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Procuraduría abrió investigación al exgobernador del Huila

Abr 4, 2022

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DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

Por: Johan Eduardo Rojas López

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar contra el exgobernador del Huila, Carlos Julio González Villa (2016-2019) y su secretario de Vías e Infraestructura, Henry Liscano Parra, por posibles irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías.

La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación contra el exgobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, por posibles irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías.

La decisión también cobija a Henry Liscano Parra, quien se desempeñaba como su  secretario de Vías e Infraestructura y supervisor para la época de los hechos, y Ronald Alexis González Martínez, en su condición de interventor.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, esclarecer los motivos determinantes y sus circunstancias, así como la posible responsabilidad de los investigados.

Los hechos están que investiga de Procuraduría, están relacionados con el posible incumplimiento de acciones, respecto de la inversión de los recursos del Sistema General de Regalías y ejecución del proyecto ‘Construcción de obras de adecuación hidráulica y recuperación de las orillas de río Frío en el municipio de Campoalegre y Quebrada La Mosca en el municipio de Algeciras’.

Declaración

Henry Liscano Parra, secretario de Vías e Infraestructura en el gobierno de Carlos Julio González Villa, en diálogo con Diario del Huila, se refirió a los presuntos hechos investigados.

 “Consecuencia de una ola invernal que hubo en ese periodo de tiempo, hubo una avalancha en el municipio de Campoalegre, que afortunadamente no dejó pérdidas humanas, pero sí hubo muchos daños económicos tanto en el sector agropecuario, como comercial. Pero, además, también en el municipio de Algeciras sucedió lo mismo quedando toda esta zona muy afectada por estas avalanchas que sucedieron en ese momento y que fueron atípicas, como únicas e históricas.”

“A raíz de eso, el doctor Carlos Julio González Villa, gestionó unos recursos para poder mitigar y prevenir futuras emergencias similares. Se presentó el proyecto ante regalías, la OCAD, quienes aprobaron los recursos, después previamente mediante una licitación se seleccionó el contratista, se dio acta de inicio al contrato y se empezó a ejecutar dichas obras, tales como: canalización del Río Frío, también una gran parte para dragados de ambas fuentes hídricas, unas obras civiles importantes para mitigar y prevenir dichos eventos que genera la naturaleza.”, añadió Liscano Parra.

Según indicó el exsecretario, al momento de salir el entonces gobernador González Villa en el año 2019, el proyecto estaba en ejecución con un avance de más del 50%. Asimismo, afirmó que, “todas estas obras fueron autorizadas a través de permisos de la CAM, revisadas, auditadas, porque obviamente estábamos interviniendo cauces de fuentes hídricas. Con todo esto, los proyectos se ejecutaron, están funcionando, tanto así que ante estos problemas de altas precipitaciones que se vienen registrando durante los últimos años no ha habido ningún problema y gracias a estas obras se ha mitigado problemas graves como los que ocurrieron en ese entonces. Por eso, en este momento las obras ya fueron terminadas y recibidas por la secretaría de vías e infraestructura.”

Adicionalmente, indicó que las obras se gestionaron en ese periodo de tiempo, la gran mayoría se llevaron a cabo durante ese gobierno y otras pasaron en su ejecución a la administración actual. “También la pandemia afectó la demora de algunas, pero se han venido desarrollando normalmente. El Departamento Nacional de Planeación, siempre hace seguimiento y auditoría para que los proyectos se ejecuten conforme se proyectaron, entonces en ese momento tuvimos muchas recomendaciones que nosotros atendimos oportunamente.”, dijo.

Finalmente, esta obra tenía una destinación cercana a los 10.600 millones de pesos, y los investigados podrán solicitar al ente de control ser escuchados en versión libre si así lo desean.

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