DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Rolando Monje Gómez
Ante el difícil escenario en el que la pandemia del Covid-19 dejó al país, con un aumento de cerca de 3 millones de personas adicionales en condición de pobreza, sumado a problemas estructurales como una informalidad laboral del 60%, una cobertura pensional de apenas el 25% y un estatuto tributario con gran cantidad de exenciones y poco progresivo. Según los cálculos de Fedesarrollo, esto significará unos tres millones de personas adicionales en condiciones de pobreza en Colombia.
Frente a este panorama y próximo de conocer una nueva reforma tributaria, se hacen cada vez más necesarios grandes cambios en algunos problemas estructurales como la informalidad, la baja cobertura pensional y una deficiente focalización del gasto público en subsidios, para lo cual plantea una reforma integral que aborde cuatro grandes temas de forma unificada: las políticas social, laboral, pensional y tributaria.
Uno de los cambios que ha propuesto Fedesarrollo a la política social es la creación de una renta mínima y focalizada a ciertos hogares: $35.000 mensual por cada adulto menor de 65 años en el hogar-de manera no condicionada- y $35.000 por cada menor de 18 años, siempre y cuando asistan al colegio y a chequeos de salud. Esto es en promedio $138.000 por hogar, teniendo en cuenta cifras oficiales del Dane sobre las viviendas de los colombianos.
La creación de esta renta mínima de monto fijo para los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema se haría con los recursos de los programas Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Esta medida aumentará el monto promedio entregado a los hogares pobres de $44.000 mensuales, actualmente, a $138.000 mensuales.
Esta medida según el centro de pensamiento se podría implementar desde este momento y así se podría reducir la desigualdad y la pobreza, aunque se debe tener en cuenta el impacto fiscal que pueda tener.
Dentro de las reformas a la protección de los adultos mayores se planteó reemplazar el programa Adulto Mayor por la entrega de un auxilio de tres líneas de pobreza extrema. Este sería de $412.000 mensuales e iría destinado a los adultos mayores de 65 años que no tengan actualmente o en el futuro una pensión contributiva del régimen obligatorio actual.
Los recursos de los programas Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción serían utilizados para la creación de la renta mínima.
Ampliación del programa Colombia Mayor a todos los adultos mayores de 65 años no pensionados con un monto equivalente a tres líneas de pobreza extrema ($412.000 mil pesos mensuales), lo que implicaría que el sistema de protección a la vejez alcanzaría cobertura universal y, al mismo tiempo, eliminaría de un tajo la pobreza en los adultos mayores.
Según Fedesarrollo, esta medida también se podría implementar de forma inmediata, eliminando la pobreza en los adultos mayores. De hecho, otro de los inconvenientes del contrato social actual es que no existe como tal, especialmente en salarios bajos, una cobertura del riesgo de desempleo y, además, en el riesgo de desprotección en la vejez, el contrato social solo cubre 25% de los adultos en edad de pensión a través de una pensión contributiva y a 18% con una entrega de solo $80.000 mensuales.
En términos del sistema de protección para la vejez se propone sustituir el sistema actual por un sistema más sencillo, solidario y flexible de tres pilares.
Un primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios definidos, que entregaría, como ya se mencionó, un auxilio de tres líneas de pobreza extrema ($412.000 mil pesos mensuales) a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión.
Un segundo pilar contributivo y flexible, complemento del primero, en donde empresas y trabajadores quedarían en libertad de decidir en negociaciones colectivas un programa de ahorro para la vejez, abriendo la competencia hacia múltiples mecanismos de ahorro e inversión. Este segundo pilar no será obligatorio para las empresas inscritas en el Régimen Simple de Tributación. El resto de las empresas aportará por lo menos lo mismo que el trabajador a programas de ahorro que complementarán el auxilio entregado por el Estado en el primer pilar universal.
Finalmente, se constituiría un tercer pilar de ahorro voluntario individual, como el que existe actualmente. De esta reforma quedarían excluidos los actuales pensionados y quienes estén a menos de 10 años de alcanzar la edad de pensión en el régimen de Colpensiones, cuyos derechos serían plenamente reconocidos.
Aportes a salud
La propuesta incluye un cambio sustancial en los aportes de salud de los trabajadores, que en su diseño actual inducen a la informalidad ante la coexistencia de dos regímenes con esencialmente los mismos beneficios, pero con costos sustancialmente diferentes: el contributivo, con costo de 4% del salario para el trabajador formal y de 12,5% para el independiente formal, y el subsidiado, con costo cero para el ocupado informal.
Lo que propone la entidad al Gobierno Nacional consiste en introducir una tasa progresiva de aportes a salud a cargo del trabajador, que sería de 0% para los ocupados de un salario mínimo, sean asalariados o independientes, y que aumentaría gradualmente hasta cerca del 9% para ocupados con ingresos de 25 salarios mínimos o más.
Estos son en resumen las propuestas para una reforma tributaria más integral.
Introducir así mismo, una tasa progresiva de aportes a cajas de compensación por parte de las empresas, que sería de 0% para los empleados de un salario mínimo y que aumentaría gradualmente hasta cerca del 5% para empleados con ingresos de 25 salarios mínimos o más. Un punto de esta contribución a cajas de compensación sería usado para financiar un seguro de desempleo no contributivo, que entregará tres líneas de pobreza extrema ($412.000) hasta por seis meses a trabajadores entre 1 y 1,5 salarios mínimos.
También se plantea la creación de un auxilio de solidaridad equivalente al 4% de un salario mínimo para trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos. La combinación de estas reformas en materia laboral y pensional implicaría un aumento del salario disponible para un trabajador que gana un salario mínimo de hasta 13% así como una disminución en el costo para la empresa de hasta el 14%, lo que estimulará la generación de empleo formal.
IVA a productos exentos
Para sufragar el costo de este ambicioso programa de apoyo solidario a las familias y trabajadores de bajos ingresos propuesto, es necesaria una reforma tributaria que se contemplaría así.
Es esencial eliminar las exenciones sectoriales existentes, con el fin de tener un estatuto tributario que trate de igual forma a todas las actividades productivas, esto en términos de tributación a las empresas.
Revisar y eventualmente eliminar los mecanismos de zonas francas, especialmente las unipersonales, que en la práctica son regímenes tributarios preferenciales que generan una competencia desleal con los productores locales sujetos al régimen general.
Eliminar el descuento del impuesto de comercio y avisos, ICA, pagado a nivel territorial contra el impuesto de renta, una medida que crea incentivos a aumentar las tarifas del ICA a nivel local en detrimento del recaudo de renta a nivel nacional, y que implica un costo fiscal de 0,5% del PIB a partir del 2022.
También se buscaría posponer la reducción de la tarifa de renta corporativa y dejarla en 31% hasta 2026. La propuesta también incluye elevar gradualmente, hasta llegar a 8%, la tarifa del IVA sobre los bienes y servicios que actualmente están exentos excluidos, o gravados al 5%.
Los cálculos indican que las exenciones al IVA dejan sin gravar cerca de la mitad de los bienes y servicios que consumen los hogares y cuestan 5,2% del PIB, beneficiando en mayor proporción a los hogares de altos ingresos que a las familias más pobres. Específicamente, se propone una tarifa de 2% en 2022 para los bienes excluidos y exentos, del 5% en 2023 y del 8% de 2024 en adelante.
Ampliar la compensación del IVA para los cuatro primeros deciles de ingreso, que estimamos sería de alrededor de $ 63.000 pesos mensuales.
Lo que se busca
La propuesta tendría importantes impactos en la redistribución del ingreso, reducción de la pobreza, el aumento de la formalidad laboral y un mayor crecimiento económico, según indican.
Disminuyendo el índice de Gini en 4 puntos porcentuales, se reduce sustancialmente la desigualdad del ingreso. Reduce en 9,3 puntos porcentuales la pobreza, lo que equivaldría a sacar a 4,5 millones de personas de la pobreza.
Así mismo incentiva la creación de al menos 815.000 empleos formales e implica un aumento en el crecimiento económico de 0,52 puntos porcentuales, generando un círculo virtuoso de formalización, crecimiento y fortalecimiento del recaudo tributario.
