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Gobierno entrante, una nueva esperanza para los afectados por El Quimbo

Ago 10, 2022

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Tras 12 años de solicitar por los conductos regulares el acatamiento de las obligaciones de la licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, no se ha dado una solución definitiva por parte de Enel Colombia, como tampoco los saneamientos por parte de la ANLA para hacer cumplir lo establecido. También, el gobierno nacional saliente ha incumplido a los afectados por el proyecto. Ahora, la esperanza está puesta en el nuevo Gobierno Nacional con quienes ya ha existido acercamiento.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO

Por: Johan Eduardo Rojas López

La construcción de la hidroeléctrica El Quimbo siempre generó polémica debido a la cantidad de afectaciones que se generaron. Las obras iniciaron en el año 2010 y su operación comenzó desde el 2015, mismo tiempo en el que los afectados esperan las compensaciones por parte del dueño del proyecto. Sin embargo, al parecer a la fecha no se han cumplido a cabalidad ninguno de los 20 acuerdos a los que supuestamente la ANLA hace seguimiento.

A raíz de la situación presentada, el gobierno departamental busca garantizar el cumplimiento de esas compensaciones del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, tanto así que se han liderado mesas de trabajo y concertación para que se acaten las obligaciones de la licencia ambiental. No obstante, envió un comunicado al saliente Gobierno Nacional que finalmente ignoró la situación.  

Javier Roa Salazar, el asesor jurídico de la Gobernación del Huila, explicó que, en ese documento se estipuló los incumplimientos al Documento de Cooperación suscrito el 16 de marzo de 2009 como parte integral de la licencia ambiental.

“Desafortunadamente no ha habido una dirigencia que asuma la responsabilidad y que el Gobierno Nacional nos apoye para que esta gente de cumplimiento de la obligación. No ha sido, ni fue posible que la administración saliente nos apoyara. Seguimos en la reclamación porque son 30 mil afectados. A groso modo nos pueden estar debiendo al departamento del Huila entre unos 400 mil a 500 mil millones, porque ahí hay una cosa que no se ha contemplado y es la reactivación económica del centro del departamento por la afectación”, señaló el abogado.  

Al parecer a la fecha no se han cumplido a cabalidad ninguno de los 20 acuerdos a los que supuestamente la ANLA hace seguimiento.

Obligaciones incumplidas

En ese sentido, esas obligaciones han sido incumplidas por Enel Colombia, poco seguidas por la ANLA e ignoradas por el Gobierno Nacional. Ahora bien, en febrero del 2020, fue solicitada en unión con la bancada Parlamentaria del Huila, al señor presidente, la atención especial y una actuación eficaz del alto gobierno, para hacer cumplir todas las obligaciones establecidas en dicho acuerdo y licencia ambiental.

Igualmente, se llevó a cabo la conformación de la Mesa Nacional de Seguimiento del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, precedida por el entonces mandatario de los colombianos Iván Duque, el gobierno departamental, las administraciones municipales, los afectados de los 6 municipios y los delegados de los Ministerios ateniente como son, el ministro de Agricultura, ministro de Ambiente y ministro de Minas y Energía. Lo anterior, claramente con la supervisión de la Anla. 

Sin embargo, según el asesor jurídico de la gobernación del Huila, en esa Mesa no consiguieron absolutamente nada por la presencia de la pandemia. Es decir, se empezó a realizar el trámite, se hicieron un par de mesas de seguimiento, pero finalmente no hubo algo concreto.

“Este gobierno nos quedó debiendo absolutamente todo el cumplimiento de los puntos que están pendientes, obviamente, el propietario del proyecto quiere desembolsar la menor cantidad de dinero posible, desafortunadamente la interacción con el territorio es a largo plazo porque el proyecto tiene entre 50 y 70 años de vida útil y ellos son los propietarios de esos proyectos junto con Betania. Entonces nosotros lo que pedimos es que cumplan lo que quedó contenido en la licencia ambiental y el gobierno departamental va hacer valer esos derechos de los afectados y, por supuesto, los del departamento los cuales son el mejoramiento de la actividad productiva y el repunte económico del centro del departamento”, manifestó Javier Roa Salazar.

Compensaciones pendientes

Según parece, hay 427 personas/familias afectadas y Enel Colombia tiene pendientes las siguientes compensaciones: 11.078 hectáreas de reforestación y bosque seco tropical, 5.200 hectáreas con riego por gravedad, 2.500 era para el programa de reasentamientos, es decir, para las personas que fueron afectadas con el proyecto y debieron ser reubicadas a título de compensación. Asimismo, las 2.700 hectáreas que tiene que ver con la compra que debería hacer el Gobierno Nacional y la adecuación con riego por gravedad para esos terrenos, que hasta la fecha no se han cumplido. Igualmente, falta dentro del cumplimiento de esa compensación la compra de aproximadamente 1.316 hectáreas que la Anla todavía no revisa.  

Además, están pendientes de la infraestructura de los puertos y hay personas esperando a que sean incorporados al censo y sus situaciones sean revisadas. A groso modo, otras de las obligaciones que están pendientes son: la vía perimetral, el ferry, el plan de ordenamiento acuícola y piscícola, el plan de contingencia y planes de ordenamiento territorial, el 1% de forzosa inversión en donde se le debe al departamento $16.000 millones que no se han podido materializar y el hecho de la recuperación de la actividad productiva del departamento.

El Agrado, Paicol, Tesalia, Gigante, Garzón y Altamira, son los seis municipios que de alguna manera han tenido una afectación notable.

De acuerdo con el Asesor, desafortunadamente tanto en la licencia ambiental como en el documento de cooperación ha habido una mala interpretación por parte de la Anla en el sentido de creer que, con el pago de un recurso a las 426 familias, se estaría supliendo el pago de la obligación de adecuar con riego por gravedad las hectáreas.

“Se está tratando de verificar una mesa regional para efectos de clarificar no solamente el tema de tierras sino el resto de compensaciones que están pendientes. Es una responsabilidad no solamente de Enel Colombia, sino del Gobierno Nacional para que esta compensación se cumpla porque a nosotros nos quitaron 8.550 hectáreas para desarrollar el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y la productividad en ese sector no se ha recuperado precisamente por la pérdida de esas tierras que eran altamente productivas en el centro del departamento”, ahondó Roa.

Afirmó también que, “Finalizando el gobierno de Duque, Emgesa está presionando a las comunidades para modificarlas y tratar de pagar lo menos posible a cuenta que tenemos unas obligaciones con costos elevados y ellos pretenden modificar varias cosas por unas compensaciones que no está ni en la licencia y mucho menos en el documento de cooperación. Por eso, a estas alturas estamos revisando cuál de los mecanismos puede ser más idóneo, ya estamos tratando de que el nuevo gobierno escuche a los afectados con el fin de que se cumplan las compensaciones”.

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¿Qué responde Enel Colombia?

Por su parte, Enel Colombia, señaló a Diario Del Huila que, en la Resolución 899 de 2009 de la Licencia Ambiental de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, fue incluido el compromiso de adecuar con riego por gravedad 2.700 hectáreas (ha), de acuerdo con lo contenido en el “Documento de Cooperación” firmado por Emgesa (hoy Enel Colombia), el gobierno nacional, el gobierno regional y las alcaldías municipales del Huila.

Según ellos, para poder ejecutar la adecuación de riego, era necesario surtir unos pasos previos tales como: La identificación y postulación de los predios a cargo de la Gobernación del Huila y las seis (6) administraciones municipales del área de influencia de El Quimbo, la compra de dichos predios a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y como última instancia, la adecuación del riego a cargo de la Compañía.

“Sin embargo, ante la evidencia de escasez de la oferta hídrica para riego por gravedad en predios del centro del departamento del Huila, o la negativa de venta de algunos predios en el centro del Departamento, no ha sido posible avanzar con la adecuación. Enel Colombia ha hecho todo lo que está a su alcance para cumplir con este compromiso. Incluso se ha evaluado, junto con las instituciones correspondientes, alrededor de 7.000 ha (104 predios), pero las fuentes hídricas en la zona centro no cuentan con el suficiente caudal para riego por gravedad. Por ello la compañía planteó una solución sostenible, que ha sido trabajada con los beneficiarios de esta medida, buscando alternativas que impulsen el desarrollo económico y productivo de la región, y contribuyan con el bienestar de esta población que ha estado atenta para materializar su derecho”, argumentó Enel Colombia.

Finalmente la Compañía reiteró su voluntad para poner en marcha esta alternativa y puntualizó que, “Hoy son ellos quienes solicitan al Gobierno Nacional, Regional, Municipal y a Enel Colombia aprobar la modificación de la Licencia Ambiental para hacer posible la implementación de estas alternativas”.

El Gobierno Departamental, envió un comunicado al saliente Gobierno Nacional que finalmente ignoró la situación.  

Hay esperanzas con el gobierno electo

Frente a esta aseveración hecha por la empresa, el asesor jurídico dijo que no es correcta y que, “En el año 2010 el departamento sugirió que compraran esas fincas, ellos lo que no han querido es hacer la adecuación porque dicen que es muy costo y la excusa es que no hay recursos hídricos y sí existe”

En días pasados el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, recibió a la Mesa Regional de Empalme para analizar  el tema ambiental, en donde se está proponiendo las compensaciones pendientes por parte de Enel Colombia y coadyuvadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en las cuales se tuvo contacto directo con la representante Leyla Marleny Rincón, quien ya ha puesto en conocimiento a la nueva  Ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad y se está tratando de verificar una reunión a efecto de clarificar el resto de compensaciones pendientes.

Así las cosas, la idea es discernir y buscar la salida de esta problemática para culminar la década en la que han sido ignorados. Por lo anterior, se insiste en la sostenibilidad, empoderamiento de las comunidades y salvaguardar la identidad por el territorio, así como sus principales apuestas productivas, culturales y artísticas.

El Agrado, Paicol, Tesalia, Gigante, Garzón y Altamira, son los seis municipios que de alguna manera han tenido una afectación notable y, precisamente, los mismos están a la espera de que se empiecen a tomar medidas reales. Lo cierto, es que, pese a todos los esfuerzos y solicitudes de conductas regulares para el cumplimiento de las obligaciones, a la fecha, no se han ejecutado a cabalidad cada uno de los acuerdos suscritos el 16 de marzo de 2009 como parte integral de la Licencia Ambiental.

Finalmente, el informe de actividades de la Gobernación del Huila frente al PHQ, se sintetiza en: construcción seis (06) puertos doble propósito en el embalse, censo poblacional, proceso penal, informe contraloría Bogotá y denuncia violación derechos humanos CIDH.

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