Diario del Huila

La agenda del último año en el Congreso

Jul 21, 2021

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DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS

Por: Rolando Monje Gómez

Dos de las apuestas del gobierno serán las reformas a la Policía y la Tributaria, siendo éste el primer tema a abordar por el legislativo, cuyo objetivo es recaudar $15,2 billones para extender el traslado de dineros a los programas de Ingreso Solidario y matrícula cero, entre otros.

El Congreso comenzó ayer su cuarto y último período legislativo, en donde, como ya es costumbre, se imponen los intereses de sus miembros por encima de los proyectos y los debates de control político y en esta ocasión no ha sido la excepción.

Para este último periodo los partidos, el gobierno y el Comité del paro han anunciado decenas de apuestas, muchas de ellas encaminadas a enfrentar la crisis económica del país y el inconformismo de los colombianos, que ayer reanudaron sus protestas.

Partidos de gobierno

Desde el Centro Democrático, el principal bastión de la bancada de gobierno, son varias las apuestas. Quizás una de las más controversiales es la del senador

Santiago Valencia, radicará una iniciativa para prohibir la maternidad subrogada con fines de lucro o vientre en alquiler. Solo sería legal si se hace con fines altruistas y solo para parejas colombianas.

La senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal presentarán un proyecto para derogar la Ley de Garantías.

El senador John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) buscará incrementar las penas contra quienes se dediquen a instrumentalizar niños para la violencia.

El Partido Conservador, insistirá en una iniciativa estatutaria para reglamentar la protesta social. Se les prohibiría a los servidores públicos intervenir en marchas.

Los independientes

Cambio Radical y Partido Liberal, centrarán su agenda en dos temas básicos: el debate político por el año electoral y la reforma tributaria. Además de la reforma tributaria, el énfasis de los de Cambio estaría en la reforma a la Policía y la ley antidisturbios.

Los liberales piensan radicar un proyecto de acto legislativo para restringir la cantidad de períodos a los que pueden aspirar. La intención es limitar a tres períodos la cantidad de veces que pueden estar en el legislativo.

Otro de los proyectos busca limitar a no más de 25 salarios mínimos el salario de los funcionarios públicos y congelarlos por al menos cinco años.

La agenda del partido rojo volverá a buscar la prohibición de la fumigación con glifosato y del “fracking”, proyectos que no tuvieron acogida en la anterior legislatura.

La oposición

Buscará sacar adelante proyectos para la recuperación económica, el tejido social y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Iván Marulanda, tramitará el proyecto de renta básica para las familias más pobres, la matrícula cero a estratos 1, 2 y 3 en educación superior (pregrados y posgrados) de instituciones públicas, un proyecto construido con otros congresistas y la regulación de la hoja de coca y sus derivados.

Del Polo Democrático, Iván Cepeda y Alexánder López, radicarán un paquete de tres proyectos para reformar la Policía, intentarán desmontar el Esmad, pasar la Policía del Ministerio de Defensa al del Interior, sacar a los uniformados del fuero penal militar y modificar el sistema de ascensos de la fuerza pública.

Reducción de privilegios del Estado y de los funcionarios públicos, reforma al sector de la seguridad, oportunidades laborales y educativas para los jóvenes, construcción de paz y desarrollo sostenible, serán otras iniciativas de diversos partidos tanto de la oposición como de gobierno e independientes.

El senador Armando Benedetti insistirá en la creación de un sistema nacional que provea a los colombianos con alimentos correspondientes a sus tradiciones culturales.

La propuesta del Gobierno

El paquete de iniciativas del gobierno busca traducir el descontento social. El primero es la nueva reforma tributaria, llamada Ley de Inversión Social, menos pretenciosa que la anterior busca recaudar $15 billones. Apunta a prolongar programas sociales como el Ingreso Solidario y la matrícula cero, además de aliviar el déficit fiscal.

El Gobierno también debe de presentar el Presupuesto Anual de la Nación, que se estima supere los $309 billones para 2022. Esto significará, por ejemplo, una reducción del 1 % a lo que se aspiró para este año ($313 billones).

La actualización del Estatuto Disciplinario, con el cual se creará el expediente electrónico de los procesos disciplinarios; se facilitará la radicación de quejas y se dejará un marco más claro para las causales de suspensión provisional.

Por último, está la anunciada Ley Antivandalismo, que buscaría crear un marco de acción para las autoridades en casos en los que se afecten los derechos colectivos.

El Comité del Paro

El Comité Nacional del Paro anunció días atrás que llevaría al Congreso diez proyectos de ley sobre asuntos que están en el pliego de emergencia que no llegó a ser negociado con el Gobierno Nacional.

El primer proyecto es sobre la intervención del Estado en materia de salud. El segundo es la gratuidad de la educación, con el cual espera que los estudiantes de las universidades públicas puedan acceder a la educación 100 por ciento gratuita, con cargo al presupuesto nacional.

La renta básica, el tercero, con el que pretenden lograr el beneficio para diez millones de personas por siete meses con un salario mínimo.

Cuarto, el apoyo a la nómina de las pequeñas y medianas empresas. Otro se enfocará en la producción nacional del sector agrícola y el sexto se basa en la construcción de una política de juventud.

Un proyecto de ley de garantías para ejercer el derecho a la protesta social. La octava iniciativa es una reforma de la Policía, donde se propone que ésta debe pasar del Ministerio de Defensa al Interior, asunto que fue recomendado por la CIDH.

Otro es un proyecto de acción contra las violencias basadas en el género. Y el último proyecto es la derogatoria de los actuales pisos de protección social. Que se derogue el decreto 1174, que fue el acto administrativo que reglamentó el piso de protección social, aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, visto por los sindicatos como una reforma laboral y pensional “por la puerta de atrás”.

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