Por: Ernesto Cardoso Camacho
Decantados los hechos que condujeron a las movilizaciones callejeras, mucho se ha escrito y escuchado en los diferentes medios de opinión y comunicación acerca de sus consecuencias en la vida institucional de la sociedad colombiana.
Existe un claro consenso en que las inconformidades sociales y políticas con las que se justificó la protesta vienen acumuladas de hace varios años y que se incrementaron sustancialmente por las devastadoras consecuencias de la prolongada pandemia del Covid 19.
La sensación más generalizada se evidencia en el rechazo contundente a la dirigencia política tradicional, hábilmente dirigida especialmente hacia el uribismo, representado en el gobierno Duque; lo que en buena parte explica su muy baja aceptación en los resultados de las encuestas. Sin embargo, en honor a la verdad, no se escapan del desgaste y del rechazo, ninguno de los expresidentes que han gobernado en los últimos 30 años, ni los congresistas actuales que representan el símbolo de la politiquería clientelista y corrupta ante los ojos de los jóvenes y buena parte de la ciudadanía.
El hecho cierto e incuestionable es que las tres ramas del poder público que constituyen el poder del Estado y en consecuencia reflejan la vida institucional de nuestra democracia, han llegado a unos límites intolerables de ineficiencia, corrupción, acumulación indebida de privilegios y ausencia total de real capacidad de escucha a los reclamos del ciudadano, circunstancias que ahondan las desigualdades y la inequidad social, semillas de la protesta.
Por otra parte, es también indiscutible que los valores y principios fundantes de nuestra nacionalidad atraviesan por una enorme crisis que sin duda alguna impacta negativamente la sana convivencia, la tolerancia y además acrecienta la violencia que se anida desde el propio núcleo familiar.
El diagnóstico más benévolo de quienes estudian y explican los fenómenos sociales, culturales y políticos; definen nuestra actual crisis institucional como la clara expresión de una sociedad enferma; donde la violencia, la criminalidad, la corrupción política y la ineficiencia del Estado para atender oportuna y eficazmente las necesidades fundamentales del ciudadano acrecientan el malestar social que se expresa bastante anárquico hoy en las calles, donde los jóvenes sin oportunidades han sido los grandes protagonistas.
Lo anterior se complementa con la violencia ejercida contra los organismos encargados de propiciar y defender la sana convivencia como es el caso de la Policía Nacional, lo que sin duda trasciende el natural sentimiento de rebeldía hacia quienes deben imponer la autoridad y el orden; violencia aupada irresponsablemente por quienes no ocultan sus intereses políticos con alta dosis de demagogia populista.
La prueba a la que ha sido sometida la institucionalidad representada en el gobierno Duque, ha permitido establecer que el presidente ha sido excesivamente pasivo y tolerante; le ha faltado liderazgo para ejercer la autoridad legítima, derivada de la constitución y la ley, para enfrentar con éxito los desmanes vandálicos y la prolongación de los bloqueos que tanto daño le han hecho a la economía nacional, en un contexto tan crítico debido a la pandemia.
A propósito, la preocupante expansión de los contagios y de muertes generadas con ocasión de las numerosas marchas, hecho que era previsible, permite repartir las responsabilidades. Por una parte y en gran medida, a quienes las instigaron y promovieron; y por la otra, al gobierno que prefirió delegar su inequívoca competencia en los gobernadores y alcaldes para prevenirlas y/o abortarlas.
En conclusión, este indiscutible desbarajuste institucional y la evidente crisis de valores y principios que registra nuestra sociedad; hacen imperativa y urgente la necesidad de aceptar el llamado que hiciera el gran pensador y humanista ALVARO GOMEZ HURTADO cuando propuso con lucidez un ACUERDO SOBRE LO FUNDAMENTAL.
Y en mi modesta opinión el camino no es otro que una ASAMBLEA CONSTITUYENTE solicitada en forma directa por el constituyente primario, LIMITADA en su agenda a reestructurar el sistema político y electoral; el sistema judicial y la estructura funcional del Estado.
