Los dos ceses al fuego que ha firmado el Gobierno Nacional, habrían servido para que las Disidencias de las Farc, ganen territorio de manera libre, debido a que no se ha podido adelantar operativos por parte de la Fuerza Pública. En el Huila, se encuentran las estructuras del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
Asimismo, ante el flagelo de la extorsión, desde la Administración Departamental, han sugerido al Estado y autoridades policiales y judiciales, la creación de estrategias para contrarrestar esta problemática.
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Crecimiento de disidencias
En este sentido, el secretario de Gobierno, Andrés Mauricio Muñoz, señaló: “hay que hacer un llamado al Gobierno Nacional, ya que el proceso de Paz, no va por buen camino, eso es claro. Las disidencias siguen creciendo en el territorio, no respetan lo pactado en los ceses al fuego y tendrá que reevaluarlo, porque para el Huila, ha sido nefasto para la región”.
El funcionario, indica que gran porcentaje de los comerciantes y empresarios del campo, están siendo afectados por la extorsión.
El primer y segundo cese al fuego, ha permitido que los grupos al margen de la ley, crezcan, porque la Fuerza Pública, no se puede adelantar operativos.
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Transitan en el territorio
Las Mesas de Dialogo con las disidencias de las Farc, se encuentran suspendidas, y ahora los Gobiernos Departamentales, se encuentran sin saber cómo actuar, frente a la presencia de estos actores armados en distintos territorios del Huila. Ante el presunto vacío normativo del decreto presidencial, porque los ‘armados’, no podrían ingresar a las cabeceras municipales, sin embargo, lo estarían haciendo.
Hay que recordar que el pasado 9 de diciembre del año en curso, cerca de siete disidentes, fueron vistos transitando por el centro poblado de Valencia de La Paz, municipio de Íquira.
Frente al hecho denunciado, se conoció que los hombres con armas largas‘, patrullaron’ la zona en mención e incluso colocaron un pendón haciendo alusión a anteriores jefes de las Farc.
Al respecto, Mauricio Muñoz, secretario de Gobierno Departamental, expresó: “efectivamente, entre 5 y 7 insurgentes pasaron por Valencia de La Paz, portando armas largas. Una vez se conoció la información, unidades del Ejército se desplazan el día domingo a la zona, estuvieron haciendo presencia, retiraron las pancartas. Ya hay control territorial”.
Se estarían enfrentando
Los homicidios y la extorsión, han aumentado en el Huila. Sin embargo, el funcionario, destacó que estos grupos al margen de la ley, se estarían enfrentando entre ellos.
“Estos controles territoriales, han generado una serie de conflictos con la del Estado Mayor Central, haciendo que ‘suban’ los asesinatos, por ende es importante que la opinión pública conozca, que estos casos están ligado a recriminaciones del grupo de Iván Mordisco en el municipio de La Plata”, agregó el funcionario.
De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, el delito de homicidio en el Huila aumentó en el primer semestre de este año.
A junio de 2023 la cifra de personas muertas de manera violenta –con diferente arma- es de 90 víctimas, mientras que en este mismo periodo de 2022, los fallecidos son 77. Este informe indica que la ciudad de Neiva es la más violenta en este aspecto, pese a que el número de víctimas es el mismo del año anterior.
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Posible caso de secuestro
Ante el hecho de un rapto de una persona, que se habría registrado en el municipio de La Plata, el secretario de Gobierno, dijo: “la familia no denunció este caso, se conoció que la víctima ya regresó con los allegados el pasado domingo. Sin embargo, la Fiscalía y Policía, se encuentran investigando este hecho”.
Según se pudo conocer, hombres armados se llevaron al empresario del campo que se encontraba en una finca ubicada en el sector conocido como ‘La Piedra’, ubicada en la vereda Bajo Retiro, municipio de La Plata.
También, se estableció que los delincuentes, habrían amenazado a la familia, para que no denunciaran el caso ante las unidades del Gaula.
Otras de las acciones, que estarían haciendo los disidentes de las Farc, es dar regalos a los niños de las comunidades por donde transitan, sin embargo, se conoció que estas actividades, las realizan para ‘ganarse’ a la comunidad.
El vacío normativo
En este aspecto, el secretario de Gobierno del Huila, agregó: “queda un vacío normativo, el decreto presidencial del cese al fuego que sigue vigente, a pesar de que las Mesas de Diálogo, están suspendidas, pero los entes territoriales estamos sin saber ¿hacia dónde va ese proceso de Paz?, igual el cese al fuego con las disidencias y el ELN, por ende es muy importante pedirle al Gobierno Nacional, que lo ‘aterrice’, lo lleven a las entidades territoriales para que los gobernadores y alcaldes, sepan ¿cómo actuar en estos casos?
El funcionario, indicó que no se permiten operaciones militares, pero se pregunta ¿qué hubiera pasado, si personal castrense se encuentra con los disidentes? Además, en el decreto, los ‘armados’, no podrían hacer presencia en los ‘cascos urbanos’ y lo están haciendo.
Ante esta serie de actos delincuenciales, Luis Enrique Dussán, gobernador del Huila, expresó. “Esta situación de orden público, de extorsiones, homicidios, se da porque actores armados quieren apoderarse del territorio. Es una lucha dura que hemos estado dando muy de la mano del Ejército, Policía, Fiscalía, y permanentemente estamos desarrollando estrategias, que empiezan a mostrar resultados importantes”.
Los huilenses no estarían denunciando
En cuanto a las denuncias por intimidaciones, los opitas, no las estarían interponiendo ante las autoridades para que las investiguen.
“Los huilenses están denunciando muy poco, hay un subregistro, algunos lo hacen, pero luego pagan las sumas que le están pidiendo, para así evitar que los vinculen con ayudas a los ‘armados’, tampoco sirven estos hechos, hay que esperar que las autoridades policiales y militares actúen”, añadió el secretario.
Asimismo, el funcionario agradeció el trabajo desarrollado por el Ejército, pero les pidió redoblar esfuerzos, principalmente en el patrullaje de las vías, para evitar hechos como la quema de vehículos de transporte público, que a la fecha van tres automotores, adscritos a la empresa Coomotor.
Por su parte, Armando Cuéllar, gerente de la empresa asediada, indicó: “hemos sido víctimas de actos delincuenciales promovidos por los grupos al margen de la ley y enemigos de la paz en Colombia. Rechazamos los actos vandálicos, donde incineraron el vehículo G7 con número interno 6820, que cubría la ruta Acevedo-Bogotá”.
En cuanto a la extorsión, la Policía Nacional reportó que más de siete mil casos de extorsión se han presentado en lo corrido del año en el país, afectando sobre todo a cinco departamentos, donde se continúa presentando esta problemática.
