La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra la tesorera general de la Alcaldía de Garzón, Huila, Diana Milena Gómez Claros, y el profesional universitario, Wilson Lombana Galíndez, por el presunto hurto por medios informáticos de cerca de $600 millones de las cuentas del ente territorial, transferidos a la cuenta de un particular.
Según la Procuraduría, Gómez Claros, quien tenía a su cargo la custodia y manejo de los fondos municipales desde 2020, habría actuado de manera imprudente y negligente, lo que supuestamente condujo a la pérdida de los recursos. Se le imputan dos transferencias de fondos desde la Tesorería a cuentas de ahorros, las cuales fueron posteriormente cobradas por un particular en Cali, Valle del Cauca.
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En el caso de Lombana Galíndez, ingeniero de sistemas desde 2011, se le formularon cargos por la presunta apropiación indebida de dinero en beneficio de un tercero. La Procuraduría sostiene que el ingeniero utilizó sus conocimientos para manipular los equipos desde los cuales se realizaron los movimientos de los $581 millones, superando medidas de seguridad informáticas y manipulando sistemas y redes del municipio.
Además, se le imputa un segundo cargo por aparentemente destruir o eliminar el software en el computador de Gómez Claros, utilizado para la materialización del acto delictivo. Se alega que Lombana Galíndez reinstaló el sistema operativo sin dejar una copia espejo, obstaculizando así la posibilidad de utilizarlo como medio de prueba.
La Procuraduría calificó la posible conducta de Gómez Claros como falta gravísima a título de culpa gravísima, y en el caso de Lombana Galíndez, como falta gravísima a título de dolo para ambos cargos. Ambos funcionarios deberán enfrentar un proceso disciplinario para determinar su responsabilidad en este presunto acto de corrupción.
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