La Superintendencia de Industria y Comercio SIC formuló cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y 29 clubes de fútbol profesional colombiano.
Esta acción se lleva a cabo con el propósito de investigar si estos agentes habrían desarrollado un sistema que limitara la libre competencia económica en el mercado de la Liga Profesional Femenina desde 2017 hasta la fecha actual.
Según la SIC, la estrategia presuntamente implementada por los agentes investigados habría involucrado diversas actuaciones, algunas de las cuales son las siguientes:
Los clubes de fútbol investigados, en colaboración con la DIMAYOR, habrían acordado cláusulas estandarizadas en los contratos laborales de las jugadoras, limitando la duración de estos contratos al periodo de la Liga Profesional Femenina, que históricamente ha tenido una duración de entre 1 y 4 meses al año. Además, se habría establecido una cláusula relacionada con la explotación de los derechos de imagen de las jugadoras, que las obligaría a participar en campañas publicitarias sin una compensación adicional.
Le puede interesar: Huila se alista para los Juegos Nacionales y Paranacionales
Los clubes, con la participación de la FCF y la DIMAYOR, habrían fijado una tabla de salarios que clasificaba a las jugadoras en categorías determinadas, limitando así la remuneración de la mayoría de las jugadoras a un salario mínimo mensual vigente, con un tope máximo de 4.500.000 pesos mensuales.
Estas prácticas conjuntas habrían resultado en que las jugadoras recibieran salarios cercanos al mínimo legal por un periodo no superior a 4 meses al año, lo cual podría obstaculizar su desarrollo profesional y requerir que busquen otras fuentes de ingresos, afectando el crecimiento del fútbol femenino. Además, al haberse acordado estas condiciones entre todos los clubes, se habría limitado la movilidad de las jugadoras en busca de mejores oportunidades.
La FCF y la DIMAYOR, con la aprobación de los clubes, habrían rechazado recibir los recursos ofrecidos por el Gobierno Nacional para el desarrollo del fútbol femenino, argumentando la falta de patrocinio y presupuesto. Sin embargo, se sostiene que la negativa real habría estado relacionada con el temor a la vigilancia y auditoría de los entes de control que implicaría el uso de fondos públicos.
La DIMAYOR, con el consentimiento de los clubes investigados, habría celebrado un contrato con WIN SPORTS para la transmisión de los torneos. Las condiciones de este acuerdo habrían perjudicado la Liga Profesional Femenina, ya que se estipuló la transmisión de un solo partido femenino frente a 10 partidos masculinos y la posibilidad de reemplazar el partido femenino por cualquier otro, lo que habría limitado el crecimiento de la liga.
Esta investigación también involucra a personas jurídicas, además de individuos, y busca esclarecer las implicaciones de estas conductas en el desarrollo del fútbol profesional femenino en Colombia.
Puede leer: Ana María Guzmán, fue presentada como nueva jugadora del Bayern Múnich
