Alfonso Vélez Jaramillo
El ministro de defensa nacional Iván Velásquez Gómez, anunció más de 1.500 efectivos de la fuerza pública para reforzar la seguridad del Huila, de los cuales los primeros 170 llegarán al departamento en los próximos días.
Velásquez Gómez, lo afirmó durante el consejo de seguridad convocado por el visiblemente preocupado gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.
Asistieron voceros de los gremios económicos y los alcaldes de Neiva, Campoalegre, Pitalito, La Plata, Algeciras y Baraya.
El gobierno destinará este año 16 mil soldados y policías para todo el país y los distribuirá en zonas con presencia de grupos armados delincuenciales guerrilleros y comunes
Se atacará a los grupos dedicados a la extorsión, el chantaje, el secuestro, el boleteo y otras formas de violencia, que se han negado a hacer la paz.
Adicionalmente, el Huila tendrá el apoyo de la Unidad de Fuerza de Despliegue Rápido y el reforzamiento de una red básica de inteligencia con fuerzas especiales urbanas y la instalación de más cámaras de seguridad en todos los municipios.
Esta noticia genera optimismo y confianza para el mantenimiento del orden público. Según el ejército, la nueva estrategia ya comenzó a dar sus resultados operacionales de inteligencia conjuntas, y permitió dar de baja un jefe guerrillero e identificar a otros 32 extorsionistas.
Ahora falta ordenar patrullajes conjuntos entre la policía y el ejercito en Neiva y los municipios, con el fin de conjurar atracos y ataques callejeros que amedranta a la población, por cuya razón, están quebrando el comercio y las demás actividades empresariales.
No puede ocultarse que el delito es una anómala situación social que ha existido históricamente en todas partes y seguirá coexistiendo, del cual el Huila no es ajeno.
Ojo que no estoy justificando el delito, pero este últimamente se desbordó y su incidencia está volviéndose como si fuera un asunto normal, cultural e ideológico.
La situación de inseguridad es multilateral con la guerrilla y las bandas criminales comunes, el secuestro, la extorsión, el boleteo, las vacunas, y otros delitos graves no dejan vivir tranquilo a nadie, el que diga lo contrario miente.
El consumo de sustancias sicoactivas en lugares públicos junto con la amenaza permanente de los motoladrones que asaltan y quitan vidas por un celular, generan una latente sensación de inseguridad, que peligro.
Causa zozobra que la lucha para combatir el delito ha sido inútil desde hace muchos años, y peor, se agudiza día a día, pese al esfuerzo de las autoridades para enfrentarlo.
No es exagerado afirmar que la delincuencia está destruyendo el país, están acabándolo y se necesitan acciones duras urgentes, se necesita mano fuerte.
Al presidente Gustavo Petro, se le va la mano floja en el manejo del tema de orden público. Políticamente está creándose un efecto de malestar con el coro en pleno de la oposición y sus medios de comunicación afines, los mismos que volvieron trizas del acuerdo de paz.
No es exagerado expresar que la fuerza pública aupada por la beligerancia politiquera se desmoraliza, mientras los delincuentes se pasean orondos en las calles representando un peligro social.
Y los policías y el ejército en lugar de ser felicitados, reciben ataques de manera constante, inclusive por periodistas. Cuando capturan un delincuente reconocido ya ni le muestran la cara y al otro día este sale a la calle, privilegiado por la permisiva justicia colombiana.
Necesitamos una política criminal fuerte que no admita que jueces y demás operadores judiciales manden a reconocidos antisociales para sus casas, el antisocial reincidente y reconocido debe ir a la cárcel porque en la calle representa un peligro para la sociedad.
Tristemente son muy pocas las entidades del Estado en Colombia que no han sido permeadas por la delincuencia.
El llamado “Cartel de la Toga”, que corrompió a magistrados, abogados litigantes, políticos corruptos y permitió el engavetamiento de procesos a funcionarios públicos, dejó muy mal la imagen de la justicia en Colombia.
Por algo el ex magistrado Eduardo Fierro Manrique, asegura en su interesante libro “Vamos hacia un país distópico”, alertando un universo supuesto, que no se considera perfecto y se torna indeseable.
Sin contar q ue el hambre, la pobreza, la miseria, la inequidad y la ausencia de verdaderas políticas con estrategias de transformaciones institucionales y sociales, están generando un irrefrenable desbordamiento de la delincuencia en todos sus niveles. Y haciéndole mucho daño a Colombia.
