Como se esperaba, la Corte Constitucional, en apretada decisión de 5-4, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. La sentencia es de cumplimiento inmediato, pero exhorta al Congreso a regular políticas públicas sobre la materia. Ojalá el Congreso lo hubiera hecho antes y no ya contra la pared. A partir de la semana 24 sigue siendo un delito, pero se aplican las causales que habían sido admitidas como justificación, que permiten el aborto cuando el embarazo es un riesgo para la salud física o mental de la mujer, abuso sexual y malformación del feto incompatible con la vida.
Por supuesto, que la decisión divide a los colombianos entre los partidarios de la decisión y los detractores. Ya se habla de un referéndum para consultar el tema al constituyente primario.
Para tratar de entender la encrucijada que suscita la sentencia, cabe hacer algunas preguntas y precisiones. Lo primero, consideramos que la pregunta correcta no es saber ¿si está o no de acuerdo con el aborto?. Yo pensaría que nadie razonable, está de acuerdo con el aborto. Yo personalmente me manifiesto en total desacuerdo; esta no puede ser la vía para la planificación de la familia, ni para manejar los derechos reproductivos de la mujer.
Viene una segunda pregunta, cuya respuesta también parece obvia acerca de ¿si hay vida en el feto?; no hay la menor duda que, en el producto de la concepción hay vida y un ser humano en potencia; cada día que pasa se desarrolla más y esa vida también es objeto de protección constitucional y los seres humanos estamos llamados a proteger la continuación de la especie. Esto no lo pone en discusión la sentencia en comento.
Una tercera pregunta sería: ¿si la mujer, adolescente o madura, que decide hacerse un aborto, por sus circunstancias personales determinadas, pobreza, miedo, inmadurez, etc., debe ir a la cárcel?. Creemos que no; ya tiene bastante con el problema de conciencia para agravarlo con la pérdida de su libertad. Pero, además, la amenaza de cárcel no suprime el problema; lo que hace es volverlo clandestino, poniendo en riesgo la vida y la salud de la mujer, que se ve avocada a realizarse el procedimiento sin la protección adecuada. El embarazo muchas veces llega por descuido, ignorancia, falta de educación y de planificación, etc. Luego la penalización, de pronto es el instrumento menos idóneo para erradicar este mal social; la educación, la salud reproductiva, el apoyo del Estado a través de políticas públicas idóneas, podrían ser mucho más eficientes.
No se trata de desproteger el bien jurídico de la vida en gestación; más bien se busca hacerlo compatible con la dignidad y los derechos de las mujeres; se trata en la sentencia de armonizar y graduar los derechos de unos y otros. Si la sentencia logra o no hacerlo, es lo que está en discusión; es el esfuerzo argumentativo que debemos hacer para poder entender lo que estamos debatiendo.
