Mucho se ha hablado durante esta semana del futuro de las revocatorias del mandato en Pitalito, Gigante y Campoalegre, sin embargo, lo cierto es que ha estos procesos aún no se les ha dado punto final, pues a la fecha, se está a la espera de la última voz que estaría en manos del Gobernador del Huila.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: Felipe Poloche
Es decir, todavía se desconoce la aplicación que tendrá la sentencia C150 del 2015, la cual, determinaría que durante el último año de mandato no podría continuar se con este tipo de proceso, pero se insiste, en que aún hoy no se ha dado una directriz contundente de la decisión que se tomará, por lo menos, en lo que respecta al Huila.
La delegada de la Registraduría en el Huila, Yanira Córdoba Rivera, explicó que, en este momento se tienen vigentes las revocatorias de Pitalito, Campoalegre y Gigante. Frente a eso ya se tiene el certificado expedido por el Consejo Nacional Electoral sobre el cumplimiento de la rendición de cuenta para el proceso en Pitalito, es decir, en ese municipio ya se cumplió con los dos requisitos (certificación de firmas y rendición de cuentas). Además, tanto Gigante como en Campoalegre, están a la espera del certificado de rendición de cuenta, por lo cual, les faltaría tan solo un requisito que ya está en trámite.
Bajo esta lógica, la Registraduría Municipal expidió un acto administrativo donde determina el cumplimiento de estos requisitos legales y constitucionales, para posteriormente, notificar al Comité Inscriptor. Actualmente se encuentran a la espera de que la Gestión Electoral realice algún tipo de pronunciamiento sobre la sentencia C150 del 2015, donde se hace una revisión constitucional de la ley 1757 del mismo año, en el sentido de que, ya se está en el último año del mandato de todas las autoridades territoriales.
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Sin punto final
Al estar a la espera de algún pronunciamiento, no se podría declarar terminados los procesos de revocatoria en el Huila, toda vez que, no se ha determinado si realmente es conveniente o no continuar con el trámite, no obstante, esto podría afectar sustancialmente el principio de la eficiencia del Estado.
“Una vez se tengan los certificados y la resolución donde se indique que cumplen constitucional y legalmente con los requisitos, se debe comunicar en este caso al señor gobernador, Luis Enrique Dussán, que en segunda instancia continua precisamente el proceso para tomar una decisión. En ese sentido, se desconoce si se continúa con los procesos de revocatoria del mandato en el departamento del Huila y solo habría que esperar. Una vez tengamos respuesta se notificará a los diversos comités promotores”, agregó la delegada de la Registraduría en el Huila.
Revocatorias en desistimiento
Aparte de las tres revocatorias del mandato que siguen vivas, en el departamento del Huila, también se tuvieron otras solicitudes en Neiva, Palermo, Garzón y Paicol, no obstante, esos procesos presentaron desistimiento, es decir, no continuaron en este proceso y, por tanto, no están en función.
Frente a las ‘trabas’ en los procesos señalados por los voceros de las revocatorias del mandato, Córdoba Rivera, afirmó que, la Registraduría Nacional ha venido cumpliendo con cada una de las etapas de las solicitudes, tales como la inscripción, la entrega de los formularios, recibir los apoyos y hacer el análisis dentro de los términos que establece la norma 1757 del 2015. “Lo que hemos tenido a cargo lo hemos hecho. De nuestra parte todo se ha hecho conforme lo indica la norma”, concluyó.
Defensa jurídica
Maira Eugenia Herrera Gutiérrez, vocera de la revocatoria de Pitalito, mencionó que, el comité prorevocatoria sólo han sido notificados del archivo de una investigación administrativa que seguían en su contra, pero de resto, no han recibido ninguna otra información. Es así como toda esta situación la han conocido a través de medios de comunicación, más no mediante comunión oficial.
Detalló así que, si no se llegase a continuar con el proceso de la revocatoria por la sentencia citada realizarán una defensa jurídica que ya están alistando. Esto en aras de que el pueblo tenga derecho a decidir si quiere sacar al alcalde o no. “Ahora bien, estas elecciones no tienen un costo tan alto en el patrimonio público, en cambio sí, la democracia tendría un mayor valor cuando se empiece a respetar el voto programático y se siente un precedente frente a los derecho y deberes de nuestros gobernantes”, indicó.
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Según expuso, todos los alcaldes han interpuesto una queja en contra de los procesos que se adelantan de manera sistemática, para de alguna manera desvirtuar el ejercicio de control político que se adelanta y dilatar el debido proceder. En ese sentido, añadió que con esto lo que hicieron fue entorpecer los procesos y ganar tiempo, que en definitiva es lo que hoy genera este ambiente.
“Como es posible que después de dos años aun sabiendo ellos de esa sentencia, vengan y nos notifiquen de los archivos de todas la investigación y certificación justo finalizando el mes de siembre, es decir, es una burla a nuestros derechos constitucionales y es una flagrante violación para despacharnos sin llevar a cabo las elecciones de revocatoria, eso se nota y se ve. Se dilató mucho el proceso para que no se pudiera realizar”, dijo Herrera Gutiérrez.
No hubo diligencia
Advirtió entonces que, la sentencia dice también que hay una obligación de las autoridades electorales para hacer todo de una manera diligente dentro del segundo y tercer año de gobernanza, caso contrario, a lo ocurrido en el departamento. Con este panorama, y teniendo en cuenta que las fallas vinieron de la institucionalidad, entonces no tendrían que someterse a lo estipulado en esa sentencia.
“Nosotros confiamos en la institución y vamos a dar la pelea que tengamos que dar jurídicamente, para sentar un precedente y que las intuiciones no hagan lo que están haciendo con estos derechos civiles y políticos. Está demostrado cómo se ha atentado contra esos procesos”, aseveró.
¿Qué dice la ley?
En ese sentido, buscan demostrar que las ‘trabas’ se tuvieron por parte de la institucionalidad y, por tanto, ellos deberían continuar con el proceso. Así lo informó Germán Mojica, promotor de la revocatoria en Gigante, quien también comentó que, la opinión y publicación que hizo la delegada de la registraduría fue acelerada y completamente irresponsable porque la ley no dice lo que ella está diciendo.
“Independientemente de que haya una sentencia de constitucionalidad, es decir, que haya un tema que la corte constitucional haya regulado, no significa que eso sea la ley. La ley es muy clara y la revocatoria tiene un procedimiento que se tiene que acoger y automáticamente tiene que pasar al gobernador, por lo cual, ellos no pueden determinar que se acabaron las revocatorias. Esa sentencia no significa que esa sea la ley”, enfatizó el vocero.
En este orden de ideas, aseguró que, si el gobernador del Huila toma una decisión basada en esa sentencia, simplemente se interpone una acción constitucional porque las autoridades no garantizaron el procedimiento adecuado. De acuerdo con Germán Mojica, está claro que se burlaron de los procesos de revocatoria del mandato porque toda esta situación fue a propósito para poder salvar a los alcaldes de esos municipios y ahora lo que se pretende es seguir dilatando el proceso.
Esto, según él, lo venían advirtiendo desde principio de año y, por tanto, ya se esperaban esta jugadita. Sostuvo ante esto que, “Yo advertí que estaban dilatando los procesos para que llegara el 31 de siembre y los alcaldes se salvarán, que es lo que está sucediendo. Yo hablé con Ludys Emilse Campo Villegas, directora de Gestión Electoral y me garantizó que la revocatoria iba hasta el 31 de diciembre del 2023 y que lo que estaba pasando en el Consejo Nacional Electoral no iba a afectar la consulta en el último año. Esto sin importar la sentencia”
Finalmente, dijo que acudirá a instancia internacional de Derechos Humanos para demandar al Estado Colombiano porque tiene pruebas de las advertencias que hizo durante todo el año en este proceso.
