Dorys Ardila Muñoz, miembro del Comité de Monitoreo y Seguimiento a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, en diálogo con Diario del Huila. Indicó que, pese a la voluntad política del actual gobierno, este deberá priorizar recursos económicos para resarcir a las víctimas.
Diario del Huila, Entrevista
El 28 de junio de 2023, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, se llevó a cabo la trascendental entrega pública del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Durante este evento, los comisionados destacaron dos aspectos cruciales para la transición hacia la paz.
En primer lugar, subrayaron que la verdad es un bien público que trasciende las fronteras nacionales. En segundo lugar, enfatizaron la importancia de implementar las 67 recomendaciones establecidas en su informe, considerándolas una apuesta fundamental por la transformación de la sociedad colombiana.
A un año de la entrega del Informe Final de la CEV, el panorama político y social del país ha complicado el proceso de implementación de las recomendaciones. A pesar de que estas recomendaciones ocupan un lugar destacado en la agenda política del país, gracias al compromiso político del gobierno desde la entrega del informe, este compromiso ha experimentado matices y ha generado desencuentros.
Dorys Ardila Muñoz, miembro del Comité de Monitoreo y Seguimiento a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, dialogó con Diario del Huila sobre el avance de estas recomendaciones y la necesidad de voluntad política del actual Gobierno.
¿Qué es el Comité de Monitoreo y Seguimiento a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad?
El Comité de Monitoreo y Seguimiento es la tercera instancia que forma parte del sistema integral de paz, conocido inicialmente después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y las extintas Farc como Sistema de Verdad, Justicia y Reparación con garantías de no repetición.
Inicialmente integrado por la Jurisdicción Especial para la Paz, La Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición, este último creado mediante el decreto 588 de 2017, tenía como objetivo establecer un relato histórico de las condiciones del conflicto, las violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, contando los testimonios de 35 mil víctimas.
Sobre la base de este informe, que salió a la luz el año pasado, se generaron 242 recomendaciones y más de 600 acciones para su implementación, involucrando a todo el Estado colombiano, la sociedad civil y algunos actores de la comunidad internacional.
¿Cuál es el balance del proceso durante el 2023?
Durante este primer año, el Comité tuvo la tarea de elaborar dos informes anuales. En el proceso de construir la infraestructura necesaria para el seguimiento y monitoreo, se elaboró un informe temático presentado en julio de este año. Este informe se centró en la tarea desarrollada por el Gobierno, presentando recomendaciones que coincidieron con la Comisión y fueron trasladadas a proyectos de ley.
Es relevante destacar que 47 de las 242 recomendaciones fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y algunas leyes, como el Acuerdo de Escazú y el reconocimiento del campesinado como sujetos de derechos, avanzaron. Sin embargo, es esencial no solo formalizar avances jurídicos, sino también manifestar voluntad política y asignar presupuesto público, incorporando estas recomendaciones como política pública en diversos ámbitos gubernamentales.
Para el 2024, el reto es incorporar estas recomendaciones en los Planes Departamentales de Desarrollo, además de afrontar el desafío económico que el presidente Gustavo Petro ha señalado en relación con la falta de recursos para resarcir a las víctimas, lo cual es crucial para avanzar hacia una «Paz Total».
Actualmente, el Gobierno se encuentra en una encrucijada debido a la falta de recursos suficientes para compensar a los millones de víctimas generadas por el conflicto en Colombia. Durante una sesión del Consejo Nacional de Paz, el presidente destacó la necesidad de 300 billones de pesos para llevar a cabo dicho resarcimiento.
Este desafío no solo implica asignar recursos financieros para la ejecución de políticas públicas, sino que también representa una prioridad inmediata para poner fin al conflicto armado en el país. El objetivo principal es lograr que Colombia no esté inmersa en la guerra y, en segundo lugar, crear condiciones de seguridad que permitan a la población vivir de manera tranquila y en paz.
¿Cómo percibe el Comité la situación actual en Colombia?
Lamentablemente, eso no lo estamos viendo, porque se sigue produciendo reclutamiento de niños, secuestros, asesinatos de líderes, de excombatientes, firmantes del Acuerdo de Paz. Lo que tenemos que propugnar es que se puedan dar unas condiciones de cese al fuego y hostilidades en este país, para que la política pública, en unas condiciones de normalidad y de ausencia del conflicto armado, pueda empezar a trabajar en resarcir derechos y proporcionar garantías y una condición de paz en la que se viva con normalidad.
El Huila ha sido testigo de muchas de estas contravenciones al Acuerdo de Paz. ¿Cuál es la lectura que hace el Comité para la región?
El llamado desde el Comité de Monitoreo y Seguimiento es que cesen esas hostilidades, a que se respeten las normas, a que paren y cesen los secuestros, la extorsión; es gravísimo porque no podemos seguir en esas circunstancias. Lo decía la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Yuliette De Rivero, donde se insta a los grupos armados a que cesen con esas prácticas, que se cumplan los Derechos Humanos y que se cumplan las garantías para la vida y la integridad de las personas.
A la medida que esas acciones mermen se puede entrar en un espacio de diálogo. Nosotros asumimos que el Gobierno en su voluntad política está buscando eso a través de los diálogos que tienen con los diferentes grupos. Somos muy respetuosos y celebramos que se lleven a cabo esos diálogos y que estos se puedan concretar en acuerdos de paz.
Si no hay dinero para la paz, ¿Cuánto podría tardar en implementar las recomendaciones del informe final?
En este contexto, el Gobierno Nacional deberá establecer prioridades, identificando las necesidades más apremiantes y desarrollando políticas públicas de manera estratégica.
Observando las acciones del presidente Gustavo Petro, se evidencia su impulso en el ámbito internacional, particularmente en áreas como la sostenibilidad ambiental, la descarbonización y la promoción de energías limpias, así como el fomento del turismo como herramienta para la construcción de la paz. Estos enfoques representan nichos donde Colombia tiene el potencial de destacar a nivel global.
En este sentido, el gobierno debe integrar estos aspectos en su agenda económica, identificando recursos y estrategias para potenciar estos sectores de la economía y asegurando que se reflejen en las áreas del país con mayores necesidades. Para lograrlo, es crucial que el Gobierno establezca un diálogo efectivo con las autoridades a nivel nacional, departamental y local.
Además, es imperativo que el sector privado asuma su responsabilidad en este proceso, buscando mecanismos y alternativas que no solo beneficien sus intereses, sino que también contribuyan a ofrecer respuestas y soluciones con un enfoque socialmente responsable. De esta manera, se puede avanzar de manera más efectiva hacia la implementación de las recomendaciones, incluso en un contexto de limitación de recursos financieros.
¿Cuál es el estado actual del Acuerdo de Paz firmado en 2016?
Resulta evidente para la nación que, durante la administración anterior encabezada por el Gobierno Duque, se logró un avance insuficiente en la implementación de las recomendaciones del informe final. Durante esos cuatro años, el proceso experimentó un estancamiento significativo. Desde el Comité, mantenemos la expectativa de que el presidente Petro materialice esa expresión de voluntad política, llevando a cabo la ejecución y el cumplimiento de políticas que den respuestas a los compromisos adquiridos en la firma del acuerdo.
