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Pliego de cargos contra consorcio que suscribió un contrato con el Banco Agrario de Colombia

Nov 11, 2022

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Un contrato suscrito entre el Banco Agrario de Colombia y el consorcio ‘G.I.V.I.S HUILAS’, tiene en aprietos a los representantes legales de la Fundación Para el Desarrollo de Colombia ‘Fundecol’ y la Cooperativa de Profesionales de Colombia “Creer en lo Nuestro”, quienes integran el consorcio. Esto, al parecer, porque no se ha cumplido con el objeto del contrato con vigencia del año 2015 y 2016, en donde, se suponía que debían entregar 289 viviendas, de las cuales, únicamente se construyeron 35 unidades nuevas.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO

Por: Johan Eduardo Rojas López

La Procuraduría Regional de Instrucción del Huila profirió pliego de cargos contra los representantes legales de la Fundación Para el Desarrollo de Colombia ‘Fundecol’ y la Cooperativa de Profesionales de Colombia “Creer en lo nuestro”, integrantes del consorcio ‘G.I.V.I.S HUILAS’, el mismo con el que, el Banco Agrario de Colombia suscribió un contrato que tenía por objeto adelantar todas las funciones de la gerencia integral para el desarrollo de proyectos de viviendas y, en ese sentido, administrar los recursos de esos subsidios asignados a los hogares beneficiados.

Sin embargo, a la fecha, no se ha cumplido con lo esperado, pese a que, se realizó un avance de aproximadamente el 50% del anticipo del valor total de contrato. Esto llevó a que la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila a partir del 30 de junio del 2020 ordenará indagación preliminar dentro de la investigación que se surte con el radicado IUS E-2017-945570.

Esto en razón a una auditoría realizada por parte de la Contraloría General de la República efectuada al Banco Agrario de Colombia dentro de los proyectos VIS. 

Lo anterior, en razón a una auditoría realizada por parte de la Contraloría General de la República efectuada al Banco Agrario de Colombia dentro de los proyectos VIS (Vivienda de Interés Social Rural) durante la vigencia 2016, en donde se hace un traslado de 13 hallazgos con incidencia disciplinaria para la Procuraduría General de la Nación.

El consorcio estaba integrado por la Cooperativa ‘Creer en lo Nuestro”, creada por Jaime Saavedra y representada por Leidy Viviana Gómez Sepúlveda, encargada de la Gerencia Integral. La Cooperativa poseía el 80% de las acciones del consorcio. Como socio minoritario aparecía la Fundación por el Desarrollo de Colombia (Fundecol) representada legalmente por Diana Paola Cedeño Chicaiza con una participación accionaria del 20%.

Fundecol aparece con varios escándalos en el Huila, entre ellos el descalabrado sendero arqueológico de San Agustín y la pavimentación de la vía Neiva-Tello-Baraya.

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El proceso

Diego Alexis Tello Esquivel, Procurador Regional de Instrucción del Huila, explicó que, inicialmente la Procuraduría Delegada para la contratación estatal mediante auto del 13 de julio del 2018 desglosó el traslado de esos hallazgos y asignó el hallazgo número 1 consistente en la ejecución del contrato de administración C-GV-2014-106 GI 181 a la Procuraduría Distrital de Bogotá. Esta a su vez, inició investigación preliminar y posteriormente, luego de efectuar un recaudo de elementos materiales probatorios, pruebas documentales, testimoniales y una serie de versiones libre, decide remitir el hallazgo disciplinario a la Procuraduría Regional del Huila por competencia territorial.

Es así como, el hallazgo define que, dentro de la ejecución del contrato de administración, precisamente, el Banco Agrario de Colombia suscribió dicho contrato con el consorcio ‘G.I.V.I.S Huilas’, en donde se unieron, de la Fundación ‘Fundecol’ y la Cooperativa de Profesionales de Colombia “Creer en lo nuestro”.

“Ellos tenían dentro del objeto del trabajo adelantar con el banco todas las funciones de la gerencia integral para el desarrollo de proyectos de viviendas y, en ese sentido, administrar los recursos de esos subsidios asignados a los hogares beneficiados, es decir, de muy bajos recursos tratándose de Vivienda de Interés Social Rural, donde efectivamente, se tenía el compromiso de adelantar la construcción de vivienda nueva y en otros casos el mejoramiento de algunas de las viviendas de los municipios de Tarqui y Suaza en el Huila”, manifestó Tello Esquivel.

En total se suponía que debían entregar 289 viviendas, de las cuales, únicamente se construyeron 35 unidades nuevas. Así se corroboró en la inspección que se adelantó en dichos municipios, por ejemplo, en Suaza se encontraron tan solo 26 unidades básicas ejecutadas en su totalidad y 10 en proceso de ejecución, mientras que, en Tarqui se construyeron aproximadamente 9 viviendas y 11 están incompletas.

Eran 289 viviendas las que debían construir.

Este contrato con vigencia de 2015 y 2016, en teoría tendría que haber dado cumplimiento de la totalidad de las obras en el año 2017 aproximadamente, no obstante, luego de haberse adelantado cerca del 50% del anticipo del valor total de contrato, el avance de la obra es solamente de un 15%.

Es importante precisar que la obra total costaba $5.500 millones, de los cuales, según lo que se tiene hasta el momento se alcanzaron a desembolsar $3.300 millones aproximadamente. Agregó que, “en este caso el contratista estaba obligado a entregar y ejecutar 289 viviendas y solamente se realizó de forma completa 35 viviendas y 21 en proceso de ejecución”.

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Investigación penal por presunto peculado

Es por ello que se está adelantando la investigación en la Procuraduría del Huila, pero, además, estos mismos hechos también son objeto de investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el departamento del Huila, por el presunto delito de peculado por apropiación.

“En este caso los cargos que se les formulan son a título de dolo por estar en curso el presunto delito de peculado por apropiación indebida de los recursos públicos con el destino final de estas viviendas de interés social y falta gravísima de acuerdo con el análisis que se establecido dentro de la culpabilidad que se desarrolla dentro de este pliego de cargos”, aseguró el Procurador Regional de Instrucción del Huila.

Ahora bien, el pliego de cargos es directamente contra los representantes legales de la Fundación y Cooperativa que conformaron el consorcio. En consecuencia, en contra del Banco Agrario de Colombia se compulsaron unas copias para que se adelanten las presuntas faltas disciplinarias en las que pudiesen haber incurrido algunos de los funcionarios de la entidad bancaria, empero, eso hará parte de la investigación que surta la Oficina de Control Interno Disciplinario del Banco.

Según lo indicado, ayer se enviaron las comunicaciones correspondientes a los correos electrónicos aportados a este proceso disciplinario para que se surta la debida notificación formal de la decisión que se produjo. Una vez quede notificadas se correrá el traslado para que el Procurador de Juzgamiento adelante la etapa correspondiente y determine, desde luego, si confirma estos mismos cargos que fueron calificados por la Procuraduría de Instrucción del Huila o de lo contrario, si no considera que se reúnan los presupuestos para haber proferido este pliego de cargos.

Finalmente, independiente a la decisión de la etapa de juzgamiento se emitirá lo correspondiente en derecho. Actualmente, por la investigación penal que se adelanta la información es reservada y se desconoce si dentro la misma serán vinculados funcionarios del Banco Agrario de Colombia o no.  

La Fiscalía será la responsable de investigar y continuar el proceso.

Nada Nuevo

Luego de hallazgos de la Contraloría General de la República, se evidenció el estado deficiente de Vivienda de Interés Social Rural entregado por el programa del Banco Agrario. Este millonario contrato adjudicado por El Banco Agrario, en mayo de 2015, sigue siendo investigado. Incluso un año después, la misma entidad bancaria descubrió el incumplimiento, procediendo en consecuencia a exigir lo pactado, pero no consiguió el cometido y, por tanto, el 28 de octubre de 2016 procedió a realizar la terminación anticipada de este, decisión que fue ratificada el 27 de enero de 2017, tras los reiterados llamados de atención y búsqueda de mecanismos para lograr la materialización de las viviendas; finalmente, el 11 de agosto de 2017, terminó y liquidó unilateralmente este contrato, lo cual fue evidenciado por la visita de la Contraloría. Es así como, los ocho proyectos de vivienda rural, financiados con aportes del Gobierno Nacional, con recursos locales y regionales, quedaron en cero.

Autor: Johan Rojas

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