Hemos sido reiterativos de este medio de comunicación, que mientras persistas las condiciones de pauperización que se está presentando en las familias colombianas, lo cual está obligando para que algunos de sus integrantes al no tener oportunidades laborales, se dedique a buscar oportunidades en escenarios ilegales, buscando una salida para mejorar temporalmente su calidad de vida y la de sus allegados, mediante la práctica insana de actos delincuenciales en el territorio nacional. Desafortunadamente el accionar gubernamental ha sido incoherente en la aplicación de los instrumentos de la política macroeconómica del país, que está desencadenando un proceso de empobrecimiento progresivo. Con hambre no se logra la paz. Resultado de lo expresado anteriormente, es que a pesar de las buenas intenciones del presidente Gustavo Petro Urrego para buscar la paz total, no ha encontrado el camino expedito para lograrla.
De nada ha servido la suspensión unilateral del cese del fuego por parte del gobierno nacional. Todas las organizaciones narcoterroristas que operan en el país han cumplido. Por el contrario, se ha recrudecido la violencia, masacres, hurtos, asesinatos selectivos, ampliación de los cultivos de coca y marihuana, extorsiones, reclutamiento de menores, en fin, todo el accionar delincuencial, está amenazando seriamente las instituciones democráticas de Colombia. Las familias colombianas, se sienten inermes y permanentemente amenazadas por estas organizaciones insurgentes. La suspensión del cese de fuego con las disidencias de las Farc, por la masacre de cuatro jóvenes indígenas en el Putumayo, es uno más de los actos atroces que siguen cometiendo éstas. Y solo lo hace en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Recuerden que se busca negociar con estos grupos criminales. No son angelitos de la guarda.
Por el contrario. Se ha desbordado una criminalidad como nunca se ha visto, en solo diez meses que lleva su mandato. Hemos retrocedido más de dos décadas. El panorama es muy inquietante. Los asesinatos de líderes sociales continúan; van durante el presente año, según Indepaz, 60. Se siguen presentando masacres, en algunas regiones del país. En los primeros cuatros meses del presente año, van 34. La lucha contra los cultivos ilícitos está en un largo paréntesis que ha ayudado a que la cifra de hectáreas cultivadas siga registrando máximos históricos.
El Gobierno tiene por delante el reto de que la búsqueda de la paz total no se haga a costillas de la tranquilidad de la gente y de un paradójico robustecimiento de los grupos armados. Para ello no puede haber camino diferente que el de contar con una única partitura que armonice los esfuerzos de todo el Estado y esté escrita en clave de fortalecimiento de las instituciones legítimamente constituidas. En eso es indispensable cohesionar la estrategia. A nadie, excepto a los criminales, le conviene un debilitamiento de la capacidad estatal de proteger a los colombianos.
