En las últimas semanas, Ecuador fue testigo de toques de queda, la presencia militar en las calles y hombres armados irrumpiendo en un estudio de televisión, recordándonos de manera cruda la penetrante influencia de la violencia y el crimen organizado en América Latina y el Caribe (ALC). Este fenómeno, aunque visiblemente presente, rara vez ha sido suficientemente debatido en términos de su conexión directa con el desarrollo de la región.
América Latina y el Caribe ostentan el triste título de ser la región más violenta del mundo, y lamentablemente, esta violencia está en constante aumento. Los índices de homicidios por persona son cinco veces superiores a los de América del Norte y diez veces más altos que los de Asia. A pesar de albergar solo el 9% de la población mundial, la región representa un tercio de los homicidios a nivel global.
Esta violencia desempeña un papel crucial en las decisiones de migración. Médicos Sin Fronteras destaca que, si bien los incentivos económicos son factores impulsores, la violencia actúa como un elemento decisivo en la migración hacia Estados Unidos desde Centroamérica. Además, agrava las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables: los pobres, los jóvenes, las minorías étnicas y los grupos LGBT+.
Desde principios de la década de 2000, el crimen organizado se ha erigido como la principal fuente de violencia en la región, superando incluso a la violencia social y doméstica. Este panorama desalentador se combina con un crecimiento económico mediocre, bajos niveles de productividad y una desigualdad persistentemente alta.
La violencia no solo obstaculiza el desarrollo social, sino que también impacta directamente en el crecimiento económico. Amenazando los derechos de propiedad, afecta las decisiones de inversión. Un estudio en Colombia demostró que la perspectiva de un acuerdo de paz inminente impulsó la creación de empresas, pero se detuvo abruptamente cuando el acuerdo fue rechazado en un plebiscito nacional.
En la lucha contra el crimen y la violencia, los gobiernos tienden a gastar más en seguridad y menos en desarrollo. La violencia destruye el capital humano al afectar el mercado laboral y disminuir la productividad, infligiendo costos significativos. Según un informe del Banco Mundial en 2012, la violencia representó un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en seis países de la región.
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Urge reconocer que la violencia es el epicentro de los desafíos más apremiantes de ALC y debe ocupar un lugar central en las discusiones sobre crecimiento económico, productividad, pobreza y reducción de la desigualdad. Aunque no existe una solución única, es esencial identificar prioridades y áreas donde se requiere más conocimiento para mejorar el diseño de políticas.
La región necesita urgentemente mejores sistemas policiales y judiciales, programas para abordar la salud mental de las víctimas, y una producción sistemática de datos para comprender los patrones de violencia del crimen organizado. También es crucial iniciar una conversación sobre estrategias para contener la violencia que frenan a la región, superando las fronteras nacionales.
Esta columna hace un llamado a gobiernos, academia, sector privado, sociedad civil y la comunidad internacional. Es imperativo reconocer la urgencia de actuar y unir fuerzas para enfrentar colectivamente al monstruo que amenaza la vida en América Latina y el Caribe.
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