Ingratos recuerdos tiene la sociedad huilense por la oleada de terrorismo urbano, provocado por un grupo minoritario de vándalos y desadaptados sociales, contra la infraestructura regional, durante las protestas que ocurrieron con el estallido social del 28 de abril del año anterior, que se iniciaron con las protestas sociales pacíficas y que luego desencadenaron esta absurda violencia. Fueron incendiadas y saqueadas por miembros de la autodenominada Primera Línea de acuerdo con las pruebas recolectadas oportunamente a través de la tecnología de punta que tienen actualmente la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares. Estos hechos violentos desbordaron en su momento la capacidad de respuesta de la institucionalidad para prevenir y controlar estos desórdenes por una minoría de terroristas que se ensañaron contra estas dependencias y el bienestar general de la población, que quedó muy consternada e impotente, por este poder destructor irracional.
De acuerdo con el acerbo probatorio obtenido por las autoridades judiciales, fueron cobijados con medida de aseguramiento ocho integrantes de la primera línea y un noveno que se encuentra prófugo y que tiene orden de arresto por la interpol, en caso de que hubiera salido del país. La irracionalidad imperó durante esos meses que provocaron bloqueos y semiparálisis del aparato productivo del país. Los permanentes bloqueos que se presentaron en las principales vías del departamento y del país, ocasionaron una profunda crisis económica que se profundizó al interior de los hogares, por el desabasteciendo y especulación de los precios de alimentos, bienes y servicios. Inclusive todavía se sienten los efectos inflacionarios por estas alteraciones de orden público. Los bloqueos obstaculizaron entrada de alimentos, combustibles, insumos médicos y algunos bienes esenciales, que debilitaron la dinámica productiva de los municipios.
Estas regiones afectadas, fueron bloqueadas por diversas organizaciones que infiltraron grupos extremistas, que impidieron la libre circulación de vehículos, que provocaron una parálisis de las actividades productivas, que contribuyeron al detrimento del bienestar de las familias, a través de los sucesivos taponamientos en las principales vías del país, los cuales fueron implacables en algunos territorios de no dejar pasar víveres y bienes esenciales, que eran necesarios para la dinámica económica de èstas.
De acuerdo con lo anterior, este es un mensaje claro de la institucionalidad colombiana, que cualquier accionar terrorista que se llegase a presentar en el futuro, se tienen definidos los instrumentos jurídicos más severos a raíz de la entrada en vigencia del Estatuto de Seguridad Ciudadana, que endurecieron las penas a estos actores delincuenciales y que las autoridades cuentan con la tecnología especializada para identificarlos al instante cuando se cometan estos hechos de alteración del orden público, y que fueron promovidos por el Comité Nacional del Paro y que actualmente sus integrantes forman parte de la campaña presidencial del sector de la oposición.
