DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fue radicado en el Congreso el proyecto Ley de Inversión Social, un documento con 35 artículos y una exposición de motivos de 72 páginas, que busca contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleo, a la estabilidad fiscal del país y, además, plantea una reforma tributaria. La iniciativa, que lleva mensaje de urgencia.
Para recaudar los 15,2 billones de pesos, planteados en la reforma tributaria presentada el 20 de julio al Congreso de la República, se busca acudir a la solidaridad empresarial, que aportarían el 69% del recaudo, para aumentar los ingresos, financiar el gasto social y promover la sostenibilidad de las finanzas públicas. El 31 por ciento vendrá de ‘apretar el cinturón’ del gasto público y de la lucha contra la evasión.
En concreto son tres medidas para las empresas, una transitoria y dos permanentes, éstas últimas surgen del desmonte de los beneficios de la pasada reforma tributaria de 2019 y se revisarían pasados cinco años.
La nueva reforma tributaria, Ley de Inversión Social, no tocará el IVA, las pensiones ni la clase media del país.
Tarifa de renta
A partir del 2022 la tarifa general para las personas jurídicas será del 35 por ciento. La implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes, se indica por el contrario que la estructura tributaria sería más competitiva que en 2018.
Según la exposición de motivos, se observa que la suma de las obligaciones tributarias y de contribuciones a seguridad social asociadas a la nómina, como proporción de las utilidades de una empresa prototipo con utilidades superiores a 800 millones de pesos anuales ascendía a 72,95 en 2018, cifra que se reduciría a 68,6% con la nueva ley.
Se indica que se observaría una reducción en la tarifa efectiva de 2,6% entre 2018 y 2022, si se considera una empresa con utilidades interiores a 800 millones de pesos y que, por lo tanto, en 2018 no debía pagar la sobretasa de renta. Este este sería el mayor rubro de financiación, con que el Gobierno busca recaudar $6,7 billones.
Descuento del ICA y sobretasa
Uno de los beneficios que se consignaron en la pasada reforma tributaria fue la ampliación del descuento tributario por pago de Impuesto de Industria y Comercio (ICA) del 50 por ciento al 100 por ciento en el impuesto de renta, el cual sería desmontado. Medida que generaría un recaudo de 3,9 billones de pesos buscando un equilibrio más eficiente entre los impuestos territoriales y nacionales.
No se desmejoraría con esto el tratamiento del pago de ICA para efectos del impuesto de renta frente a la situación del año gravable en curso por ser una medida que se encontraba prevista solo a partir de la vigencia 2022.
Se propone una sobretasa a las entidades financieras que tengan una renta líquida gravable superior a 120.000 UVT, para fortalecer los ingresos tributarios y apoyar los programas sociales. Será del 35 e irá hasta 2025, presentando así una tarifa total de 38%. A través de ésta se recaudarían $392.000 millones.
Evasión fiscal
Con la intención de evitar la evasión fiscal, asociada al lavado de activos y en sí a la corrupción, se creará el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) que buscará conocer y tener registro de los beneficiarios finales de activos, para identificar a las personas que ponen su nombre para trámites.
Las personas que tengan activos que no han reportado ante las entidades fiscales y debe normalizarlas, el impuesto será del 17 %, contrario al 15 % que se había determinado en la anterior reforma tributaria.
Uno de los grandes pilares del Proyecto de Ley de Inversión Social, radicado en el Legislativo este 20 de julio es el de la lucha contra la evasión de impuestos. Con este plan se pretende recaudar $2,7 billones anuales.
Las nuevas medidas en este sentido incluyen, entre otros, la expedición del RUT y de declaraciones sugeridas del impuesto de renta a aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias. También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.
Fedesarrollo presentó una propuesta para la lucha contra la evasión tributaria, que incluye, que las empresas hagan públicas sus declaraciones de renta, entre otras, iniciativa que espera sea estudiada por el Gobierno para darle herramientas a las autoridades tributarias con el fin de aumentar el recaudo.
Austeridad y gasto público
Durante 10 años, contados a partir de la aprobación de la ley, el crecimiento anual de la adquisición de bienes y servicios de las entidades y organismos incluidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) no podrá superar la meta de inflación esperada para cada año.
Por medio de un proyecto de ley, que propondrá el Gobierno, se buscará una baja del 5% por cinco años a las transferencias del Presupuesto General de la Nación, excepto para los ítems que tengan rango constitucional. Es decir, el Congreso deberá decidir sí le baja ese porcentaje a varios aportes que se hacen desde el Estado.
Esta medida generaría $1.9 billones entre 2022 y 2032, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Se contempla que habrá un control en costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales, se racionalizarán los esquemas de seguridad; y se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades.
La reforma incluye un plan de ajuste en austeridad y gasto público, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio, limitando el crecimiento de la burocracia y manteniendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. Adicionalmente, se restringen los cambios en la planta de personal, se congelan las vacantes y se limitan los gastos en bienes y servicios.
Se busca llegar a un 50% del ahorro en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. No se renovará la telefonía celular, ni los planes de telefonía móvil, internet y datos.
Beneficios
La nueva reforma busca darle continuidad a los programas sociales con los que se ha venido mitigando el impacto de la pandemia del covid-19 en los hogares colombianos más vulnerables. Por esa razón, el Gobierno busca extender el programa de Ingreso Solidario, el cual apoya actualmente a tres millones de familias con 160 mil pesos, hasta diciembre de 2022 y ampliar su cobertura a 4,1 millones de hogares.
Los tres millones de hogares que están siendo beneficiados tendrán una especie de ‘prima navideña’ a finales de este año de $ 480.000 que se entregará en diciembre de 2021 e incluirá los pagos de diciembre, enero y febrero, para que los colombianos tengan una mayor liquidez en la época decembrina.
A estos se sumarán otros programas como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que subsidiará las nóminas de las empresas que tengan hasta 50 empleados, giros se harán entre julio y diciembre de este año y respaldarán alrededor de 60.000 empresas y 400.000 trabajadores.
Con la nueva propuesta, el Gobierno prevé que se beneficien hasta 7,8 millones de hogares y tiene como meta la reactivación económica colombiana, a través de subsidios, ayudas y estímulos de empleo a la población joven, además de estabilizar las finanzas públicas.
Finalmente, las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años, se les otorgará el 25 % del salario mínimo mensual por trabajador. Mientras que si contratan a personas mayores y que gane hasta tres salarios mínimo mensuales, recibirán el 10 % del salario mínimo.
Reactivación económica
Con el ánimo de crear instrumentos de reactivación económica y al mismo tiempo aumentar el recaudo de impuestos, el proyecto de Inversión Social permite la posibilidad de regular el uso de comercio electrónico para la realización de hasta tres días sin IVA. También se establece una serie de beneficios para las entidades territoriales.
Fortalecer la sostenibilidad fiscal, para asegurar la financiación sostenible del gasto social, mediante un fortalecimiento de la independencia y capacidad operativa del Comité de Regla Fiscal, la definición de un anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales de esta variable (esta ancla será del 55% del PIB) y metas de balance fiscal que se ajusten de tal forma que lleven a la deuda a converger al ancla.
Sector turístico
Se incluyeron 3 artículos enfocados en el sector turístico, con los que se buscará extender hasta el 31 de diciembre de 2022 los beneficios tributarios que se establecieron en la Ley de Turismo (Ley 2068 de 2020) para apalancar la reactivación económica segura de esta industria en Colombia.
Exención transitoria del pago de la sobretasa a la energía para los subsectores hotelero, alojamiento, eventos y parques. Así mismo, exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios de hotelería y turismo y que los prestadores de servicios turísticos que no hayan efectuado el proceso de renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT) en las fechas establecidas para el 2021, puedan realizar el proceso de reactivación 31 de marzo de 2022, sin el pago de un salario mínimo mensual.
Extender el periodo de la excepcionalidad de los beneficios tributarios, permitirá que los prestadores de servicios turísticos tengan mayores posibilidades de crear trabajos y utilidades mientras la demanda de servicios de turismo vuelve a los niveles de 2019.
La nueva propuesta plantea la posibilidad de implementar más días sin IVA durante el año.
