DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
¿Cómo es posible que el país haya logrado prácticamente eliminar la brecha de pobreza urbano-rural en el año de la peor crisis económica en el país en más de un siglo? Fue el interrogante que formuló el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien en una columna de un periódico nacional señala que además de los datos que reveló el Dane en el que se ve un aumento de la pobreza urbana, llama la atención que existiera una reducción de ese indicador en las zonas rurales.
Mejía dijo que “algunos de los datos que había calculado el departamento estadístico estaban errados, luego de que el Dane anunciara que la pobreza pasó del 35,7% de la población en 2019 a 42,5% en 2020. El hecho de que la línea de pobreza rural bajara para 2020, cuando los precios de la canasta básica tuvieron aumentos, podía ser un error”.
La explicación central avanzada por el Dane se refiere al efecto de las ayudas extraordinarias desplegadas a lo largo del año a nivel local y nacional, a través de pagos adicionales en programas ya existentes y uno nuevo.
El directivo de Fedesarrollo señala que el año anterior no solo hubo una caída del número de ocupados en el sector rural de 330.000 personas, una caída del 6,9%, sino que los ingresos laborales rurales se redujeron 5,3%, frente a los del 2019, por lo que afirma que queda muy difícil explicar la supuesta caída de la pobreza rural antes de las ayudas extraordinarias, con una caída de esta magnitud.
“No existe una explicación económica convincente para una reducción de la línea de pobreza rural del 5,3% en un año en el que la inflación fue de 1,6% y la inflación de hogares pobres fue de 2,3%”. Mejía argumentó que, pese a la explicación del Dane, pudo haber errores en las mediciones, que indican que la pobreza rural se redujo a 42,9%.
Uno de los motivos de esa reducción de la línea de pobreza, explicó Mejía, es que tal reducción proviene de la variación de los precios de la canasta básica en Inírida, Leticia, Mitú, Puerto Carreño y San José del Guaviare, en donde, según los cálculos del Dane, el agua se habría reducido un 81%, y la energía, un 98%. “Sin esos dos datos, completamente atípicos, la variación en la canasta básica de esas 5 ciudades fue de 2 por ciento”.
Ante el cuestionamiento de Fedesarrollo, el Comité detalló en el comunicado el proceso metodológico que llevó a hacer esos ajustes en la línea de pobreza y que se explica, entre otras cosas, por mejoras en sus mediciones y porque durante el 2020 el Gobierno anunció unos subsidios extra a los servicios públicos, lo que hizo que el costo de vida en esas zonas bajara temporalmente.
Históricamente más del 90% de la población de los centros poblados y rural disperso ha estado en condición de pobreza monetaria o vulnerabilidad.
Lo que dice el Dane
Ante los cambios transitorios asociados a la pandemia del Covid-19 y ajustes requeridos en los procesos de recolección, en el mundo entero se presentaron evidentes desafíos en la construcción de las estadísticas oficiales.
El Dane, en compañía del Comité de Expertos y en línea con estándares internacionales, ha promulgado la transparencia en la divulgación de los datos y los aspectos metodológicos para el cálculo de indicadores de pobreza y desigualdad, con el propósito de permitir escenarios técnicos en los que se busque una mejora continua de la medición de estos.
El comunicado tiene como objetivo describir la metodología de los deflactores utilizados para evolucionar la línea de pobreza monetaria rural y aportar elementos que faciliten la interpretación de los resultados de pobreza monetaria en este dominio. Este deflactor se construye a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya metodología obedece estrictamente a lineamientos derivados de buenas prácticas internacionales (FMI, 2006), evitando la inclusión de criterios arbitrarios y subjetivos.
Dada la representatividad para 32 ciudades capitales y 6 municipios priorizados, el país logró una mejora metodológica al definir líneas de pobreza diferenciadas para cada una de las 23 ciudades principales y áreas metropolitanas, resto urbano y centros poblados y rural disperso (25 líneas), permitiendo reconocer una mayor heterogeneidad en el territorio nacional.
Por otro lado, la evolución de las líneas de pobreza se realiza utilizando deflactores específicos, diseñados a partir del referente nacional más cercano: la metodología del IPC. Esto implica partir del marco metodológico de dicho índice, el cual incluye el uso de ponderadores definidos según un periodo base, la medición de variaciones y el tratamiento aplicado al comportamiento de los precios.
Mejoras metodológicas
Frente al deflactor utilizado para la evolución de la línea de pobreza rural, también se presentaron mejoras metodológicas relevantes, a partir de los resultados de la ENPH y la actualización del IPC. Debido a que la información para el cálculo del IPC se recolecta en la zona urbana, no se cuenta con información de variaciones de precios de dominios de la ruralidad.
Hasta 2018, la aproximación establecida para hacer seguimiento de los precios en la zona rural correspondía a la agregación de las ciudades de Manizales, Montería, Neiva, Pereira y Villavicencio. En 2019, al contar con nuevos datos de la ENPH para Puerto Carreño, Mitú, San José del Guaviare, Puerto Inírida y Leticia, se establece como una mejor aproximación el seguimiento de precios para estos municipios.
En 2020 las estructuras de gasto del área rural, descrito a partir de la agregación de la información disponible en las nuevas cinco ciudades (Mitú, Leticia, San José del Guaviare, Inírida y Puerto Carreño), presentan un comportamiento diferenciado al de las ciudades consideradas hasta el 2018, cuya estructura es más cercana a la calculada para Bogotá.
Contexto del Covid-19
Las medidas implementadas a nivel central y local en respuesta a la pandemia Covid-19, llevaron a situaciones atípicas e impredecibles, imponiendo un reto sin precedentes de garantizar consistencia metodológica en el tiempo, integralidad de las estadísticas oficiales en su conjunto y el registro de la realidad de la mejor manera técnicamente posible.
Uno de estos aspectos a considerar son las discontinuidades relacionadas con la implementación de subsidios a la facturación de los servicios públicos (gratuidad) en municipios cuya información nutre el deflactor para establecer la evolución de la línea de pobreza en la ruralidad.
El Dane y el Comité de Expertos decidieron respetar la metodología del IPC y no excluir los bienes gratuitos, puesto que fueron ayudas efectivas que se reflejaron en una disminución del pago (precio) temporalmente.
El comportamiento de la línea de pobreza rural para el año 2020, se evidencia, en primer lugar, un cambio de $212.121 en el segundo semestre de 2019 a $199.196 en el primer semestre de 2020. Esto indica una reducción del valor de la línea de pobreza en $12.925.
La principal contribución negativa en pesos se da en la electricidad (-$12.741) y suministro de agua (-$3.164), mientras que en artículos como el arriendo imputado y el arroz se presentan contribuciones positivas de $570 y $955, respectivamente.
A continuación se presentan las desagregaciones por artículo para descomponer la variación de la línea del primer al segundo semestre de 2020. Para este periodo, la línea presenta una variación positiva de 0,63% pasando de $199.196 en el primer semestre a $200.459 en el segundo semestre de 2020. Los artículos en los que se presentó una mayor contribución positiva son servicios de comunicación fija y móvil ($901), mientras que en el caso del arroz la contribución fue de -$294.
Variación del ingreso real per-cápita
Para entender los cambios en la incidencia de pobreza monetaria, también es relevante considerar el comportamiento del ingreso real per-cápita de los hogares, donde se presentan los ingresos per-cápita reales por unidad de gasto y por quintil en los tres principales dominios geográficos.
Allí es posible observar que, para el total nacional y cabeceras el ingreso real per-cápita de los hogares registró una variación negativa (-12,4% y -14,2%, respectivamente), mientras que en la zona rural se presentó una variación positiva de 3,0%. Es importante señalar, que estas variaciones son independientes de las líneas de pobreza monetaria.
En la misma línea, se presentan las variaciones de los ingresos reales per-cápita de la unidad de gasto por quintiles de ingreso. En el caso de los centros poblados y rural disperso en el quintil 1 (el grupo de menores ingresos) aumentó el ingreso real per cápita 7,2%.
Se observa cómo la contribución del ingreso laboral en el quintil 1 presenta una contribución negativa de 12,0 p.p., mientras que la contribución de ayudas de instituciones contribuye positivamente en 20,0%. Se precisa que, en 2020 se evidenció un incremento en los montos transferidos a través de programas institucionales (Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, entre otros) con la generación de ayudas extraordinarias no condicionadas, así como la creación de programas nuevos como Ingreso Solidario y Compensación de IVA.
Es importante recordar que ante las limitaciones del trabajo de campo no presencial de la GEIH fue necesario complementar la información de ingresos con los registros administrativos de ayudas institucionales.
Si bien la pobreza monetaria en la zona rural cayó 4,6 puntos porcentuales en 2020, cabe señalar que históricamente más del 90% de la población de los centros poblados y rural disperso ha estado en condición de pobreza monetaria o vulnerabilidad. Lo anterior también se cumple para 2020, incluso con la reducción de pobreza monetaria en este dominio geográfico.
Adicionalmente, dentro de las clases sociales de la zona rural se puede observar que la cantidad de personas ocupadas de la clase pobre disminuyó, mientras que en la clase vulnerable aumentó.
Por último, dentro de la clase pobre la variación más alta en el ingreso real per-cápita de la unidad de gasto fue de -$9.706 (quintil 5), mientras que para la clase vulnerable la variación más alta fue de -$17.348 (quintil 4), ambas variaciones a pesos de 2018.
Conclusiones
A continuación, se resumen los principales elementos que se deben tener en cuenta para entender la variación negativa de la línea de pobreza monetaria rural, así como la caída en la incidencia de pobreza en este dominio geográfico:
- El 30 de septiembre de 2020 el Dane presentó la actualización metodológica de las líneas de pobreza monetaria, construidas a partir de la ENPH 2016-2017. Ahora se cuenta con 25 líneas diferenciadas en lugar de solo 2 líneas.
- Estas líneas de pobreza monetaria evolucionan (varían) en el tiempo a partir de los resultados presentados por los deflactores, construidos a su vez siguiendo el desarrollo metodológico por el Dane en el IPC.
- Los deflactores de las líneas de pobreza se construyen a partir de las canastas específicas definidas para cada dominio geográfico. Es decir, uno de los atributos de la actualización metodológica es que las variaciones de precios utilizadas responden a la especificidad de las canastas definidas para cada dominio geográfico.
- Las discontinuidades relacionadas con la implementación de subsidios a la facturación de los servicios públicos en los municipios que permiten el cálculo de la línea de pobreza rural, llevaron a tomar decisiones técnicas rigurosas, dentro de la institucionalidad y gobernanza establecidas para la construcción de los indicadores de pobreza y desigualdad, garantizando consistencia metodológica en el tiempo, integralidad de las estadísticas oficiales en su conjunto y el registro de la realidad de la mejor manera técnicamente posible.
- La disminución de la pobreza monetaria en la zona rural también se explica por el cambio positivo en los ingresos rurales, resultado del aumento en las ayudas institucionales en el marco de la pandemia.
