Entre el jueves 6 y viernes 7 de octubre, se llevaron a cabo unos procesos de desalojos en el municipio de Pitalito. Estos procedimientos obedecen a procesos judiciales que han sido tramitados por el juzgado, lo que significa que, no se trata de las actuaciones normales de invasiones que se registran a nivel nacional. El del primer día se tornó muy denso dada la agresividad de la familia que habitaba el predio y el segundo se vivió de manera tranquila.
DIARIO DEL HUILA, RGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López
Durante los últimos días en Pitalito, Huila, se han realizado dos procesos de desalojo con los que se cumplen las órdenes judiciales. Sin embargo, es de aclarar que estos procedimientos no obedecen a la problemática que se vive en el país, sino a procesos que ya se venían tramitando en el juzgado. Actualmente, se tiene previsto otros dos desalojos bajo la misma lógica que se podrían estar presentando entre finales de octubre y principios de noviembre.
Edgar Muñoz Torres, alcalde de Pitalito, informó que, “el 6 de octubre se realizó una actividad de entrega de un bien inmueble en la vereda Higuerón del municipio de Pitalito por parte de la juez segunda civil municipal acompañada de la parte institucional, como Personería, secretaria de Gobierno, con la dependencia de Comisaria de Familia, Inspector de Policía con su equipo interdisciplinario y el ICBF, en miras de salvaguardar los derechos de infantes, adolescentes y adultos mayores”.
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Entre agresiones
Según los expresado, se inició el procedimiento con diálogos de conocimiento del acto que iba a realizar la juez, lo cual tuvo una duración de aproximadamente dos horas. Tras no llegar a ninguna concertación y/o acuerdo, la Fuerza Pública tuvo que intervenir. “Las agresiones por parte de las personas que estaban en la vivienda hicieron que la Fuerza Pública actuará respetando los derechos y cumpliendo el protocolo emanado por el presidente de la República. Es de anotar que esa vivienda había menores de edad que consiguieron combustible para echarle a los uniformados e incinerarlos, como también una señora de manera agresiva coje a una funcionaria de la estación de Policía en estado de embarazo y le coloca un cuchillo en su cuello, básicamente cogiéndola como rehén y amenazó en matarla, pero gracias a la reacción oportuna logran neutralizar y de esta manera no se llegan a hechos lamentables”, agregó el mandatario.
Explicó que se respetaron los derechos de los habitantes que están en la vivienda y, posteriormente, sus bienes fueron trasladados en camión a los sitios que la misma familia solicitó. Además, un día después, es decir, el viernes 7 de octubre se realizó otro procedimiento de desalojó que transcurrió en calma. En consecuencia, durante este periodo de gobierno se han realizado tres desalojos y están a la espera de otros que tendrán que realizar en espacios que han sido ocupados de manera ilegal.
“Es lamentable ver que en nuestro municipio empiezan a darse este tipo de situaciones como invasiones y ocupaciones de predios privados. Desde el gobierno nacional hay orden de no permitir este tipo de comportamiento, entonces, ese fue el operativo y seguiremos pendientes cumpliendo el mandato constitucional y sin vulnerar los derechos seguiremos adelante cumpliendo con la misión que el estado nos otorga como entes territoriales. De tal manera que la propiedad privada y el medio ambiente que debe estar protegido vamos a garantizarles para que no vaya a ser ocupado de manera ilegal. Es importante, promover el desarrollo urbanístico según nuestro plan de ordenamiento territorial”, informó
Por ahora, los predios están en proceso de recuperación y reforestación para mitigar los daños ocasionados
No obedecen a la problemática del país
Hernando Reyes Liscano, personero de Pitalito, a su vez, enfatizó en que, “hay que tener claro que estos procedimientos responden a procesos judiciales que han sido tramitados por el juzgado y son órdenes judiciales que se están cumpliendo. Es decir, no se trata de las actuaciones normales que a nivel nacional están sucediendo. Al llegar al sitio nos encontramos con que había adultos mayores, menores de edad, que a pesar de que el inmueble tenía una sola habitación y un espacio de sala, comedor y cocina, pero posteriormente eran más 18”.
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A la diligencia asistieron todos los miembros del antiguo Esmad, con un total de 23 hombres, sin embargo, para fortuna de todos no hubo situaciones que lamentar, a pesar de un acto de alto riesgo. “Por parte nuestra, y por parte de la policía creo que se judicializó a la persona que amenazó a la mujer embarazada porque lo claro es que sí hubo la retención de la persona. Quedaron en los registros la actuación de esta persona que era una de las residentes de allá”, afirmó.
Finalmente, actualmente existe vigilancia permanente y tienen otros dos sectores identificados de desalojos por orden judicial. Además, según algunos laboyanos hubo abuso de autoridad y presuntas irregularidades en el procedimiento.
