Un nuevo capítulo se construye para los ocho jóvenes integrantes de la ‘Primera Línea’ en Neiva quienes desde el pasado mes de abril fueron capturados producto del ‘Estallido Social” del 2021. En la audiencia de lectura de auto se determinó cambiar la medida de prisión carcelaria a prisión domiciliaria mientras avanza el proceso.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Johan Eduardo Rojas López
Entre lágrimas y alegría absoluta, los defensores de los ocho jóvenes integrantes de la ‘Primera Línea’ en Neiva acusados de ser los presuntos responsables de cometer hechos vandálicos en la capital del Huila en el 2021, celebraron la decisión que se tomó durante la audiencia pública de lectura de auto. Los mensajes no se han hecho esperar y mientras unos celebran la decisión, otros la condenan. Sin embargo, es importante remarcar que esto no define el proceso dado que el mismo continua.
Andrés Felipe Yara Vargas, Pablo Fernando Vargas Lima, Edwin Herrera Pimentel, Vanessa Cabrera Sánchez, Kevin David García, Ignacio Sebastián Zambrano, Angie Carolina Cuellar y Cristian Andrés Reyes Cuellar, quienes fuesen capturados el pasado mes de abril en esta oportunidad tienen un ‘aliciente’ para seguir en la lucha jurídica que atraviesan a raíz de las protestas del año pasado.
Luis García, padre de Kevin David García Mosquera, señaló que, de las cenizas les tocó levantarse, sacudirse y así estuvieran destrozados, darle fuerza y moral a su hijo para que siguiera adelante con firmeza. Por tanto, luego de conocer la decisión del juez, la alegría es inmensa.
“Lloramos al saber que un juez imparcial dictaminó y se basó en la ley. El proceso sigue y en este momento solo queremos tenerlo en el seno de nuestro hogar, abrazarlo y manifestarle físicamente que es nuestro hijo a quien inicialmente lograron pisotearlo, pero vamos a seguir en la lucha porque el nombre de él tiene que ser reivindicado por la sociedad, medios de comunicación y todo Colombia”, señaló García.
Recordó que, como familia inicialmente quedaron destrozados, pero lograron levantarse de las cenizas en el que los dejó el Estado Colombiano dado que su hijo fue sometido a la humillación nacional. “Él no es ni el 5% de los que se dijo durante el circo que montó la Policía Nacional y la Fiscalía General. Es indígnate saber que a él lo sacan del búnker de la fiscalía a las tres de la mañana y lo meten a una camioneta que no se identificaba, para trasladarlo de cárcel. Allí lo amenazan dentro de la camioneta psicológica y físicamente”, indicó.
El proceso continúa
Sebastián González Cortes, abogado de Andrés Felipe Yara en el proceso penal que se sigue en su contra y vocero de todos los apoderados de los ocho jóvenes para las declaraciones, detalló que, producto de las manifestaciones en el año 2021 se inició una investigación al interior de la Fiscalía General para establecer responsabilidades de personas que pudieron tener participación en hechos vandálicos que se dieron al interior de las marchas.
Precisamente, según esa investigación este grupo de jóvenes podrían tener participación en estos hechos. Es así como deciden solicitarle a un juez de control de garantías la captura de estas personas e iniciar el proceso. Durante varias semanas se hizo siguiente al proceso y los ciudadanos a través de las redes sociales se convirtieron en jueces (unos a favor y otros en contra) de los ocho capturados.
“Ese proceso inicia con una serie de imputaciones por hechos ocurridos entre el mes de mayo a junio del año 2021, en el sector del Tizón, en la bomba de contras ganadera y el puente de ‘la resistencia’. La obstrucción de vías, daños en algunos vehículos, hurto de unas armas de fuego y otra serie de circunstancias, fueron los presuntos hechos que cometieron. Nosotros como defensa iniciamos una labor para determinar que ellos no son responsables de estas conductas y esa es la controversia que existe”, agregó el vocero de los abogados.
El proceso continuó su rumbo y un juez de control de garantías en primera instancia decidió imponer una medida cautelar de aseguramiento contra todos los procesados en establecimiento carcelario que determina básicamente que la persona debe estar privada de la libertad mientras se surte el proceso, por lo tanto, ellos actualmente no están condenados ni absueltos, es decir, que están dentro de un proceso para determinar su culpabilidad o inocencia.
En ese momento, la defensa se opuso a esa decisión del juzgado en primera instancia y apelaron la decisión. Ahora, en segunda instancia un juez de categoría circuito les halla la razón y decide revocar la decisión, lo que significa que la medida de aseguramiento pasa a ser domiciliaria.
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Sin embargo, eso no define de fondo el proceso dado que el mismo sigue su rumbo normal, solo que ellos tendrán la posibilidad de defenderse y presentar sus pruebas desde sus casas. Hay que recordar que, Andrés Felipe Yara Vargas, Pablo Fernando Vargas Lima, Edwin Herrera Pimentel, Vanessa Cabrera Sánchez, Kevin David García e Ignacio Sebastián Zambrano, estaban en medida intramural, mientras que Angie Carolina Cuellar y Cristian Andrés Reyes Cuellar, en domiciliaria por decisión del juez. Lo anterior, quiere decir que, todos contarán con aseguramiento domiciliario.
Dijo también que, “La apelación fue contra los ocho jóvenes, sin embargo, lo que decide el juez es que las seis personas que estaban en prisión intramural pasarán intramurales y las dos que estaban en domiciliaria, se mantuvieran allí. Esto porque el juez considera que no deberían estar en la cárcel sino en la casa. Nosotros somos muy optimistas de lo que pueda ocurrir, estamos convencidos que no existe responsabilidad penal, sin embargo, esa no es una decisión que tomamos como defensa de fondo en el asunto, sino que es un juez quien a través de los medios probatorios decide”
Según argumentó, pudieron encontrar que de cierta manera la investigación permeada por asuntos políticos “no quiero decir que una corriente política como tal, sino por lo que significaba políticamente en el momento este tipo de manifestaciones y las situaciones que se presentaron a su alrededor”, afirmó.
Tanto así que, hoy en día, al parecer, la Fiscalía General entregó un escrito de acusación que es el documento en el cual materializa su investigación y muchos de los delitos que inicialmente fueron imputados a los procesados ya no van. Es decir, que la misma entidad los elimino. La extrusión, secuestro, hurto calificado y concierto para delinquir agravado fueron los delitos que excluyeron.
“Esto nos da a entender que la propia Fiscalía General asume que fue desproporcionada en su investigación inicial y que a la hora de materializar su investigación presenta conforme a cómo considera los hechos ocurrieron. Pese a eso nosotros como defensa nos vamos a oponer a ese escrito de acusación para demostrar la defensa de los procesados. Pero de cierta manera deja entrever que el asunto va mucho más allá. Nosotros estamos convencidos de que podemos sacarlo adelante y ellos al final salgan absueltos, sin embargo, el proceso está en la etapa inicial”, advirtió el abogado.
“Sus voces ya no están más detrás de las rejas”
Lourdes Paola Mateus, concejala de Neiva, desde el día de la captura ha alzado su voz y manifestado que no los dejara solos dado que ella viene del activismo social y eso implica una cercanía con organizaciones y movimientos sociales. Siempre ha insistido en que ninguno de los ochos jóvenes son un peligro para la sociedad y, por eso, ha exigido el debido proceso.
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“El proceso de protesta que se dio durante el estallido social, sin duda alguna, fue el resultado de décadas de malos gobierno que hicieron que se desbordara el aguante que tenía la gente. La mayoría de los jóvenes que salieron a marchar han sido excluidos de la sociedad completamente y en ese momento todo el país nos estábamos enfrentando a dos reformas que iban a ser completamente regresivas para las clases populares del país. En este sentido, fue gracias a este estallido se tumbaron estas reformas e inclusive un ministro de hacienda”, recordó la concejala.
Aseveró así que, el país también tiene una deuda con estos chicos que salieron a defenderse con mucha valentía y dignidad en ese momento. A raíz de eso, tomó la decisión desde el principio de manifestar su solidaridad y compromiso con los ocho jóvenes. “A pesar de que el proceso sigue, nosotros manifestamos desde el principio que no hay suficiente material probatorio que confirme de lo que se está acusando”, concluyó.
Seguirá en la lucha
A su vez, la congresista huilense Leyla Rincón, quien también desde el primer instante se ha abanderado de la situación evidenciando su notorio apoyo a los jóvenes, desde luego, siempre guardando las leyes colombianas, se refirió al tema y sostuvo que, “Desde mi percepción las medidas que se adoptaron con estos muchachos fueron de orden político. La decisión de otorgar prisión domiciliaria a los jóvenes es porque considero que se ha actuado en derecho, en ningún momento estos jóvenes se pueden considerar como peligro para la sociedad y eso es lo que hemos reclamado siempre”.
Añadió que seguirá luchando por reivindicar sus derechos desde el congreso.
“Se les señaló de lo peor”
Andrea Jiménez, directora del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (OBSURDH), expuso que, ellos desde el momento las capturas empezaron todo el proceso de coordinación del equipo jurídico y defensa para los seis chicos que estaban en centros penitenciarios dado que, a su parecer, las autoridades actuaron basados en unos delitos completamente inflados frente a lo que realmente se vivió en el marco de la protesta.
“Se les señaló como los peores delincuentes del mundo. El proceso sigue, nosotros seguimos en este proceso de articulación. Ellos no son los terroristas que la fuerza pública mostró y no han actuado de mala fe”, aseguró.
