DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Rolando Monje Gómez
Las voces de rechazo a la Reforma Tributaria presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, siguen creciendo, en esta oportunidad son los transportadores de carga los que quieren hacerse escuchar.
La ‘Ley de solidaridad sostenible’ del Gobierno no la tiene nada fácil, al igual que los colombianos con la reforma tributaria. El Ejecutivo tendrá que esforzarse al máximo para que el Congreso se la apruebe, y si eso ocurre, en el caso particular de los dueños de vehículos de dos, cuatro o más ruedas tendrán que sacar más plata de sus bolsillos para moverlos.
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) la semana anterior expuso sus reparos frente al proyecto a la que se sumó la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), que señaló que la tributaria aumentaría en 20% los costos de transporte, lo que encadenaría un incremento en toda la cadena productiva, principalmente por dos razones: por un lado, la sobretasa a la gasolina y Acpm y, por el otro, el cambio en el IVA de los combustibles, que pasaría de 5% a 19%. También rechazan la creación del impuesto nacional de vehículos al gravamen con IVA del 19% a los servicios postales y mensajería.
La sobretasa al diésel, según el articulado sería de $301 por galón y, en zonas de frontera, sería de $204 por galón para producto nacional, y $114 para el importado. Sobre el segundo punto, el cambio en el IVA para los combustibles, Fendipetróleo calcula que éste supondría un aumento de $532 en el galón de diésel, y $640 en el de gasolina corriente, lo que podría generar efectos inflacionarios.
Por cada galón de combustible que se compra hoy se debe pagar de su valor 23% en impuestos, con esta reforma se pasará a pagar 30%; el aumento final por galón de Acpm será de $903. Según cálculos de Colfecar, este aumento sería de $899 por galón.
Los ajustes en estos componentes incrementarían el precio final del galón del Acpm en $899 por cada galón, si se tiene en cuenta los precios de referencia actuales. Si se parte de un precio por galón tan alto, sumado a que los precios de los combustibles son incrementados varias veces al año, se haría insostenible la actividad de transporte de carga.
Los tributos que afectarán al transporte de carga se verían reflejados en avalancha en el incremento de precios de la canasta familiar de todos los colombianos.
Los costos de combustible representan aproximadamente 40% del total, por lo que estiman que las dos medidas mencionadas, en su conjunto, llevarían a un aumento de 20% en los costos del transporte de carga.
En la actualidad el Acpm tiene un peso del 40% en los costos operativos de los transportadores y con un aumento del IVA del 5% al 19% y con la eliminación de su exención para el biodiesel, se disparará el precio de este ítem jalonando significativamente el alza en el valor de los fletes y por ende los costos logísticos de los generadores de carga afectando a todo el país.
Además, el rubro de peajes representa cerca de 12% del total de los costos, por lo que es grande la preocupación por la propuesta que autoriza a los alcaldes para instalar peajes sin que medie autorización previa del Ministerio de Transporte, que afectará al consumidor final.
Impuestos verdes
Otra preocupación que plantearon desde Colfecar es el relacionado con los impuestos verdes por el componente ambiental del impuesto nacional de vehículos. Los automóviles que se movilizan a diésel ya pagan, por el impuesto al carbono, $157 por galón de diésel.
Asegura el gremio transportador que resulta “contradictorio” que se busque promover la sostenibilidad ambiental proponiendo gravar los combustibles fósiles, así como los vehículos de carga y al mismo tiempo se proponga eliminar las exenciones que hay para el biodiésel, la imposición de impuestos a los vehículos eléctricos y a todas las bicicletas.
En lo que tiene que ver con los vehículos, uno de los artículos contradictorios tiene que ver con los vehículos eléctricos e híbridos. El año pasado el presidente Iván Duque anunció su muy publicitada Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y Sostenible. En su lanzamiento, e incluso a través de la Ley 1964 de 2019, anunció acciones necesarias e incentivos para “acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica”, y puso como meta la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos a 2030.
Hoy están libres del impuesto al valor agregado (IVA) y del consumo, mientras que los híbridos pagan un 5 por ciento de IVA y el 8 o 16 por ciento del impuesto al consumo. Con la reforma, estos vehículos pagarían IVA del 19 por ciento como el resto de automóviles y se derogaría la medida que permite importarlos con cero arancel. Con esta decisión, se incrementa el precio de un vehículo ‘verde’ cerca de un 30 por ciento, lo cual alejaría a los compradores y pondría al país más lejos de las ambiciosas metas que planteó el presidente Duque.
La reforma crea el nuevo impuesto nacional de vehículos al que se le agregaría un componente de cuidado medioambiental. También aumenta la sobretasa a los combustibles. Este impuesto se aplicaría a todo tipo de vehículos, con excepción de las bicicletas, maquinaria agrícola y maquinaria pesada.
Las tarifas se aplicarían según el avalúo comercial de acuerdo con los siguientes rangos de precios: de $ 0 a $ 49,4 millones, 1,5 por ciento; de $ 49,4 millones a $ 111,3 millones: 2,5 por ciento; de $ 11,3 millones en adelante, 3,5 por ciento. Las motocicletas con motores de menos de 125 cm no pagarían impuesto.
En la historia de la tributación, por primera vez los vehículos de servicio público de transporte de carga y pasajeros pagarían este impuesto, con una tasa del 0,5 por ciento. Y los eléctricos e híbridos, el 1 por ciento.
También se suma otro componente al impuesto y es el factor de contaminación, llamado impuesto al carbono a una tasa de 1,5 unidades de valor tributario (UVT), que cambia cada año. Para este el valor de una UVT es de $ 36.308, es decir que el ‘aporte’ sería de unos 54.000 pesos. Esto se pagaría según los valores oficiales de las tablas que expidan los ministerios de Transporte y Ambiente y sería a partir del 1 de enero de 2022.
Golpe inoportuno
El transporte de carga es transversal a todos los sectores económicos y de ser aprobados estos puntos se generarían sobrecostos que impactarían significativamente los precios de todos los productos a los colombianos, poniendo en riesgo el cumplimiento de la meta de inflación del Banco de la República y la reactivación económica.
Agrega Colfecar que, este proyecto de reforma tributaria es un golpe inoportuno en este momento debido a la situación que atraviesa la economía nacional cuando según la Asociación el movimiento de carga registra un incipiente crecimiento. Jalonando significativamente el alza en el valor de los fletes y por ende los costos logísticos de los generadores de carga, se reflejará finalmente en el bolsillo del consumidor final.
Para la Federación Colombiana de Transportadores de Carga los incrementos constituyen un obstáculo para la renovación del parque automotor nacional, cuya edad promedio es de 21 años, y desincentivan la migración de los transportadores a tecnologías más limpias.
Peajes interiores
Además, el gremio considera inconveniente la autorización a los alcaldes para instalar peajes urbanos sin autorización del Ministerio de Transporte, puesto que esto daría lugar a la colocación indiscriminada de casetas, y es importante resaltar que este rubro en la actualidad tiene un peso aproximado del 12 % en los costos operativos de los transportadores.
Para el gremio transportador la solución al problema de la infraestructura en el país es la generación de una política nacional de peajes que integre los planes del gobierno nacional, los departamentos y las alcaldías a través de una ley estatutaria que modifique la Ley 105 de 1993.
A los transportadores tampoco les parece pertinente que los servicios postales y de mensajería estén gravados con un IVA del 19 % porque durante la pandemia se les calificó como servicios públicos esenciales y porque al obligar a los colombianos a cumplir cuarentenas estrictas y toques de queda, medidas que les impide salir y adquirir los bienes en el comercio tradicional, encuentran como única alternativa para satisfacer sus necesidades, acudir al comercio electrónico.
El gremio considera que el Gobierno debería replantear su estrategia para obtener los $26 billones que busca a través de este proyecto, son conscientes que son necesarios para poder atender el impacto que ha dejado sobre las finanzas estatales esta pandemia, pero acudiendo a otras opciones como la reducción drástica del gasto público, implementando operativos más efectivos contra la evasión y la elusión aplicando sanciones ejemplarizantes así como un ataque frontal a la corrupción, de tal forma que permita optimizar el presupuesto de la nación, entre otras medidas.
Finalmente, la Asamblea Nacional del Transporte, que reúne a conductores de carga pesada y liviana y a propietarios de vehículos pequeños de transporte público urbano y departamental, taxis y escolar analizó el texto de la reforma y el consenso general de la asamblea es que se archive, es inviable. En todas las modalidades de transporte han despedido casi al 50 por ciento de conductores, y el transporte escolar está parado hace un año.
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