DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
La Defensoría del Pueblo ha enviado la alerta, pues 4.408 personas que conformaban un total de 1.358 familias tuvieron que salir de sus casas.
La violencia que se ha disparado este año en Colombia ya deja un número alto de víctimas. Según el último boletín de Movilidad Humana Forzada de la Defensoría del Pueblo, emitido este 15 de febrero, solo durante el primer mes del año en el país se presentaron 17 eventos de desplazamiento masivo. En estas situaciones 4.408 personas, que conformaban un total de 1.358 familias, tuvieron que salir de sus casas.
Se indicó que la principal causa de desplazamiento en el país es el accionar de los grupos ilegales. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, son las tres estructuras que estarían detrás de la mayoría de afectaciones a la ciudadanía.
“El más reciente Boletín de Movilidad Humana Forzada, de la Defensoría del Pueblo, da cuenta que en los 17 eventos de desplazamiento masivo resultaron afectadas 4.408 personas de 1.358 familias. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sobre todo entre el ELN y las disidencias de las Farc, fueron la principal causa”, informó la Defensoría.
Según lo investigado por el ente estatal, la mayoría de desplazados se registran en el corredor nororiental del país, justo los departamentos que limitan o tienen cercanía con Venezuela. Este es el caso de Arauca, Casanare, Vichada y Norte de Santander.
En este punto del país la violencia se ha disparado porque los grupos subversivos han intensificado sus combates con el fin de quedarse con el territorio. Esta zona, al ser fronteriza, es clave para poder sacar la droga del país, además, según fuentes de inteligencia, los criminales se están refugiando al otro lado de la frontera, en Venezuela.
En el caso de Arauca, donde se reporta la situación más crítica, en enero la Defensoría tomó 430 declaraciones individuales de desplazamiento, correspondientes a 1.210 personas distribuidas en 377 familias. Además de seis eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 146 familias (434 personas). Los afectados vivían en diferentes zonas rurales de los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame.
Además del área fronteriza con Venezuela, se destaca que en Chocó también se ha registrado un número alto de víctimas por desplazamiento. En en enero se reportaron cuatro desplazamientos masivos que afectan a 461 familias (1.177 personas) en la zona del Medio Atrato y Bajo San Juan.
“Es una crisis humanitaria de grandes proporciones que merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias, que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas directas o caer en la violencia que están generando los grupos armados ilegales; en nuestro acompañamiento permanente encontramos en estas comunidades, la gran mayoría de sectores vulnerables, hambre, abandono y miedo”, afirmó el defensor Camargo.
Se indicó que además de los desplazamientos, en enero se reportaron 11 eventos de confinamiento que afectaron a 1.573 familias de 11 comunidades. Solo en Dipurdú del Guasimo, en el Medio San Juan, hay 1.400 personas de 575 familias confinadas.
Las elevadas cifras de estos fenómenos humanitarios tienen en alerta a la Defensoría del Pueblo, más aún cuando el año pasado se presentaron 160 eventos de desplazamiento, 74 % más que los reportados en 2020. El ente estatal aseguró que está acompañando a los afectados y reiteró la solicitud a los grupos ilegales para que respeten los derechos de los civiles.
“Nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos estado realizando acompañamiento permanente a las comunidades y articulando las ayudas humanitarias que requieren en esta complicada situación, pero todos debemos hacer más, empezando por reiterar el mensaje a los grupos armados ilegales de mantener al margen de cualquier confrontación a la población civil, que es la principal causa de esta crisis, y dar estricto cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario”, concluyó Camargo.