DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Rolando Monje Gómez
Con miras al próximo proceso electoral, la Comisión realizó una serie de recomendaciones para evitar entre otros el fraude y los gastos excesivos en las campañas. También tuvo en cuenta la elección de las personas que estén al frente de los entes de control.
La corrupción es un fenómeno complejo que abarca una diversa gama de acciones, desde el soborno pequeño solicitado por un policía hasta los grandes escándalos de corrupción en las altas esferas del Estado. Por lo anterior, las estrategias para combatir la corrupción deben partir de un diagnóstico sólido que permita entender qué clase de actividades corruptas afectan más a un país, en qué áreas o sectores de la función pública y la economía se manifiestan, y cuáles son los factores que la propician.
Entre los factores que facilitan la corrupción en el país, se encuentran los vacíos institucionales, las brechas de cumplimiento de normas existentes y los controles excesivos, que se manifiestan en tres sectores: el sistema electoral, la operación estatal y el sistema de justicia, que hacen parte del informe de recomendaciones para combatir la corrupción publicado por Fedesarrollo junto a otras organizaciones como Transparencia por Colombia, Dejusticia y la Misión de Observación Electoral (MOE).
Fedesarrollo ha priorizado en los últimos años el análisis de políticas públicas en materia de transparencia y anticorrupción como una línea estratégica de la entidad. El documento busca ser una guía de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.
Las recomendaciones están divididas en su impacto y en la factibilidad de que se lleven a cabo en el corto, mediano y largo plazo.
Entre las prioridades a mediano plazo, están la autonomía del Consejo Nacional Electoral frente a los partidos políticos, el financiamiento mayoritariamente público de las campañas políticas, mayor autonomía del Fiscal, Procurador y Contralor modificando el proceso de nominación, fortaleciendo las inhabilidades y evitando sobreposición de periodos con la presidencia y el Congreso.
Así mismo, concentrar las funciones de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción, escindir las funciones de auditoría y sanción fiscal de la Contraloría, crear una jurisdicción fiscal y eliminar las contralorías territoriales, fortalecer la independencia política, transparencia, y mecanismos de sanción de los magistrados de las altas cortes, crear un esquema de transición de prestación de servicios a planta sin un aumento en el gasto fiscal.
También se habla del fortalecimiento del diseño y ejecución de la política de talento humano en el Estado y del servicio civil, utilizar esquemas no discrecionales y generales de asignación de subsidios en todos los niveles de gobierno y digitalizar los trámites de servicios del Estado y fortalecer la cultura de la legalidad con campañas pedagógicas para toda la sociedad y establecer programas y revisiones curriculares en el sector educativo.
Con una baja factibilidad, está la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) frente a los partidos políticos. Para los expertos, se debe modificar la elección de los consejeros del CNE y, además, “debe tener la capacidad administrativa y humana para formular y aplicar la regulación electoral e investigar las violaciones del código electoral”, como prioridad de corto plazo y de factibilidad media.
Sistema Electoral y Político
El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser autónomo frente a la clase política con consejeros elegidos de forma independiente entre candidatos idóneos para desempeñar sus funciones. El énfasis de la reforma debe estar en aumentar la autonomía y no en modificar las amplias funciones administrativas, tanto sancionatorias como reglamentarias, del CNE o modificar las funciones del Consejo de Estado.
El Consejo Nacional Electoral debe tener la capacidad administrativa y humana para formular y aplicar la regulación electoral e investigar efectiva y oportunamente las violaciones del código electoral y las normas de financiamiento de campañas; debe contar con una planta de carrera administrativa electoral y presupuesto independiente de la Registraduría, administrar el Fondo de Financiación de la Política, y fortalecer sus procesos y gestión a través de una reforma administrativa interna.
Garantizar que el CNE sea independiente de la Registraduría, a nivel presupuestal (con autonomía en la ordenación del gasto) y administrativamente (con una planta independiente) al ejecutar los planes previstos en el actual código electoral. Esta autonomía debe incluir la administración del Fondo de Financiación de la Política -con el que se financian las campañas políticas- y la implementación del Fondo Rotatorio del CNE.
Financiamiento de las campañas
La financiación de las campañas políticas debe ser mayoritariamente pública, libre de influencia indebida de contratistas privados, equitativa, con giros oportunos y claros a las campañas y partidos políticos, con financiación pública a los costos de transporte y publicidad, y con topes a los gastos de los partidos políticos paralelos a los gastos de campaña.
Incrementar el financiamiento público directo para elecciones locales y al Congreso desde el promedio actual del 30 por ciento a un promedio del 70 por ciento de los gastos de campaña, para homologar con el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los recursos estatales deben ser girados principalmente de forma anticipada. Mejorar los procesos relevantes para garantizar la entrega oportuna de los recursos de anticipos y reposición de votos, con una definición clara de fechas de entrega, montos, y condiciones de legalización y ejecutar lo previsto en el nuevo código electoral sobre transporte gratuito el día de las elecciones y aumentar el financiamiento público indirecto a las campañas a través de la publicidad en medios.
Transparencia de ingresos
La financiación de las campañas políticas debe ser transparente en las fuentes de ingresos y el uso de los recursos, con rendición pública de cuentas, registro oportuno de la información, y acceso pleno a ésta para las investigaciones electorales y el control ciudadano. Se debe divulgar proactivamente la información sobre ingresos y gastos en la plataforma Cuentas Claras y establecer sanciones claras por el incumplimiento.
Rediseñar la plataforma Cuentas Claras para mejorar su utilidad para el seguimiento y control de los ingresos y gastos de campaña y para el acceso ciudadano a información sobre los candidatos; se debe asegurar que la información esté disponible en datos abiertos y en tiempo real y garantizar la interoperabilidad del sistema con el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y los sistemas de información de la Dian, para que los usuarios cuenten con información más contextualizada sobre los financiadores de campañas.
Listas cerradas
Evaluar el tránsito gradual a un sistema obligatorio de listas cerradas en los cuerpos plurinominales como el Senado de la República. Esta transición debe empezar con la implementación en las siguientes elecciones de un sistema de listas combinadas para el Senado, donde los primeros cinco renglones sean “fijos” y después haya una lista con voto preferente. Lo mismo aplicaría para cualquier cuerpo con más de 21 miembros.
Lo anterior es necesario, para lograr una mayor consolidación de los partidos políticos y evitar la competencia interna excesiva que encarece los costos de campañas (que socava la identidad programática de los partidos, y aumenta el riesgo de captura por parte de financiadores privados), y para mejorar la capacidad de supervisar las campañas (por parte de la autoridad electoral, los organismos de control y la ciudadanía).
Implementar para las elecciones de 2026 un sistema de listas combinadas para el Senado donde los primeros 5 renglones sean “fijos” y después haya una lista con voto preferente para el remanente de los candidatos. Lo mismo aplicaría para cualquier cuerpo a nivel nacional o territorial con más de 21 miembros.
Homologar candidaturas
Fortalecer los controles de financiamiento a las candidaturas por firmas y acortar los tiempos para la recolección de firmas, para evitar que las candidaturas independientes sean una puerta alternativa para no acogerse a los controles y normas que aplican para las campañas de los partidos políticos.
Garantizar que los controles del financiamiento durante el periodo de recolección de firmas sean iguales a los que aplican para campañas electorales, a través de la reglamentación que debe hacer el CNE del artículo 67 del nuevo código electoral. Acortar los tiempos para la recolección de firmas y restringir la posibilidad de tener adhesiones de partidos a candidaturas independientes posterior a su inscripción.
Otro punto clave, que se repite en varias recomendaciones, es el llamado a la transparencia. Los expertos proponen acciones dedicadas a la digitalización de los procesos legislativos, para garantizar este aspecto, y abogan también por ofrecer información a los ciudadanos sobre cómo avanza la lucha contra la corrupción, con datos sistematizados, abiertos y comparables.
Las recomendaciones listadas son el resultado de las discusiones de la Comisión de Expertos Anticorrupción convocada por Fedesarrollo, que se reunió en cinco sesiones entre los meses de febrero y julio de 2021, y se construyen partiendo de recomendaciones realizadas por investigadores e instituciones como Transparencia por Colombia, la Misión de Observación Electoral, investigadores de la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia, Fedesarrollo, DeJusticia, entre otros.
También han sido discutidas en cerca de 50 entrevistas individuales a los comisionados, expertos temáticos, académicos, políticos, empresarios y periodistas. Se trata de un borrador de las recomendaciones para discusión y no es un listado final y definitivo.
El soborno, especialmente en la contratación estatal, es un acto que ya se ha vuelto ‘pan de cada día’.
