DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo Valencia
La Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos- RHUDA, llevó a cabo la socialización de un cuidadoso diagnóstico participativo que busca reconocer el nivel de garantía de estos derechos en el municipio.
Muchos retos por abordar, son los que se derivan del Diagnóstico participativo sobre la garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) de las mujeres en Neiva, con énfasis en la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 2015-2019 que durante casi dos años realizó la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos RHUDA. Se trata de una organización conformada a comienzos del 2020, por diferentes mujeres feministas y activistas con diferentes perfiles profesionales.
Su quehacer fundamentalmente es ser una red departamental que trabaja por la defensa de estos derechos y brindar asesoría integral a personas que encuentran barreras para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. RHUDA opera desde diferentes ámbitos, realizando procesos de investigación para una incidencia más cualificada, realizando talleres formativos, acciones públicas en defensa de estos derechos, así como acompañamiento y asesoría de psicólogos, estudiantes de derecho, médicas. La red tiene alianza con varias organizaciones de los municipios de Pitalito, Garzón, La Plata y San Agustín, y principalmente de Neiva y sus corregimientos.
Este ejercicio de investigación de casi dos años, busca reconocer el nivel de garantía de estos derechos en el municipio, y el día de ayer fue socializado oficialmente en la capital huilense. Su realización contó con el apoyo de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo de Bogotá que ha sido un actor clave en el proceso de despenalización legal y social del aborto en Colombia. Ambas organizaciones hacen parte del movimiento Causa Justa, que busca este propósito en el país. Actualmente esta demanda que radicó este movimiento el año pasado, se debate en la Corte Constitucional, donde los magistrados definirán cuál va a ser la ruta para la despenalización o no del aborto en Colombia.
Fallas en la educación sexual y en la prestación del servicio de salud
Danna Barrera es politóloga de la Universidad Surcolombiana, y cofundadora de RHUDA. En diálogo con este Diario, habló acerca de los principales hallazgos del diagnóstico exhaustivo que llevaron a cabo.
Inicialmente, indicó que “en materia de educación sexual en los colegios hay en enfoque muy reduccionista, muy biologicista, un enfoque que no permite un abordaje más integral de la dimensión de la sexualidad y eso conlleva a que no se cuestionen los roles de género, a que no se cuestione o no se informe sobre las violencias de género, a que no se cuestione la maternidad como un destino biológico de las mujeres. Y esto tiene una gran incidencia en los indicadores de servicios de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo del año 2015 al 2019, la tasa de fecundidad o de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años aumentó en vez de disminuir. Lo que preocupa porque en Colombia, está contemplado que las relaciones sexuales con un menor de 14 años se constituye en un delito de abuso sexual.
Ahora, es de recordar que la sentencia C355 de 2006 despenaliza parcialmente el acceso al aborto bajo tres causales y una de ellas es la violencia sexual, entonces estas niñas están llevando a término su embarazo y no están teniendo información oportuna frente a sus derechos, como por ejemplo la interrupción del mismo, porque son niñas y no deberían estar ejerciendo la labor de la maternidad”.
Por otro lado, la profesional destacó que en la investigación se encontraron diferentes hallazgos también en materia de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). “A pesar de que en Colombia no hay una edad gestacional límite para el acceso extra derecho, en Neiva solamente hay capacidad instalada para practicar abortos hasta la semana número 20, y esto es preocupante porque aquí contamos con un hospital de alta complejidad.
Danna Barrera, politóloga de la Universidad Surcolombiana y cofundadora de RHUDA.
Y nos preguntamos cuáles son esas fallas en la prestación del servicio que están haciendo que las mujeres no accedan a este procedimiento por medio de la red prestadora de servicios de salud, sino que lo hagan de manera insegura en sitios clandestinos. Por ejemplo las IPS no cuentan con protocolos propios que aterricen los lineamientos del Ministerio de Salud, y eso hace que haya fallas en la prestación del servicio. Las mujeres no acuden a este porque les da temor que su historia clínica sea divulgada con sus familiares, les da temor que los médicos, los enfermeros y hasta el celador las trate mal, las criminalice socialmente por ejercer un derecho promulgado por la Corte Constitucional”.
El aborto como delito, es una barrera
De acuerdo con la profesional, otro de los hallazgos del diagnóstico es que la principal barrera estructural, que les impide a las mujeres el derecho al aborto es, justamente, que exista un delito como es el aborto. “Además que es un delito con un sesgo de género porque está solamente orientado hacia las personas con la capacidad de gestar y ¿quiénes son?, las mujeres. A los hombres no se les cuestiona por paternidad, por el método anticonceptivo que utilizan, esa responsabilidad se la dejan toda a la mujer porque es quien se embaraza. La gente no sabe por ejemplo que el condón masculino es el único método anticonceptivo que previene enfermedades de transmisión sexual.
Los profesionales también se limitan a realizar procedimientos por temor a ser judicializados. Las mujeres se limitan o dejan de acudir a las IPS para no ser criminalizadas, y hay entonces un temor generalizado, una idea de criminalización, de estigmatización tanto para quien accede a este proceso como para quien lo practica”.
“Nosotras creemos que hay un panorama favorable para la despenalización del aborto en Colombia, esperamos que así sea porque tenemos más de 90 argumentos que nos indican que esta es una causa justa con las mujeres, porque es un delito que además genera brechas de acceso, que genera desigualdades porque el 97% de las mujeres que han sido criminalizadas por abortar, son mujeres que vienen de la zona rural, y al menos el 20% de ellas son menores de edad. También es preguntarnos, ¿realmente la existencia del delito de aborto contribuye a mejorar la calidad de vida de las mujeres? ¿O lo único que hace es estigmatizar y criminalizarlas? En lugar de eso nosotras proponemos que el aborto se aborde como un tema de salud pública y no desde la parte judicial, porque no nos parece proporcional que haya un delito que criminalice a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos”, Añadió.
“Preocupa los altos niveles de feminicidio y violencia sexual”
La red huilense ha venido realizando un acercamiento a los diferentes territorios, generando espacios de conversación e intercambio de experiencias con las mujeres de las zonas más apartadas del municipio y de diferentes organizaciones, con las cuales les interesa también tejer una red de personas que defiendan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Esto no se trata solamente de la prevención de embarazos en adolescentes, de prevención de embarazos no deseados, de prevenir infecciones de transmisión sexual, sino de concientizar que los DSR comprenden toda una gama de derechos humanos y que tienen que ver mucho con la dimensión socio-cultural de las personas, necesarias para garantizar un bienestar integral de las personas, tiene que ver con las identidades de género, con las orientaciones sexuales, con que seamos libres de decidir sobre nuestro propio cuerpo, con si queremos tener o no hijos, si queremos formar o no familia, con decidir a los cuántos años queremos empezar nuestra vida sexual y tener información y herramientas para empezarla de manera adecuada, con responsabilidad. Todo eso hemos venido haciendo desde la red huilense. Nosotras promovemos también el ejercicio de una sexualidad placentera, hablamos al derechos al goce, a sentir placer, algo que socialmente se ha tabuizado”, explicó la politóloga.
Añadió que “Se cree que las relaciones sexuales son solamente para reproducirnos y no es así. Y eso también tiene que ver con las violencias de género, preocupa la cantidad de feminicidios que hay en la ciudad, preocupa los niveles de violencia sexual que hay hacia los niños, las niñas y las jóvenes, y eso también tiene mucho que ver con esos imaginarios que se han construido sexualmente. Entonces les dicen a las mujeres que por qué tan sola, que por qué a esa hora, que por qué esa vestimenta, que por qué abrió las piernas, que por qué tan irresponsable; se genera una carga emocional muy fuerte hacia nosotras, y lo que terminamos teniendo son jóvenes llevando una vida sexual con cero conocimiento sobre el tema”
Importantes retos
El diagnóstico participativo de RHUDA sirvió para visibilizar que hay muchos retos por abordar en materia de DSR e IVE en Neiva. “Por un lado no hay una batería de indicadores o una línea base que permita hacer seguimiento adecuado a los derechos sexuales y reproductivos en el municipio. Y esto debería ser un instrumento necesario tanto para el nivel municipal como para las instituciones prestadoras del servicio de salud, para la toma de decisiones que beneficien mayormente a las mujeres de Neiva”, señaló Danna Barrera.
Según dijo, se tiene también que, las mujeres rurales tienen mucho menor acceso a los servicios se métodos anticonceptivos, de educación sexual, lo que conlleva igualmente a diferentes problemáticas como los embarazos no deseados.
La cofundadora invitó a toda la ciudadanía a conocer los resultados de este importante diagnóstico a través de las páginas de redes sociales, y que RHUDAS pone igualmente a disposición de quienes toman decisiones en el Municipio, para que puedan tenerlos en cuenta como instituciones llamadas a garantizar servicios de Salud Sexual y reproductivos, y que contribuyen a crear un bienestar general de la comunidad neivana.
“Estamos también enfocadas en fortalecer nuestra línea de acompañamiento, porque el diagnóstico arrojaba resultados de que algunas entidades encargadas de hacerle seguimiento a las denuncias por vulneración de derechos sexuales y reproductivos, no tenían denuncias radicadas. Pero la red, sí recoge cantidad de casos todos los días solicitando acompañamiento y asesoría. Vemos entonces que las instituciones competentes no están teniendo el enfoque de derechos que debería y que correspondería para abordar estas denuncias. Le hacemos el llamado a que cumplan con su responsabilidad de proteger a las personas y específicamente proteger los derechos sexuales y reproductivos”, manifestó la profesional.
RUDHA hizo la invitación a 47 entidades a que acompañaran esta socialización, y de éstas solo 38 respondieron, mostrando interés y prioridad a este tema en la ciudad, entre ellas la Secretaría de la Mujer, la Personaría de Neiva, algunas universidades, y representantes de IPS, la Defensoría del Pueblo. No obstante, es un tema que toda la ciudadanía debería conocer.
En el diagnóstico se hallaron fallas en la prestación del servicio de salud, que hacen que las mujeres no accedan a un procedimiento de aborto, de manera segura.
