DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Este 26 de octubre, la CIDH lideró una audiencia en la que diferentes partes de la sociedad colombiana expusieron lo que ha pasado en el país tras las protestas sociales entre abril y junio de este año.
El pasado 7 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público el informe sobre lo que recopiló en su visita a Colombia entre el 8 y el 10 de junio en el marco del Paro Nacional. En el documento, el mecanismo hizo 41 recomendaciones al Estado colombiano para evitar futuras violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que participan en las protestas sociales.
Como parte del seguimiento que la CIDH le hace al país para evaluar si ha cumplido con la implementación de lo recomendado, este 26 de octubre se realizó una audiencia en la que las organizaciones civiles denunciaron que el Estado no ha acatado lo dicho por el organismo internacional.
Más de 20 organizaciones presentaron cifras sobre la situación del país tras la visita de la CIDH y pidieron la instalación de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que la Comisión le hizo al Estado.
Luis Carlos Montenegro, de la campaña ‘defender la libertad, asunto de todas’, aseguró que, “luego de la visita de la CIDH, más de cuatro misiones internacionales han dado cuenta de la gravedad y continuidad de las violaciones a los derechos humanos en entornos de protestas sociales y así es como entre el 28 de abril al 28 de septiembre, se han presentado cuando menos 7.394 violaciones a derechos humanos”.
De hecho, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia señaló que las recomendaciones que hizo la CIDH son valiosas para el país y mostró nuevamente la preocupación del exceso de la fuerza por parte de las autoridades en medio de las protestas.
“Nuestra oficina considera útil que la fuerza de seguridad y los órganos del Estado revisen los protocolos y procedimiento del uso de la fuerza y dispersión en el marco de las protestas y su efectivo cumplimiento para asegurar que no se repita el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza incluyendo el uso de armas no letales”, señaló la comisionada de la ONU, Juliette de Rivero.
Por su parte, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que trabaja en defensa de derechos humanos en el país, señaló que el mecanismo de seguimiento es prioritario y pidió visitas periódicas de esa comisión al país y que se impulsen reuniones con el Estado.
Por parte del Gobierno, el viceministro encargado de asuntos multilaterales, Carlos Morales, expresó su desacuerdo con el establecimiento del mecanismo de seguimiento.
“En el contexto de la protesta social, un mecanismo especial de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado para seguir profundizando una relación de cooperación para ahondar aún más en el trabajo que ya realiza el país en términos de prevención de violaciones de derechos humanos en estos contextos de reuniones o manifestaciones pacíficas”, sostuvo.
Además, dijo que el Estado colombiano sí está teniendo en cuenta las recomendaciones de la CIDH. “Prueba de ello son los ejercicios de diálogo adelantados desde el Ministerio del Interior con distintos actores de las manifestaciones, así como la promoción de espacios de escucha que han permitido llegar a numerosos acuerdos, como la protección de grupos en situación de vulnerabilidad”, señaló Morales.
Cabe resaltar que, entre las recomendaciones que hizo la CIDH está el promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones y protestas.
También le pidió al Estado crear una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia.
Representantes de la CIDH durante su visita, el pasado 7 de junio, a Bogotá.
