DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Galindo
Los neivanos opinaron de aprobar el Congreso una ley antivandalismo, como anuncia el Gobierno, respetando el derecho a las movilizaciones en paz, pero actuando con contundencia contra quienes destruyen y saquean.
Ante las graves alteraciones del orden público en algunas de las protestas ciudadanas de los recientes meses, Gobierno y partidos políticos alistan presentar al Congreso diferentes proyectos de ley que buscan regular las manifestaciones pacíficas y castigar, cuando sea el caso, a quienes cometan actos de vandalismo.
En el Huila, la capital Neiva ha sido la más afectada por daños en sus bienes públicos, como mobiliario urbano o de privados, en el caso de los establecimientos comerciales.
“Son graves hechos vandálicos que merecen nuestro rechazo, sin distingo alguno, por la enorme afectación que causan al tejido social y económico de la ciudad, y porque van en contravía de cualquier demanda democrática y movilización pacífica desdibujándola por completo”, dijo el abogado Jacinto Peralta, afectado porque su oficina queda junto a una entidad bancaria en el microcentro de la ciudad.
Propósitos del proyecto
La idea de las iniciativas planteadas, en principio, es sancionar este tipo de conductas, sin perjuicio del respeto por las movilizaciones y protestas pacíficas, sin alterar el orden público ni dañar a la ciudadanía.
En Neiva, los barrios y habitantes de Cándido Leguizamo, Santa Inés, Las Mercedes, vecinos a la Universidad Surcolombiana, al corredor vial de los puentes junto a la Usco y El Tizón, el comercio y residencias cerca al Parque Leesburg en El Quirinal y, claro, el microcentro de la ciudad han sido los más afectados por las refriegas con piedras, gases y explosiones entre jóvenes, vándalos y la Policía.
“La destrucción y saqueo de locales comerciales en varios sectores de ciudad o las afectaciones a la libre movilización de la gente o la destrucción de estaciones de Policía registradas al margen de las manifestaciones de organizaciones sociales, centrales obreras y jóvenes universitarios ya nos tienen mamados”, señaló Ricardo Tribiño, contador público que reside al norte de la ciudad, sitio privilegiado de los disturbios.
Otros se quejan de que constituyen inadmisibles acciones delictivas tras las cuales la ciudadanía clama respuestas de sus autoridades, especialmente de la fuerza pública para reforzar las labores de vigilancia y control destinadas a evitar que estos asaltos sigan escalando y originen sucesos nuevos cada vez que hay un reclamo por alguna decisión del Estado o política de Gobierno o celebración de cualquier tipo.
“Mucho más lamentables que comprometan el bienestar y la tranquilidad de una población que no termina de reponerse del impacto de las crisis derivadas de la emergencia sanitaria”, agrega Tribiño.
“Neiva y la ciudadanía deben cerrar filas contra los vándalos, a los que no se les puede consentir que arrinconen a sus habitantes a la zozobra o la angustia de perder en un instante de violencia irracional el esfuerzo de años de trabajo y sacrificio”, afirma Magnolia Giraldo, empleada bancaria, quien fue testigo, cuenta, de hechos de violencia contra la sede donde trabaja.
Y es que las víctimas de estos inaceptables desmanes, son familias, así como los empleados de los locales impactados, quienes pagarán, quién sabe por cuánto tiempo, los platos rotos de la violencia desmedida e irracional, que desmoraliza aún más en medio de tanta adversidad por la pandemia.
Por eso, ya muchos ven con buenos ojos se regule la protesta pacífica y se castigue a los vándalos.
“En las movilizaciones conviven jóvenes indignados por la falta de oportunidades, cansados por la suma de crisis que afrontan, y les asisten sus propias razones para ejercer el derecho constitucional de protesta. Pero, lamentablemente, también están quienes se han radicalizado y acuden a todas las formas posibles de vandalismo para destruir lo ajeno”, manifestó el abogado Ricardo Penagos.
Otros neivanos consultados coincidieron en manifestar que “después de lo que hemos visto en el país, es claro que Colombia necesita una Ley Antivandalismo. Se debe respetar la manifestación pacífica (…) pero se debe ser absolutamente contundente contra el vandalismo y la violencia que hemos visto”.
Justificación gubernamental
Sobre el tema el Gobierno ha dicho que la iniciativa apenas está en construcción entre los ministerios de Justicia, Interior y Defensa y la Consejería para la Seguridad Nacional. “A esos actos se les enfrenta con toda la capacidad institucional, con todo el imperio de la ley y con todo el apego a los derechos humanos”.
Y se mueve en tres líneas de acción: “determinar nuevos tipos penales para delitos, penas más severas y diferenciar cómo a través de la acción en contra del vandalismo se protege la manifestación pacífica”.
El vandalismo golpea a todos por igual, comenzando por que es la ciudadanía la que paga los impuestos con los que se dota el espacio público y se construye la infraestructura de los sistemas de transporte masivo, y los CAI.
No hay que temerles a las sanciones ni se castigue a los responsables, que terminan siendo delincuentes que actúan contra la comunidad, comenta Justino Cerquera, profesor del colegio José María Anzoátegui:
“Quienes lideran la protesta social deben ser capaces, entonces, de marcar distancia de los que incurren en conductas en contravía del Código Penal. Las autoridades deben, a su vez, aportar para separar la acción pacífica de la violencia y el vandalismo”.
Nada más representativo de las libertades democráticas que las protestas por su efecto social y simbólico, pero cuando la violencia aparece, desvirtúa todo, agrega Ulpiano Endo, contratista de la Alcaldía.
En resumen, en una sociedad democrática debe estar garantizado el derecho a la protesta y la libertad de reunión, pero sobre la base de que el ejercicio de esos derechos no se puede confundir con actos de violencia, ni con caos o daño a la comunidad y a sus derechos. Una cosa es el derecho y otra el abuso del derecho.
Opina la comunidad:
Oto Gutiérrez: “De acuerdo, pero debe haber un proceso de socialización muy importante es en el Congreso de la República, para que sea debatido amplía y democráticamente”.
Ligia Ocampo: “Me parece una opción válida como respuesta a los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías que dejan a la comunidad en medio”.
Serafín Bernal: “Solamente hay que ver las imágenes de vandalismo y disturbios y estar cerca de ellos, como nos ha tocado a muchos, para entender que falta regular las protestas y la acción policial.
Alonso Rodríguez: “Tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo, y por eso invito a los colombianos a apoyar la iniciativa”.
Zenaida Santos: “Debe existir cero tolerancias, frente a esos fenómenos y debe actuar la Fuerza Pública con toda la legitimidad”.
Un derecho que se debe garantizar es el de la libre movilización.
