación de docentes, estudiantes y padres.
“Por garantizar la educación para todos y para todas, se apresuraron y empezaron con los pocos niños que asistían en presencialidad, muchos rectores evitando que las guías u otras formas de educación remota llegara a sus casas. Estas medidas lo que hizo fue negar el derecho a la educación a muchos, porque si bien es cierto que empezó la presencialidad, solo garantizo el 10 % de la asistencia de clase de los niños”, planteó.
Menciona Ana Polanía que la propuesta de la ADIH siempre ha sido que se le brinde el derecho a la educación de todos los niños en condiciones dignas, “por eso la secretaría y los rectores nunca debieron cerrar la posibilidad de la educación virtual o remota, con esto solo se ha logrado agrandar la brecha de la deserción, porque se quedaron esperando una educación virtual que no llegó”.
¿Se apresuró el gobierno?
“Sí totalmente, porque les negaron la posibilidad a muchos niños el derecho de la educación virtual o remota, les negaron el derecho a los padres de familia de decidir voluntariamente el enviar a sus hijos a la presencialidad. Además, porque no ha girado los recursos necesarios que requieren las Instituciones educativas, ya que no existen las condiciones ni de infraestructura, conectividad, agua potable”, describe.
Indica que algunas instituciones no cuentan con alcantarillado, personal de aseo, de vigilancia, elementos de bioseguridad ni maestros de apoyo, “el Gobierno Nacional lo que le preocupa es reactivar la economía, para quedarles bien a los grandes empresarios del país, pero no cumple con el deber de hacer que le establece la Carta Magna, que es velar y garantizar la vida y la salud de todos los ciudadanos”.
Por otra parte, agrega que el derecho a la educación no es absoluto, prevaleciendo el derecho a la vida, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en varias sentencias, induciendo a muchos maestros a renunciar al obligarlos ir a una presencialidad sin condiciones.
Realidad que enfrentan maestros y alumnos
Ana Patricia Polanía, habla sobre el gobierno y menciona que el Estado colombiano ha sido paquidérmico en resolver los problemas de la educación y la desfinanciación de la educación, “no es un problema de hoy”.
“Durante este gobierno se ha agrandado aún más porque ha sido un gobierno que no quiere invertir en la educación, también es importante que la comunidad se entere de las denuncias e irregularidades que se vienen presentando el PAE en todo el país, en medio del retorno a la presencialidad, corroboran el alto grado de corrupción que ha rodeado al programa y que se perpetúan ante la mirada apacible del gobierno”, describe.
En cuanto a la situación actual, “los docentes y niños afrontan una realidad bien difícil y compleja porque en las instituciones no cuentan con los elementos ni equipos necesarios para trabajar en el aula para poder desarrollar sus clases, no tienen conectividad, esto se viene trabajando gracias a que nuestros compañeros maestros que por su vocación, dedicación y responsabilidad han puesto sus equipos personales al servicio de la educación pública”.
Por ello, aclara que es obligación del Ministerio de Educación Nacional, brindar los recursos físicos y elementos necesarios, y que a pesar de los ofrecimientos de recursos y de las visitas diarias a los entes territoriales para presionar a que se dé el 100 % de la presencialidad en el Huila, estos no se dan.
“Pero hoy vemos con tristeza que no cumplen, no giran los recursos económicos necesarios, no quieren nombrar personal de aseo, de vigilancia, maestros de apoyo que se requieren, quedan en falsas promesas y la educación rezagada sin inversión con todas las carencias que estamos cansados de exigir para que se den las condiciones dignas a nuestros niños”, postuló.
Inspección por algunas instituciones
Se ha conocido que, durante estos últimos días, Ana Patricia Polanía ha realizado veeduría por algunos colegios del departamento del Huila, donde sostiene que la gran mayoría no cumple con las estipulaciones acordadas.
“Venimos realizando visitas en las instituciones y la gran mayoría no cumple con los requisitos de bioseguridad, existen bastantes problemas en las infraestructuras, no llegan los recursos que prometió el ministerio de Educación Nacional, no tienen conectividad, carecen algunas de restaurante escolar de acuerdo a las normas de sanidad”, enfatizó.
Para finalizar, Ana Patricia Polanía dice que “la experiencia de la pandemia nos ha demostrado la fragilidad del sistema de salud y el mal estado en que se encuentra la educación pública. La posición responsable de la ADIH es advertir de la presencialidad en las aulas de clases, en las actuales condiciones. Aprovecho este espacio para denunciar que los maestros no contamos con un sistema de seguridad y salud en el trabajo ARL, es una negligencia del Ministerio de Educación Nacional quien contrata por intermediación de la Fiduprevisora S.A, llevamos años sin ARL, siendo esta una obligación de hacer”.
“El Gobierno Nacional se apresuró y no ha girado los recursos necesarios que requieren las Instituciones Educativas”
