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“Exigimos a Duque que detenga la brutalidad policial”

Jun 5, 2021

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Diario del Huila, Contexto

Por Juan Manuel Macías Medina

Integrantes del Comité Nacional de Paro, realizaron un balance sobre las acciones que se han venido realizando desde el 28 de abril del 2020, día cuando se iniciaron las protestas en Colombia, según ellos, el Gobierno Nacional no tiene disposición para dialogar, por lo que las peticiones se van a seguir realizando a través de movilizaciones. Así mismo, exigieron la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que evalúe la crítica situación que se presenta en el país.

Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT e integrante de la mesa negociadora del Paro Nacional, sostuvo que Iván Duque ha “preferido” utilizar la fuerza pública en vez de iniciar diálogos concertados para darle solución a las inconformidades del pueblo colombiano.

“Colombia completa 38 días de Paro Nacional debido a que el Gobierno del presidente Iván Duque se niega a realizar un diálogo social real y prefiere la represión y la brutalidad policial. En Colombia llevamos 30 años en una política económica que ha llevado a que Colombia sea uno de los países más desiguales del planeta, hay una concentración excesiva de la riqueza y por otro lado, estamos en pobreza absoluta”, indicó.

Así mismo, el representante de la mesa negociadora manifestó que la convocatoria no se dio de manera repentina, sino que responde a la desatención del Gobierno por buscar salidas a la crisis de manera concertada.

“En 2019 presentamos un pliego de peticiones al Gobierno, éste sistemáticamente se negó a solucionarlo. Vino la pandemia en marzo del 2020 y el confinamiento. El 20 de junio del año anterior, le presentamos un pliego de peticiones nuevamente que busca preservar la vida, el empleo y mantener la producción. Este pliego fue desatendido por el Gobierno, nunca nos llamaron a diálogo”, resaltó.

Vulneración de derechos durante la protesta

Maltés hizo un balance sobre las afectaciones a los derechos humanos de quienes participan de las movilizaciones, según él, éstas están relacionadas con miembros de la fuerza pública y son resultantes de las decisiones que ha tomado el primer mandatario de los colombianos.

“Lo anterior, convocó un Paro Nacional para el pasado 28 de abril. La respuesta que hemos tenido al inicio de las negociaciones es que, a la fecha, hay más de 3.800 casos de extrema violencia contra los manifestantes pacíficos, más de 60 homicidios presuntamente por miembros de la fuerza pública o personas de civil amparadas por la fuerza pública, hay cerca de 1.600 detenciones arbitrarias, más de 75 personas con lesiones oculares, más de 20 mujeres que han sido objeto de agresión sexual y varias agresiones por violencia de género”, señaló.

Rechazo a la militarización

El vocero, criticó también la decisión que tomó el Gobierno Nacional de no permitir el acceso a las Comisión Interamericana de Derechos Humanos en días anteriores y la adopción de conmoción interior que se dictó en algunas regiones del país en donde se han presentado hechos alteradores del orden público.

El Comité Nacional de Paro, a través del presidente de la CUT, además de rechazar la decisión adoptada por el Gobierno de no permitir la entrada de la Comisión, se refirió a la adopción de la conmoción interior para mitigar los actos vandálicos que se han presentado en el último mes.

“Por esta razón, hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que haga presencia en Colombia desde hace cerca de un mes, evento al cual se ha negado sistemáticamente el Gobierno Nacional y solamente hasta esta semana ha dado la anuencia para que la Comisión haga presencia en el país. Hemos solicitado la presencia porque, además de estos indicadores lastimosos, el Gobierno ha optado por la militarización, ha optado por declarar el estado de conmoción en 8 provincias y 13 municipios, en donde van a ser las Fuerzas Militares quienes determinarán la forma de Gobierno y no los alcaldes y gobernadores elegidos por voto democrático”, agregó.

A su vez, Francisco Maltés indicó que se presentó también un acuerdo con la única finalidad de garantizar el derecho a la protesta, sin embargo, este no fue atendido por el Presidente. Por esta razón, anunció que en los próximos días se hará entrega de éste a los organismos internacionales de derechos humanos.

“El pasado 24 de mayo, hemos llegado a un protocolo con el Gobierno Nacional para que se respete y se garantice la protesta social en Colombia, se acordó que no se utilizará la presencia militar para reprimir las protestas, que el Esmad no porte armas letales durante las manifestaciones y que la fuerza sea el único mecanismo para reprimir la protesta. Esto en cualquier país del mundo es normal, pero el Gobierno se ha negado sistemáticamente a firmar este acuerdo, por tal razón, la próxima semana entregaremos ante la CIDH, este protocolo de garantía para ejercer la protesta que Duque se ha negado a firmar”, enfatizó.

Directivos del Comité Nacional de Paro, exigió al Gobierno Nacional detener la “brutalidad policial” en contra de manifestantes.

“Hay disposición al diálogo”

Al finalizar, el Comité señaló que está dispuesto a dialogar con el Gobierno, pues según ellos, la salida concertada es la mejor manera para resolver las problemáticas sociales que enfrenta Colombia actualmente y que se exige al Gobierno detener la “brutalidad policial”.

“El Comité Nacional de Paro ratifica ante el mundo entero su deseo de que sea mediante el diálogo y la negociación que se solucionen los graves problemas sociales que hay en Colombia, y por supuesto, le exigimos al Gobierno de Duque que pare la brutalidad policial y firme el acuerdo de garantías para ejercer la protesta social que acordamos en días anteriores”, concluyó el líder del Comité Nacional de Paro.

Cabe resaltar, que durante su visita al departamento del Huila, aunque el Presidente reveló planes claros para reducir el impacto negativo que han generado los bloqueos y desmanes en el marco de la protesta, fue claro en que también hay disposición al diálogo mientras la protesta no vulnere los derechos de quienes no hacen parte de las manifestaciones.

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