La apoderada de Juan José Guerrero Rodríguez dice que llevará el caso a la Corte Constitucional. La estudiante Brenda Calderón dice que no se quedará cruzada de brazos ante la decisión injusta.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
Este marte la estudiante Brenda Yurani Calderón Peña iniciará una huelga de hambre en la universidad Corhuila. Según ella, fue sancionada (expulsada), injustamente, por reclamar mejores condiciones académicas.
Los hechos ocurrieron el marzo pasado, y desde entonces la Corporación Universitaria del Huila, Corhuila, una prestigiosa universidad privada del Departamento, ha sido foco de controversia en los despachos judiciales.
La protesta fue pacífica-al menos así lo demuestran los videos a los que tuvo acceso este medio de comunicación-; duró tan solo dos horas y no hubo obstrucción ni daños al interior de las instalaciones: solo una pancarta y llamados –en voz alta- al mejoramiento académico.
Sin embargo, las sanciones fueron contundentes: ocho estudiantes expulsados. Aunque hemos tratado de comunicarnos con el rector de la institución, Óscar Chávarro, para que explique esta situación administrativa, ha sido imposible que nos responda a este llamado.
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Cuando se le pregunta a la estudiante sobre las medidas que ha tomado, de manera serena responde: “ante la decisión de la Corporación Universitaria ya he tomado varias medidas: una tutela, varias quejas al Ministerio de Educación Nacional, denuncias públicas, solicitud de apoyo a nuestros representantes nacionales, e incluso, he intentado reunirme con los directivos de la Corporación. Sin embargo, nada de lo mencionado ha surtido efecto, así entonces, estoy decidida a realizar una huelga de hambre porque no pienso quedarme de brazos cruzados esperando y viendo cómo acaban con nuestros sueños, nuestro proyecto de vida, por medio de una sanción sin fundamentos, injusta, arbitraria y desproporcionada”, recalcó Brenda.
Para Brenda, la decisión de suspenderla un año afecta sustancialmente su derecho a la educación “sí, mi semestre está en riesgo y con ello mi idea de poder terminar con la carrera y la deuda con el ICETEX”, recalcó con preocupación.
Por último, cuando se le preguntó sobre si recomendaría estudiar en esta universidad, señaló que “lo recomendaría si hubiese libertad de crítica, canales de diálogo y escucha”. Por otro lado, señaló que no hay garantías para ejercer el derecho a la protesta en la Corhuila ya que “las protestas desarrolladas estuvieron dentro del marco de la protesta pacífica y aún así usan las sanciones más elevadas contra un grupo de buenos estudiantes”.
De los ocho estudiantes sancionados, a seis les revocaron las medidas por vía judicial (tutela); y los otros dos, Brenda y Juan José Guerrero, los jueces ordenaron que les volvieran a realizar el debido proceso sancionatorio dentro de la universidad. La casa de estudio los volvió a sancionar por dos semestres.
El señalamiento a Juan José
Un caso similar fue el del estudiante Juan José Guerrero Rodríguez, alumno del mismo programa académico y quien cursa el sexto semestre.
En primera y segunda instancia, los jueces de tutela le dieron la razón, y ordenaron a la Corhuila realizar nuevamente el proceso. Así se hizo, pero la universidad modificó la sanción de cuatro semestres a un año.
La abogada defensora de Guerrero, María Eugenia Moreno, aseguró que pese a que modificaron la sanción, ésta fue injusta ya que los hechos no tuvieron nada que ver con la conducta de Juan José, y además, quienes lo juzgaron en la universidad estaban vinculados al proceso. En otras palabras, debieron declararse impedidos.
“A Juan José lo tildan de líder, miren el contexto y la forma como lo señalan de una forma bárbara. No es posible señalar su nivel de participación con los videos del día que fueron los hechos”, señaló su abogada.
“En la acción de tutela que planteamos y formulamos, nosotros esbozamos que nosotros no encontramos elementos materiales probatorios que infirieran la participación del estudiante Juan José Guerrero, esos videos no aduce o refiere o aduce tal inferencia. Las únicas pruebas de referencia fueron la del Vicerrector y la del órgano directivo. Cómo se les ocurre, lo que existe es una parcialidad y no una imparcialidad en el desarrollo probatorio que fueron acogidas por los jueces. Nosotros consideramos, todavía, que no había ningún causal con las conductas que se le sindicaron al estudiante”, señaló la abogada Moreno.
¿En riesgo un semestre?
Todo parece indicar que este semestre Juan José no podrá seguir su curso académico ordinario, ya que la universidad lo sancionó desde este mismo año. “Cuando lo sancionan, le expiden su matrícula y él paga para poder ingresar al calendario B del 2023. ¿Si ve el tema el tema de mala fe? Pero no le han permitido terminar este semestre”, señaló Moreno.
Guerrero cursa el sexto semestre de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y espera que la universidad acoja su caso con sensatez para poder terminar prontamente sus estudios.
Para la abogada lo inaudito es que el Ministerio de Educación Nacional, en el trámite de la tutela guardó silencio y contestaron en los otros trámites que no podían intervenir en el asunto. “¿Cómo es posible que el ente de vigilancia y control no se pronuncie?”, recalcó.
Juez cuestiona los “simples videos”
El caso de Juan José llamó la atención del juez de segunda instancia, quien al hacer el análisis del caso donde le daba la razón al estudiante, señaló que “En este sentido, se pudo validar los argumentos de la impugnación junto con los dispuestos en primera instancia, evidenciando que la primera instancia si bien no menciona la investigación disciplinaria No. 01 de 2023 se tiene de presente que los sustentos dados por el juzgado respecto a la validación de los elementos probatorios dentro de la investigación corresponden al sentido de que no es posible proferir una sanción disciplinaria en donde se desvincule totalmente del acceso a la educación y demostrar como “líder” de las protestas a alguien por el simple hecho de tener el testimonio de una directiva de la entidad como tampoco es posible demostrar su nivel de participación con simples videos del día en que se ocurren los hechos”.
Los argumentos de la universidad
Al responder el recurso de reposición de la estudiante Brenda y Juan José, en el Acta 357 del Consejo de Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Afines del 22 de agosto de 2023, la Corhuila señala: “Finalmente se le cuestiona a la estudiante Brenda Yurani Calderón Peña, que durante el marco de la protesta acaecida el 17 de marzo de 2023, era posible y exigible esperar de ella una conducta alternativa o diferentes a las realizadas, como sí lo hicieron los otros estudiantes que participaron en la misma (aproximadamente 30 personas), teniendo en cuenta que las acciones por ellos desplegadas sí fueron pacíficas, pues se desarrollaron dentro del marco del respeto y sin exceder los límites constitucionales de la libertad de expresión y protesta social”.
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“Para el caso de Juan José Guerrero Rodríguez, se tiene que, conforme con el material videográfico que realizó actos de obstrucción en la puerta de entrada y salida del parqueadero de la sede Quirinal de Corhuila, impidiendo con esta acción la movilidad de estudiantes, docentes, administrativos, y externos a la institución. Situación que se pudo verificar en los videos denominados Channel 24 y 17, con registro desde las 9:42 horas…”, señala el acta.
