La Procuraduría implicó en su decisión a la exalcaldesa Gloria Fanny Caupaz, al exjefe de la Unidad de Obras Civiles y a la exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación. Aparentemente, los investigados llevaron a cabo pagos a contratistas sin prever el propósito de las adquisiciones y sin realizar estudios previos que se ajustaran a las necesidades específicas del ente territorial.
Diario del Huila, Contexto
La exalcaldesa de La Plata, Huila, Gloria Fanny Caupaz Flórez (2012-2015), junto con el exjefe de la Unidad de Obras Civiles, Jorge Eduardo Cabrera Bautista (2013-2015), y la exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación, Lina Marcela Fajardo Embus (2014-2015), se encuentran enfrentando cargos formulados por la Procuraduría General de la Nación debido a presuntas irregularidades en contratos para el suministro de materiales destinados al mejoramiento de viviendas en el municipio.
La investigación sugiere que los exfuncionarios admitieron haber realizado pagos a contratistas sin una planificación clara respecto al propósito de las compras. Además, no se verificó si los proyectos contaban con la evaluación del órgano competente ni si estaban debidamente registrados en el Banco Municipal de Programas y Proyectos. También se señala que no se llevaron a cabo estudios previos para determinar la forma contractual de utilización de los materiales adquiridos en beneficio de la comunidad.
La Procuraduría está enfocada en determinar si estas omisiones en el desarrollo del proyecto de inversión social pudieron haber lesionado el patrimonio público, ya que podría haber una pérdida de recursos destinados para adquisiciones que no estaban alineadas con el gasto público social.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón calificó provisionalmente la conducta de los investigados como gravísima a título de culpa gravísima, argumentando que actuaron con desconocimiento de los principios de planeación, responsabilidad y economía.
Los sujetos procesales podrán presentar descargos y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren necesarias para su defensa. En cumplimiento de la separación de roles, el expediente se remitirá a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva para que asuma el conocimiento de la etapa de juzgamiento.
Este caso, que implica un posible detrimento patrimonial que superaría los $2.000 millones, pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. La comunidad espera respuestas claras sobre el destino de los recursos públicos y la justicia correspondiente para aquellos que resulten responsables de irregularidades en el manejo de fondos destinados a proyectos sociales.
El proceso
El organismo de control evidenció, en el análisis realizado a dicha contratación, que los objetos corresponden a la compra o suministro de materiales. La Administración Municipal de ese entonces entregó estos materiales a cada beneficiario o a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Cabe destacar que la contratación se inició a finales del mes de diciembre de 2016, cuando el periodo de la Administración Municipal estaba ad portas de terminar.
Así las cosas, no se evidenciaron actas o estudios que permitieran determinar cómo se seleccionaron a los beneficiarios de estos elementos. Señala el documento de la Procuraduría que existen bases de datos de las personas damnificadas por el invierno, por catástrofes ambientales, entre otros, creadas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres. Sin embargo, realizado el análisis de las personas que resultaron beneficiarias no se encontraron registrados los nombres de las personas que recibieron dicho beneficio.
En el caso del contrato N° 476-16, la administración o reportadas por la población no seleccionó a las personas de acuerdo con cada una de las necesidades registradas. Solo se encontraron 15 beneficiadas en la base de datos de 1.035 personas.
Según los estudios previos estas compras obedecen a un programa registrado en el Plan de Desarrollo ‘Unidos por la vía de la prosperidad 2012-2015”. Sin embargo, no existieron proyectos registrados, aprobados y viabilizados (según certificación de la oficina de Planeación), donde se establecieran realmente el objetivo de la compra.
“Así las cosas, ante la inexistencia de proyectos registrados, aprobados y viabilizados para la planeación de las compras realizadas mediante los contratos inicialmente mencionados, una determinación clara de los beneficiarios y la utilidad dada por estos a los elementos adquiridos, se considera como una donación, como quiera que se entregaron elementos adquiridos con recursos públicos a particulares al parecer sin que obedezca a programas, proyectos previamente definidos, conllevando a constituir un presunto daño patrimonial en cuantía cercana a los dos mil millones de pesos”, reza el documento entregado por el órgano de control.
Finalmente infiere la investigación que se pudo concluir, que sobre la entrega de los materiales no existen informes que den cuenta del impacto de la inversión, y que señalen la utilidad dado por los beneficiarios a estos elementos, entregando recursos públicos, representados en elementos, sobre los cuales se desconocen si se cumplió el fin propuesto con la contratación y sin que se conozca o tenga establecido previamente un proceso de selección de los beneficiarios de estas contrataciones, quedando al parecer a la liberalidad la entrega de los mismos.
Estos argumentos reflejarían la mala planeación e inversión, denotando además la improvisación que se dio al no tener definido el listado de los beneficiarios, y sin que se sepa el destino cierto dado por lo “beneficiarios” a estos elementos.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón ha calificado provisionalmente la conducta de los investigados como gravísima a título de culpa gravísima. Los sujetos procesales tendrán la oportunidad de presentar sus descargos y/o solicitar y aportar las pruebas que consideren necesarias para su defensa.
En concordancia con la separación de roles, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva recibirá el expediente y asumirá la responsabilidad de la etapa de juzgamiento.
