El transporte escolar es una actividad que se encuentra detenida desde hace 11 meses cuando se empezó a generar la parálisis de la educación presencial en todo el país. Igual que las papelerías, han lanzado un SOS al gobierno nacional para que se vuelvan a iniciar las jornadas escolares presenciales. Todos conocemos que mientras continúen los contagios del Covid, muy difícil será volver a la normalidad académica, dado los riesgos de contagio que presenta en este sector. Aunque se han venido presentando una concertación entre las autoridades encargadas de regular y controlar el transporte escolar en el Huila, con los empresarios que prestan este servicio a los estudiantes y las autoridades sanitarias, especialmente de los colegios privados en la ciudad en los municipios, para iniciar este servicio, previo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

En el departamento existen 35 empresas que desempeñan esta labor de manera legal, de las cuales 13 tienen su sitio de operación, la ciudad de Neiva. Pero lo más grave del asunto, es la proliferación de vehículos particulares y otros del servicio público que no se encuentran autorizados para tal efecto. Desafortunadamente desde antes de la pandemia, han faltado controles permanentes para frenar la piratería que se ha venido incrementado significativamente, a través de vehículos que no reúnen las mínimas medidas de seguridad y que están provocando un alto riesgo a los menores de edad que transportan a las instituciones educativas y a sus hogares.

Este será un gran reto para las autoridades de tránsito. Pero una cosa son las normas que se tienen para la prestación de este servicio y otra cosa es la realidad que se ha vivido en esta región.  Es común ver a vehículos en el sector rural, que no están adaptados para este servicio (camperos, camiones, automóviles), que circulan con sobrecupos que están colocando en serio peligro a nuestros adolescentes. Inclusive van colgados y encima de los automotores, sin que existan controles de las autoridades de tránsito.

Lo anterior no se puede seguir permitiendo por la salud y el bienestar de los niños. Ya existen investigaciones en los Organismos de Control sobre estos hechos y que se encuentran en investigación por la permisividad de algunos alcaldes y funcionarios que no asumen su responsabilidad para frenar estos esperpentos jurídicos. Ahora que se inicia el año escolar, se debe poner freno a estas irregularidades. Los vehículos contratados deben estar adecuados y dotados del equipo de carretera y el botiquín de primeros auxilios, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, tener toda la documentación completa y las respectivas pólizas de responsabilidad civil contractual vigentes.