DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral en Colombia y modifica el código sustantivo de trabajo que establece la reducción de manera progresiva de las horas semanales laborales de 48 a 42 para que sean distribuidas entre 5 y 6 días de trabajo.
La reducción se hará progresivamente y para llegar a las 42 horas se tomará varios años. Con estas cuentas, si el proyecto recibe el visto bueno del Ejecutivo, en 2027 ya se habrá llegado al límite propuesto por el proyecto, es decir, del 2023 al 2025, una hora por cada año y en el 2026 se reducen dos horas, para llegar a las 42 laborales a la semana.
El proyecto inicial daba cuenta de que desde 2022 se diera la reducción en la jornada laboral, pero se aceptó el cambio entendiendo que el empresariado necesita de tiempo para acomodarse a las modificaciones aprobadas.
El proyecto de ley aprobado en último debate por la Cámara de Representantes, con 117 votos a favor y 8 en contra, buscaba originalmente que la jornada laboral en Colombia se redujera a 40 horas semanales. Actualmente el máximo es 48 horas semanales (ocho horas por seis días).
Esta baja en las horas no implica una baja en los salarios de los trabajadores. Pero hay aquí un escollo nada despreciable: ninguna de las partes, Gobierno y empresarios, ven con buenos ojos la iniciativa aprobada, que fue impulsada por el exsenador Álvaro Uribe, quien en su momento manifestó que la idea del proyecto es fomentar la productividad, aumentar la contratación y reducir la informalidad laboral en Colombia.
De esta manera, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo entre empleador y trabajador, en cinco o seis días a la semana.
El proyecto obliga a que no se reduzcan los salarios por el recorte de la jornada laboral en Colombia y que se mantengan los derechos adquiridos por los trabajadores, aunque varios congresistas hablaron del riesgo que suponía el proyecto para la reducción de salarios de los trabajadores colombianos.
Voces a favor y en contra
Varias han sido las voces que han salido a defender y atacar el plan que, de momento, supone cambios sustanciales al régimen laboral que está en el marco de la Ley 100 de 1993.
Para la Andi, Asociación Nacional de Empresario de Colombia, el proyecto es inconveniente porque va a producir un alto número de desempleo y engrosará la informalidad en el país. Las cifras que el gremio ha estimado, es que se perderían cerca de 500.000 puestos de trabajo, 500.000 familias que no tendrán oportunidad de producir ingresos.
Para la Asociación de Empresarios las cuentas no cuadran con la reducción de la jornada, pues bajar el límite de horas por empleado no reduce, pero sí, el tiempo que se toman los procesos productivos en una empresa. Las horas que ya no trabajará un empleado las tendrá que asumir otro, por lo que ese costo extra equivale a casi $27 billones anuales, si se tiene en cuenta que más de seis millones de trabajadores laboran más de 42 horas semanales en Colombia.
Según cálculos de la Andi, el plan dejaría un costo anual cercano a los $26,9 billones. Lo anterior teniendo en cuenta que, para cubrir la carga de las horas no trabajadas en la semana, se tendrían que destinar $85.309 por cada uno de los 6,2 millones de empleados que en el país trabajan más de 40 horas a la semana.
De esta manera, se estaría encareciendo la creación de trabajo, lo que va en contravía con la urgencia de crear más empleos formales, ante el incremento de la tasa de desempleo de los últimos meses.
Este faltante de horas podría estimular el empleo informal y formas poco ortodoxas de contratación para cubrir el tiempo, pero haciéndole el quite a los costos que supondría contratar a alguien más, con la idea de llenar el tiempo que reduce el proyecto.
Los comerciantes creen que es una mala idea. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) también se había opuesto al proyecto y pidió revisar la propuesta y darle una espera a la iniciativa, al menos hasta que hubiera una mayor recuperación económica del sector privado colombiano. Es irresponsable y va en contravía de la reactivación que necesita el país.
De acuerdo al gremio de comerciantes “es indispensable considerar que el comercio, turismo y servicios son sectores que trabajan de manera intensa los fines de semana y en horarios que van más allá de la jornada normal, por lo que siempre deben incurrir en costos por horas extras, dominicales y festivos”.
Por su parte para Acopi, esta iniciativa no es coherente con la situación actual del país y el empresariado. En otros países ya se ha demostrado que la reducción de la jornada laboral no ha generado el empleo que se esperaba y por el contrario ha aportado un mayor peso a la estructura de costos de las empresas.
Analistas consideran que el resultado de esa reducción puede ser exitosa, siempre y cuando se tengan en cuenta algunos ajustes, el más importante: garantizar los niveles en los salarios de los trabajadores, por lo que se debería entonces reducir el costo de la seguridad social para los empleadores.
Es indispensable incorporar los parafiscales, legislación de horas extras, beneficios tributarios a quien genere empleo, y muchos otros factores. Las pensiones, salud y cajas de compensación deben pasar al Estado y se debe autorizar el trabajo por horas, que es lo que falta para incorporar a millones de trabajadores que perdieron el empleo en esta pandemia. El trabajo por horas está en el Código del Trabajo. Falta es el pago de la seguridad social que se debe autorizar.
Los proponentes del proyecto, congresistas del Centro Democrático, señalaron que el cambio en la jornada laboral deberá ir acompañado de otra serie de iniciativas que hagan más sólida la propuesta. Se complementa con impuestos de la Ley de Crecimiento económico: renta del 40 % al 30 %, el desmonte total de la renta presuntiva, entre otros beneficios.
El Gobierno manifestó que no apoyaba la iniciativa, toda vez que generaría efectos negativos en la tasa de desempleo.
Las cifras
La productividad laboral, medida como el PIB por trabajador, según datos del Departamento Nacional de Planeación, creció a una tasa anual de 1,8 % entre 2002 y 2017. Además, para 2018 tuvo uno de los aumentos más altos de los últimos años: 1,67 %.
Por ramas de actividad, la productividad ha sido tradicionalmente más alta en explotación de minas y canteras (8,63) y suministro de electricidad, gas y agua (7,33), con corte a 2017; muy diferente a la que tuvieron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,4) y comercio, reparación, restaurantes y hoteles (0,5). Las cifras son bajas respecto a las principales economías del mundo, incluso frente a otros países emergentes.
Justificación de la iniciativa
Dentro de las justificaciones presentadas para el estudio del proyecto, se tiene que de acuerdo con la ley vigente, la duración máxima de la jornada laboral en Colombia es de 48 horas a la semana, distribuidas en ocho horas diarias, seis días a la semana.
Colombia tiene una de las jornadas laborales más largas de Suramérica. En Canadá y Estados Unidos ya tienen un límite de 40 horas semanales, mientras que el promedio de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es de apenas 36,8 horas semanales. Colombia ha estado casi 12 horas por encima de este margen.
En Colombia legalmente se deben trabajar 48 horas semanales (8 diarias), en comparación a las 37,5 horas promedio que se laboran en Europa. En promedio un trabajador colombiano trabaja cerca de 2.496 horas, mientras que, en los países miembros de la Ocde, como Alemania, Holanda, Noruega, Dinamarca y Francia los promedios de horas laboradas son 1.371, 1.419, 1.424, 1.457 y 1.473 horas anuales, respectivamente.
Cerca del 30 % de los trabajadores trabaja más de 48 horas semanales, cuando la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es de 40 horas a la semana. Un estudio elaborado por la Ocde en 2016 concluyó que el nivel de productividad cae si las personas trabajan más de 48 horas a la semana.
En América del Norte se trabajan en promedio 40 horas a la semana, en América del Sur 45.9, en Centroamérica 47, en Europa 37.5 y en los Países Asiáticos 58.1
Las tendencias sobre talento humano apuntan a que las personas son más productivas en la medida en que estén más motivadas. Eso quiere decir más tiempo en familia, para la educación, para el descanso, para relajarse, menos estrés laboral, pero también mayor productividad. Todo eso sin que al trabajador se le pueda reducir el salario.
Este proyecto de ley no tuvo una posición de bancada definida por parte de los partidos políticos, sino que cada congresista decidió de manera independiente. Hay que recordar, que el proyecto no contaba con concepto favorable de parte del Ministerio de Hacienda de Colombia. El exviceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, había mencionado que éste podía aumentar la tasa de desempleo.
El Gobierno manifestó que no apoyaba la iniciativa, toda vez que generaría efectos negativos en la tasa de desempleo: “Esta Cartera se abstiene de emitir concepto favorable al Proyecto de Ley (…) No es prudente impulsar este tipo de iniciativas. En todo caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifiesta la disposición de colaborar con la actividad legislativa dentro de los parámetros constitucionales y legales de disciplina fiscal vigente”.
Los críticos del proyecto lo ven como una iniciativa populista que llega en tiempos electorales, pero que no provee herramientas de fondo y largo alcance para solucionar el tema de base: cómo incrementar la productividad de la economía colombiana en general.
Varios miembros de la oposición manifestaron que aunque el proyecto de ley es necesario no deja de ser populista y le recordaron al expresidente Uribe que durante su Gobierno fueron eliminadas las horas extras después de las seis de la tarde.
