DIARIO DEL HUILA, INFORME
Infobae
Las agresiones de agentes de la Policía contra la población civil no son nuevas como tampoco lo son las muertes a manos de agentes del Estado. De acuerdo con la organización Temblores ONG, entre 2017 y 2019, Medicina Legal reportó 289 casos de homicidio cometidos por miembros de la Policía Nacional, de los cuales seis casos se habrían registrado al interior de las estaciones de la institución.
La cifra no se queda allí, según un reciente reportaje del diario El Espectador, serían ocho los casos de homicidio que se han presentado al interior de las sedes de la Policía en todo el territorio nacional en los últimos cuatro años.
Estos casos suelen tener un difícil acceso a la justicia. De acuerdo al informe “Bolillo, Dios y Patria” de Temblores, solo dos investigaciones de 127 abiertas por la Fiscalía en los últimos cuatro años han resultado en condena y, de la mayoría, no se tiene información de su curso, lo que indica una impunidad del 99%.
Según cuatro casos recogidos por el diario El Espectador, todos presentan dificultad al acceso de las pruebas, pues aunque se cometieron en instituciones del Estado, no se encuentran los registros de las cámaras de seguridad al interior; así mismo, las versiones de los presuntos responsables coinciden en culpar a la víctima de supuestas auto agresiones y suicidios.
La Unidad Investigativa de ese periódico retomó la historia de Paula Alejandra Torre Cabrera, una joven de 28 años de edad que el 5 de diciembre de 2015 fue detenida por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá y trasladada a la Unidad Permanente de Justicia UPJ de la localidad de Puente Aranda.
Después de una media hora detenida los familiares de la víctima fueron informados de su fallecimiento, según la versión de la Policía, ella se suicidó con el cordón de la sudadera que tenía puesta. Sin embargo, los videos de seguridad desaparecieron, Medicina Legal no le practicó pruebas para determinar abuso sexual pese a que llegó sin los pantalones puestos, y la frialdad distal del cuerpo indica que murió varios minutos antes de llegar al hospital. El caso permanece en la Justicia Penal Militar por lesiones personales, y no por homicidio, desde el año 2019.
Otro hecho similar sucedió en la estación de Policía de Oporapa, en el departamento del Huila, donde, de acuerdo a El Espectador, Viviana Chaparro Chaparro fue detenida el 1 de septiembre de 2019 por una riña que se presentó mientras departía con amigos en un bar.
Las agresiones de agentes de la Policía contra la población civil no son nuevas como tampoco lo son las muertes a manos de agentes del Estado.
La mujer fue puesta en una celda individual para separarla de los hombres, y aunque gritaba para calmar a su hermano, de un momento a otro no volvió a hablar. Los uniformados indicaron que se suicidó con el cordón del zapato de otro detenido, aunque estaba sola y no tenía razones para quitarse la vida por una detención, pues era la madre de dos menores.
El 26 de julio de 2020 sucedió otro caso en Arboletes, Antioquia. Juan Luis Guzmán González discutió con unos vecinos y fue detenido por la Policía del municipio y trasladado a la Estación. Su hermana lo siguió y se devolvió a la casa para recoger la cédula. Cuando regresó le dijeron que él estaba calmado y que se fuera para la casa.
Al llegar, la madre de Juan Luis recibió una llamada del hospital Pedro Nel Cardona, en la que le indicaron que había fallecido. Los uniformados sostienen que se quitó la vida con bóxer, mientras que Medicina Legal determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. La hermana sostiene que los uniformados crearon una escena para evadir la responsabilidad en el hecho, en el cual no hay imputaciones hasta la fecha.
A estos casos se suman otros más, como el homicidio de Javier Ordóñez en el CAI Villa Luz el pasado 9 de septiembre de 2020 y que desató una manifestación en la que, presuntamente, agentes de la Policía dispararon a sangre fría contra la población y causaron la muerte de al menos 13 personas.
En el caso de Ordóñez también se llegó a manejar inicialmente la versión de unas supuestas auto agresiones, pero el dictamen de Medicina Legal indica que estaba inmovilizado, tenía equimosis en las muñecas, el cuerpo presentó lesiones incluso en los pies, un posible disparo en una pierna, le estallaron un riñón y más agresiones con objetos contundentes.
El caso, precisamente por la envergadura que desató, se encuentra en la justicia ordinaria y dos patrulleros han sido imputados, aunque habría más implicados en la muerte del abogado. Así mismo, se conoció en la última semana que Juan Camilo Lloreda, uno de los principales responsables, estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar el homicidio.
A estos casos podría sumarse la indagación que se sigue contra tres miembros de la Policía por la presunta omisión para atender un incendio en el CAI de la Policía de San Mateo, también en septiembre de 2020, en el que murieron 10 reclusos y más de 14 resultaron lesionados. Recientemente uno de ellos declaró que la Policía les dio gaseosa como respuesta a la situación.
