El medio ambiente se encuentra en serios problemas para conservar su equilibrio, producto de los drásticos daños sufridos, que han sido causados por la industrialización y el crecimiento demográfico inadecuado, lo cual ha generado un temor generalizado entre nosotros, porque se encuentra en vilo el bienestar actual y el de las próximas generaciones. Por este motivo, es loable la decisión de las Naciones Unidas de consagrar el derecho, para que la población tenga un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Aunque es considerado un hecho histórico por algunos sectores de la opinión, porque es la ONU, se une a la lucha contra la triple crisis del ambiente que vive actualmente el planeta, el cual se está reflejando con el tenebroso cambio climático.
Esto no puede quedarse solamente en la retórica barata de algunos organismos gubernamentales, que se jactan de luchar incesantemente contra la contaminación y la degradación de los recursos naturales. La negligencia administrativa de las autoridades ambientales, la proliferación de la minería ambiental, desforestación progresiva de los ecosistemas estratégicos, prácticas agrícolas inadecuadas, la contaminación de los ríos, entre otros, son factores detonantes que reflejan la otra cara de la moneda, porque por un lado, dicen defenderlo, pero por otro lado, el accionar estatal se siente desbordado e impotente por el accionar irracional de estos actores, que van en contravía de la sana defensa del medio ambiente.
Es sano y loable este respaldo internacional, donde se reconoce que el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho, y que los daños ambientales tienen implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos. La Resolución, basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos, pide a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todos.
Igualmente, busca ayudar a la reducción las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas. Es un gran compromiso que deberá asumir la nueva administración que liderará Gustavo Petro Urrego, a partir del 7 de agosto durante el próximo cuatrienio, para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental, que busca la preservación y conservación de los recursos naturales. Ojalá sirva este respaldo internacional, para la implementación efectiva de esta política pública en el territorio colombiano.
