La sociedad colombiana está sorprendida con la propuesta ilusa que realizó el primer mandatario de los colombianos, de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de reformar la Constitución Política de 1991, para buscar su reelección presidencial, en medio de una manifestación popular que se llevó a cabo en el sector de Puerto Rellena en la ciudad de Cali, el viernes anterior. No midió las consecuencias adversas, que ello le generaría a la imagen de su gobierno que actualmente se encuentra desgastada por su accionar gubernamental incoherente que ha desarrollado y que lo llevado a tener unos niveles de respaldo por debajo del 30%, de acuerdo con los sondeos de opinión. Además, no cuenta con los votos asegurados para sacar avante las reformas que ha planteado al legislativo, y que para su aprobación de esta idea disparatada se debe contar con el 50% más uno en la Cámara de Representantes y también en el Senado, lo cual es imposible. Además, se requiere la aprobación de la tercera parte del censo electoral (13,4 millones de votos), lo cual es absurdo, en medio de la profunda polarización en que se encuentra el constituyente primario.
Este supuesto proyecto de Ley tendría que ser presentado al Congreso; debe superar con éxito cuatro debates en el Legislativo (dos en la Cámara y dos en el Senado), el cual sería solo el punto de partida para avanzar en el proceso legal para llevar a la instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y lo que seguiría después que es un complejo proceso que pasa por las altas cortes, que debe llevar a la activación de la organización electoral para que los colombianos voten, una campaña de elección de los constituyentes y finalmente las discusiones para la redacción de la nueva Constitución que modificaría la de 1991. Algo imposible. Los tiempos que le restan al actual presidente no le dan. Definitivamente en medio de la retórica barata que ha caracterizado al presidente Gustavo Petro Urrego, cuando se encuentra en medio de sus áulicos, plantea esta iniciativa gubernamental que es inviable, desde todo punto de vista.
Cuando estaba en campaña presidencial, siempre expresó que no iría a modificar la Constitución Política de Colombia. En 2018, el entonces candidato presidencial Gustavo Petro, junto al exalcalde de Bogotá Antanas Mockus y Claudia López se comprometió a no citar una constituyente. Ahora desesperado porque no encuentra respaldo político para llevar a cabo sus Petro reformas, sale a decir lo contrario. Una Constituyente en todo caso no garantiza que se apruebe lo que el Gobierno pretende y sí abre una puerta muy amplia para hacer modificaciones. Es un arma de doble filo. Así como están las cosas, el país no le apostaría a este esperpento de iniciativa popular planteada por el ejecutivo.
